Sin vianda, sin beca y sin tijera: la salud pública se muere en la escuela
La motosierra de Milei no perdona ni a quienes estudian para salvar vidas. Sin mochilas técnicas, sin becas, sin comida, cientos de estudiantes de enfermería denuncian el vaciamiento planificado del sistema de salud. Mientras cierran salas y se fugan profesionales, ellas resisten en las aulas con lo puesto.
por Melina Schweizer
Buenos Aires arde. No por el otoño que se resiste a teñir los árboles, sino por las heridas abiertas que deja un ajuste tan voraz como planificado. En la Escuela de Enfermería Cecilia Grierson, el silencio institucional contrasta con el ruido de los pasillos, donde más de 400 estudiantes comparten una certeza: sin mochilas técnicas, sin becas, sin viandas, no hay futuro posible.
«Nos están desincentivando a estudiar, a formarnos como profesionales de la salud. Nos lo dicen sin palabras, pero con recortes cada vez más crueles«, denuncia Malena Valdez, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enfermería Cecilia Grierson, con una mezcla de rabia, dignidad y fatiga. «Tenemos que elegir entre comer o pagar el subte. Entre estudiar o abandonar. No tenemos tensiómetro, ni estetoscopio, ni gasas. Nos prestamos los materiales entre compañeros. Hacemos lo que podemos«. Estudia, trabaja, milita. Sobrevive.
La situación es insostenible. El recorte del 25% en becas, la suspensión de las mochilas técnicas del Plan PRONAFE y la eliminación de viandas escolares han provocado una verdadera crisis en la formación técnica de quienes sostienen, en silencio, el sistema de salud pública.
El Plan PRONAFE, ideado para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a una carrera que es pilar del sistema sanitario, está siendo desmantelado con una frialdad quirúrgica. Cada insumo que falta, cada beca que no llega, cada comida que no se sirve, es un golpe más al derecho a estudiar y al derecho a la salud. Porque, digámoslo claro: sin enfermeros ni enfermeras, no hay salud pública que sobreviva.
El ajuste, dicen, no es un error. Es una decisión política. Una orientación ideológica que, con la excusa de la eficiencia, desfinancia lo público, precariza lo esencial y reprime a quienes se organizan para resistir. «En la puerta de la Legislatura nos reprimieron por reclamar lo que es nuestro: condiciones dignas para estudiar«, denuncia Malena Valdez.
La narrativa del esfuerzo individual se impone como doctrina, pero choca con una realidad material cada vez más asfixiante. Las voces de los estudiantes revelan una verdad incómoda para los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei: la pobreza también se mide en tensiómetros, en gasas, en viandas calientes, en horas de sueño robadas por la necesidad de trabajar.
«Nos dicen que somos esenciales, pero no nos dan ni para comprar una tijera«, afirma Malena Valdez, quien estudia en Lugano, en una sede improvisada en el tercer piso de una escuela secundaria. «Es un vaciamiento planeado. Un ataque ideológico a la salud pública«, resume Valdez. «Quieren una enfermería para pocos. Y si es posible, privatizada”. No es casualidad. En el artículo 27 de la Ley Bases, el recorte al presupuesto de ciencia y tecnología deja a la formación técnica al borde del colapso. Y mientras tanto los hospitales públicos cierran salas, reducen turnos, suspenden operaciones. «No hay vacunas, no hay medicamentos, no hay leche para los niños. Pero hay gas pimienta para reprimir a los jubilados«, explica Valdez sin vacilar.
Las estudiantes no se rinden. Se organizan, se movilizan, construyen redes de solidaridad. Convocan asambleas con estudiantes de medicina, psicología y otras escuelas de enfermería. Buscan alianzas con trabajadoras de la salud que ya están en hospitales cobrando sueldos por debajo de la canasta de pobreza. Resisten con el cuerpo, con la palabra y con la convicción de que la salud es un derecho, no una mercancía.
«Nos formamos para cuidar, para estar al lado de quien más lo necesita. Pero necesitamos condiciones mínimas para poder hacerlo«, afirma Luciana Franco, enfermera del Hospital Fernández y secretaria general de la Asociación de Licenciadxs en Enfermería (ALE). «La salud pública está siendo desguazada. Y nosotras, las futuras enfermeras, somos el blanco directo del ajuste».
En diálogo con Periódico VAS, Luciana Franco fue más allá: «Las autoridades no responden, pero sí persiguen. Hay un abandono estructural del sistema de salud que viene de hace décadas, pero ahora se vuelve brutal. No quieren enfermeras organizadas, nos quieren aisladas, precarizadas, obedientes«.
El 13 de mayo las estudiantes se movilizaron al INET, el organismo nacional que, hasta hace poco, garantizaba las mochilas técnicas. Exigieron lo básico: que no se les niegue el derecho a estudiar. Que no se castigue su vocación con indiferencia.
Quienes las acompañaron lo hicieron desde el compromiso con la salud pública y la defensa de la educación estatal. Estuvieron presentes Vilma Ripoll, Cele Fierro, el sindicato de enfermería ALE, delegaciones de estudiantes de la UBA y del Hospital Ramos Mejía, organizaciones feministas, agrupaciones estudiantiles de izquierda y colectivos barriales que se solidarizaron con el reclamo. Porque cuando se ataca a la enfermería, se está atacando la estructura entera de la salud.
«Nos dicen que hay que ajustar, pero sólo ajustan sobre los que menos tienen. Los que estamos abajo sostenemos un sistema que se cae a pedazos«, se escucha una y otra vez. Y cada palabra, cada testimonio, se clava como aguja sin anestesia en el corazón de una ciudad que no sabe u olvida que, sin salud, no hay futuro.
Y entonces ellas marchan. Con delantales blancos y corazones incendiados. Con rabia, con miedo, con hambre. Con la firmeza de saber que no hay nada más revolucionario que exigir que el Estado garantice lo que debe. Salud. Educación. Dignidad.
Y ellas marchan, por ellas. Pero también por nosotros. Porque un país sin enfermeros y enfermeras no es un país. Es una trampa. Es una condena. Es el fin del cuidado.
Y eso no se negocia.