Subte gratuito para jubilados y jubiladas
En cuatro meses, la Legislatura porteña tuvo solo una sesión ordinaria. Tras la cancelación de la segunda, ayer jueves, el Frente de Izquierda y otros bloques realizaron una sesión especial enfocada en la gratuidad del subte para jubilados y jubiladas. «Siendo la ciudad de Buenos Aires la más rica del país, debe hacer más por este sector que percibe haberes de indigencia, en lugar de quitarles prestaciones y reprimirlos», argumentaron.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó en una sesión especial un proyecto que beneficia a las personas mayores que residen en la capital: el subte gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que perciban hasta 2,5 haberes mínimos jubilatorios. Esta norma representa un avance importante en materia de inclusión social y movilidad para un sector continuamente vulnerado por las autoridades nacionales.
La votación, que se llevó a cabo con un contundente respaldo de 44 votos a favor, ninguna oposición y seis abstenciones, refleja el consenso logrado entre diversos espacios políticos tras un arduo trabajo de análisis y negociación. La propuesta final surgió del acuerdo entre iniciativas presentadas por los bloques Frente de Izquierda, Confianza Pública, Unión por la Patria y el Consejo Económico y Social de la Ciudad, colaboración del Poder Ejecutivo y la bancada oficialista Vamos por Más.
El debate comenzó en horas de la mañana, con la habilitación de la votación gracias al cumplimiento del quórum necesario por parte de la Vicepresidencia primera de la Legislatura. La legisladora Berenice Iañez, autora de uno de los proyectos integrados en la ley, explicó que “actualmente los jubilados sólo acceden a la gratuidad si cobran la jubilación mínima”, mientras que el nuevo texto amplía el beneficio a quienes perciban hasta dos veces y media ese monto, ampliando así la cobertura social y económica. Además, destacó que la tarjeta de pase gratuito, que hoy se renueva anualmente, será válida por un período de cinco años, lo que simplifica y mejora la gestión para los beneficiarios.
Por su parte, la diputada Graciela Ocaña, autora de otro de los proyectos que se amalgamaron, ponderó que la sanción de esta ley marca “un día especial porque triunfó la política, los acuerdos y el consenso”. Para Ocaña, este acuerdo entre fuerzas políticas es clave para consolidar “políticas públicas mejores, duraderas y responsables fiscalmente”. Subrayó también que la gratuidad “no tendrá limitaciones horarias”, eliminando barreras y facilitando el acceso a los subterráneos en cualquier momento del día.
La ley establece que la gratuidad en el transporte subterráneo será un derecho garantizado para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos ingresos mensuales no superen los 2,5 haberes mínimos fijados por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) o su organismo sucesor.
Para acceder al beneficio, las personas deberán tramitar un pase gratuito, el cual podrá gestionarse en las estaciones cabecera de subterráneos y en todas las sedes comunales, en los horarios y días que determina la autoridad de aplicación. La ley prevé además que este trámite podrá realizarse de manera digital, y contempla la posibilidad de demanda espontánea para quienes tengan dificultad para obtener turno, facilitando el acceso especialmente a las personas mayores con limitaciones tecnológicas o de movilidad.
El pase gratuito será válido durante cinco años, será de uso personal e intransferible, y estará sujeto a controles mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o el carnet jubilatorio, con el objetivo de validar la identidad del beneficiario en cualquier momento.
Asimismo, la gratuidad se aplicará los siete días de la semana y en todos los horarios en que el servicio de subte funcione, eliminando cualquier tipo de restricción temporal que limitara el acceso de los adultos mayores.
Este avance legislativo aporta además un impacto social importante, pues fomenta la movilidad de los jubilados, generando un beneficio económico al reducir uno de los gastos habituales de su presupuesto mensual. También implica una mejora en la calidad de vida, al facilitar el acceso a distintos espacios de la ciudad para realizar trámites, actividades recreativas, culturales o visitas familiares, contribuyendo así a su inclusión plena en la vida urbana.
El consenso político y la responsabilidad fiscal expresados en esta ley son un ejemplo concreto de cómo diversas fuerzas pueden acordar para mejorar la realidad de un sector fundamental para la sociedad. En un contexto donde se busca equilibrar las cuentas públicas y extender derechos, esta medida se posiciona como un logro destacado de la Legislatura porteña para los adultos mayores que transitan su etapa de jubilación con mayores facilidades en su movilidad cotidiana.