Seguridad premium, bolsillo low cost
El Presupuesto 2026 consolida una Ciudad hipercontrolada que invierte fortunas en seguridad, cámaras y policía mientras ajusta impuestos, tarifas y servicios sobre una economía exhausta, convirtiendo la tranquilidad en un lujo financiado por salarios flacos, consumo en retirada y ciudadanos cada vez más vigilados que representados.
por Melina Schweizer
Buenos Aires decidió que la seguridad no es solo una política pública, sino una forma de narrarse a sí misma, una estética del orden y una pedagogía silenciosa del control, y los tótems de seguridad que desde hace meses se multiplican en plazas, parques, esquinas estratégicas y zonas “sensibles” son su expresión más honesta: columnas tecnológicas, siempre encendidas, siempre disponibles, que prometen auxilio inmediato mientras recuerdan, sin palabras, que alguien está mirando incluso cuando nadie pidió ser mirado.
El Presupuesto 2026 del Gobierno de la Ciudad cristaliza esa elección con una claridad que ya no necesita demasiados eufemismos. Con un gasto total cercano a los 17,3 billones de pesos, la Ciudad destina alrededor del 15% del presupuesto a Seguridad, una de las partidas más altas y políticamente blindadas del esquema porteño, por encima de muchas áreas sociales que suelen mencionarse en los discursos, pero que rara vez disputan centralidad real cuando llega el momento de asignar recursos. No se trata de una cifra neutra ni meramente técnica: es una definición de prioridades, una jerarquía moral expresada en números.
Dentro de ese gasto, los tótems no son un detalle decorativo ni un gesto aislado de modernización urbana, sino un nodo clave de una arquitectura de vigilancia que se expande con lógica acumulativa. Cada tótem implica adquisición, instalación, conectividad permanente, cámaras, micrófonos, botones de pánico, mantenimiento, personal de monitoreo, software, almacenamiento de datos y contratos con proveedores privados que se renuevan año tras año, integrándose a un sistema que no se apaga nunca y que tampoco se discute demasiado. El presupuesto no suele desagregar con entusiasmo estos costos, pero los absorbe dentro de una partida que crece mientras otras discusiones —vivienda, salud mental comunitaria, prevención social de la violencia— quedan relegadas a menciones generales, difíciles de convertir en imagen, en video o en anuncio de gestión.
La narrativa oficial los presenta como dispositivos “amigables”, casi humanitarios, pensados para “cuidar a los vecinos” y “acercar el Estado”, pero esa neutralidad dura lo que tarda en activarse el protocolo, porque no todos los cuerpos son leídos igual por el ojo tecnológico ni todos los territorios experimentan la vigilancia como protección. Para algunos sectores sociales, el tótem es promesa de auxilio; para otros, es intensificación de la sospecha; para algunos barrios, tranquilidad; para otros, recordatorio constante de que el espacio público se volvió un lugar de observación permanente donde la presencia estatal se expresa más como control que como acompañamiento.
El problema no es la existencia de tecnología en sí misma, sino la idea de que la tecnología puede reemplazar la política, que el conflicto social se gestiona mejor con cámaras que con derechos, y que la seguridad puede pensarse de manera aislada del contexto económico que la produce. Porque mientras los tótems se multiplican, el Presupuesto 2026 avanza con aumentos en tarifas, transporte, servicios y prepagas, en una economía donde la inflación desacelera pero el desgaste cotidiano se acelera, y donde la vida real de los porteños está lejos de la calma que el dispositivo promete.
Reyes 2026 fue un termómetro difícil de ignorar. Según datos de la CAME, se vendieron apenas un 0,5% más de unidades que el año anterior, pero el ticket promedio cayó un 41,9% en términos reales, lo que confirma que no hubo recuperación, sino adaptación forzada: compras más baratas, regalos más chicos, menos efectivo y más tarjeta de crédito como último recurso. El gasto promedio bajó de $48.081 en 2025 a $36.656, mientras rubros tradicionales como indumentaria y calzado registraron caídas, y otros crecieron solo en volumen, no en valor. Se compró, sí, pero con miedo, con cálculo y con la sensación de que cualquier gasto extra podía desordenar un presupuesto doméstico ya al límite.
En ese contexto, el Estado porteño sostiene el equilibrio fiscal con una constancia admirable y una sensibilidad selectiva. La seguridad no ajusta, no se ralentiza y no se posterga; crece, se moderniza y se exhibe. La tranquilidad urbana se presenta como prioridad absoluta, incluso cuando esa tranquilidad se financia con aumentos mensuales en servicios básicos, con subas en el transporte, con prepagas que no dejan de escalar y con salarios que siguen perdiendo contra la inflación. El orden tiene costo, pero ese costo no se discute como decisión política, sino que se naturaliza como inevitabilidad técnica.
Los tótems, en ese sentido, funcionan también como una metáfora perfecta del modelo de ciudad que se consolida: visibles, pulcros, tecnológicos, siempre listos para intervenir, pero incapaces de responder a la pregunta de fondo sobre por qué el conflicto reaparece una y otra vez en los mismos lugares. Miran, registran y alertan, pero no escuchan, no redistribuyen y no reparan. Son la cara amable de un Estado que observa mucho y explica poco, que invierte fuerte en control y espera que la calma llegue por saturación, no por justicia social.
La paradoja es profundamente porteña. Se paga más para sentirse tranquilo en una ciudad donde la ansiedad económica crece, donde las vacaciones todavía no terminaron, los chicos no volvieron a clases y el ingreso familiar ya está comprometido antes de que empiece marzo. Se invierte en vigilancia mientras se reduce el esquema de subsidios, se ajustan tarifas y se traslada el costo de todo —energía, transporte, salud— al mismo bolsillo que consume menos, se endeuda más y se acostumbra a ajustar sin hacer demasiado ruido.
Porque el orden, cuando no se discute, se impone. Y cuando se impone, necesita ser vigilado. Los tótems no solo prometen seguridad: disciplinan la mirada, organizan el espacio público y producen una pedagogía silenciosa del comportamiento aceptable. No gritan, no reprimen directamente, no generan conflicto visible; simplemente están ahí, encendidos, recordando que la Ciudad observa, que el margen es estrecho y que la calma se sostiene mejor cuando nadie pregunta demasiado.
El riesgo de este modelo no es abstracto ni futurista. Una ciudad que invierte cada vez más en vigilancia y menos en abordar las causas estructurales del conflicto termina confundiendo seguridad con quietud, prevención con disuasión y gobernabilidad con ausencia de ruido. Termina naturalizando que la tranquilidad sea un servicio premium, financiado por quienes pueden pagarlo y tolerado por quienes no tienen alternativa, mientras el presupuesto se aprueba, el Excel sonríe y el tótem parpadea como una luz de standby permanente.
La ironía final, casi pedagógica, es que cuanto más se invierte en estos dispositivos, menos se discute el modelo que los vuelve necesarios. Porque si todo está vigilado, si todo está monitoreado, si el gasto en seguridad crece año tras año y aun así el miedo persiste, la pregunta incómoda queda fuera de plano: ¿Qué tipo de orden necesita ser observado todo el tiempo para sostenerse?
Tal vez porque no es tan consensuado como se dice. Tal vez porque la calma no es tan natural como se vende. O tal vez porque, como suele ocurrir en Buenos Aires, se prefirió invertir en mirar antes que en escuchar, en controlar antes que en redistribuir y en administrar la desigualdad con eficiencia antes que en transformarla. Y así, mientras el presupuesto se equilibra, la Ciudad se vigila y el tótem promete auxilio, el bolsillo sigue pagando, la política sigue tranquila y el orden, finalmente, funciona… para quienes pueden costearlo.