Represión en el Congreso
Crónica desde las vallas
por Mariane Pécora
El Congreso amaneció blindado. Las vallas, altas y frías, marcaban no solo un perímetro, sino un clima: un anticipo de la distancia entre lo que ocurría dentro del recinto y lo que se vivía en la calle. Adentro, el Senado se preparaba para debatir el proyecto de ley de modernización laboral. La iniciativa del oficialismo —elaborada a la medida de las exigencias del FMI— perjudica enormemente a las y los trabajadores y beneficia a los grandes empresarios, patronales y algunos popes del sindicalismo vernáculo. Afuera, desde temprano, miles de personas se congregaban en las inmediaciones del Congreso. Intentaban hacerse escuchar.
Desde temprano, una frase se repetía entre quienes se acercaban a la plaza: “Si el Congreso está vallado, nada bueno para las y los trabajadores está tratándose adentro”. Para las y los manifestantes, la aprobación de esta ley significa un retroceso en derechos laborales. Lo decían con megáfonos, con carteles improvisados, con la voz ronca de tantas jornadas: “Esta mal llamada reforma laboral es la destrucción de las leyes de protección del trabajo. Es la posibilidad de despidos sin indemnización. Es trabajar más y cobrar menos”. Cada consigna condensa años de luchas, de conquistas, de miedos y de memoria colectiva.

Por la tarde, cuando la plaza rebozaba de gente, media docena de infiltrados voltearon dos vallas, agredieron a las fuerzas de seguridad, arrojaron baldosas y tres bombas molotov. La escena duró apenas unos segundos, pero alcanzó para desatar un furibundo despliegue policial. Lo que hasta entonces era una manifestación multitudinaria se transformó en un caos de gases, corridas y balas de goma. Los manifestantes se dispersaron por las calles aledañas, donde luego comenzaría la cacería humana. Las motos policiales avanzaron a toda velocidad, barriendo el espacio público con gases y balas de goma. Persiguiendo y deteniendo gente al voleo; hiriendo a trabajadores de prensa. Una historia que se repite como un bucle interminable.
La violencia institucional se hizo palpable porque no existe otra forma de aprobar una ley en contra del pueblo si no es reprimiendo al pueblo. Lo que comenzó como una manifestación pacífica de repudio a la quita de derechos derivó en una salvaje actuación de las fuerzas de seguridad. Entre gases asfixiantes y balas de goma, la Posta de Salud y Cuidado y el CeProDH informaron que atendieron a más de 250 personas con heridas. Algunos con cortes en la cabeza, otros con moretones, otros con crisis nerviosas. La mezcla de humo, gritos y sirenas convirtió la ciudad en un paisaje de guerra.

Minutos antes de que comience la cacería humana, en una de las esquinas, el músico Ariel Pratt acompañaba a su madre de 87 años. Amalia únicamente falta un miércoles a la plaza cuando el clima o los nietos la retienen. “Lleva un año ronca por los gases tragados aquel día”, relata el cantautor y asegura que la constancia de su madre necesita del acompañamiento de otros.
Mientras las fuerzas de seguridad persiguen, cazan, disparan y se apoderan del espacio público, dentro del recinto continuaba el debate. La distancia entre ambas escenas —la institucional y la callejera— crece minuto a minuto, como si pertenecieran a mundos distintos que ni siquiera se rozan.
Cae la tarde. Las vallas siguen en pie. La plaza, que horas antes era un hervidero de cuerpos y consignas, queda sembrada de cartuchos de gases lacrimógenos, de balas de goma, de banderas e ilusiones destrozadas una vez más. El aire que se respira en la calle es tan asfixiante como estremecedor. La policía ha detenido o demorado alrededor de medio centenar de personas. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que muchas de ellas están golpeadas o heridas. El desasosiego envuelve como un manto al Congreso, que permanece iluminado, ajeno a todo, mientras en las calles todavía resuena el humo, la bronca y una sensación amarga que aprieta las gargantas.
