Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle
El lunes 1º de septiembre, se presentó en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña el “Informe Ejecutivo” del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires. El documento consolida los datos recogidos entre el 26 y el 29 de junio de 2025 por más de treinta organizaciones sociales, sindicales, religiosas y de derechos humanos, y llega en un momento de creciente tensión pública y política por la magnitud del problema y las respuestas institucionales disponibles.
Este tercer relevamiento fue realizado por una red de organizaciones —entre las que figuran Proyecto 7, Red Puentes Nuestramérica, Lxs Irrompibles, Somos Barrios de Pie, CELS y La Patria es el Otro— con la participación de voluntarios y censistas que recorrieron barrios, nodos de tránsito y centros de atención para relevar la presencia, las condiciones de vida y las trayectorias de las personas en situación de calle. Se trató de un operativo territorial que, a diferencia de los registros oficiales, buscó captar la realidad material en la vía pública y en centros de alojamiento transitorio.
El dato más contundente del informe es el total estimado de personas en situación de calle: 11.892. De ese conjunto, 7.898 sobreviven directamente en la vía pública, y 3.994 lo hacen en los Centros de Integración Social (CIS) y otros dispositivos de atención. Estas cifras representan un aumento del 64% respecto del último censo popular realizado en 2019 y un crecimiento acumulado del 170% en los últimos ocho años.
El informe no ofrece un mero recuento numérico: aporta información sobre temporalidad, violencia sufrida, salud, actividad laboral y origen de las trayectorias que desembocan en la calle. Entre los principales hallazgos se destacan:
- Temporalidad: El 37,9% de las personas encuestadas lleva en situación de calle como máximo un año, lo que sugiere un flujo muy activo de ingresos recientes a la calle y la importancia de factores contemporáneos como la pérdida de empleo, desalojos y el encarecimiento de la vivienda.
- Violencia institucional: Un alarmante 80,7% denunció haber sufrido violencia institucional, principalmente por parte de la Policía de la Ciudad y del personal vinculado al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Estas denuncias incluyen desde retenciones, agresiones y hostigamiento hasta prácticas de desalojo y confiscación de pertenencias.
- Salud: El 64% reconoce un deterioro en su salud desde que vive en la calle. El informe advierte sobre la falta de seguimiento de enfermedades crónicas, el consumo problemático sin abordajes integrales y los efectos físicos del frío, la falta de higiene y la exposición al ambiente.
- Trabajo y subsistencia: Más del 66% realiza alguna actividad laboral para subsistir, principalmente changas, cartoneo y ventas ambulantes. Estas actividades, aunque generan ingresos, son inestables, mal remuneradas y muchas veces objeto de sanciones o operativos de desalojo por parte de autoridades municipales.
- Origen urbano: El 60% de las personas relevadas afirmaron haber vivido siempre en la Ciudad de Buenos Aires, lo que contradice narrativas que sitúan al “problema” como principalmente migratorio o proveniente de otras provincias.
Uno de los ejes del informe es la comparativa con los datos oficiales del Gobierno de la Ciudad, que reporta 4.522 personas en situación de calle. Esa diferencia sustancial —el censo popular estima más del doble de personas en la calle que el registro oficial— se interpreta en el informe como un indicador de brechas metodológicas, subregistro, y, sobre todo, de políticas públicas insuficientes.
El informe señala cómo los datos oficiales, en tanto insumo para la planificación y asignación de recursos, configuran respuestas que no alcanzan a la población real en situación de calle. A su vez, advierte que la falta de un sistema de información transparente y participativo perpetúa la invisibilización y la fragmentación de intervenciones.
A partir de estos hallazgos, las conclusiones del censo ponen énfasis en la necesidad de implementar un plan integral para abordar la situación de calle. Ese plan debería articular políticas de prevención con medidas de emergencia, e integrar vivienda, trabajo y salud en un enfoque intersectorial. Las recomendaciones incluyen, entre otras:
- Construcción de políticas preventivas para evitar que hogares y personas caigan en la calle (protección contra desalojos, asistencia ante pérdida de ingresos).
- Ampliación y reconfiguración de la oferta habitacional, con alternativas que no se limiten a albergues temporales, sino que fomenten accesos a vivienda social y programas de acompañamiento.
- Protocolos de atención en salud que consideren enfermedades crónicas, salud mental y problemáticas vinculadas al consumo, con dispositivos móviles y seguimiento territorial.
- Regulación y protección de las actividades informales como cartoneo y ventas ambulantes, reconociendo su carácter laboral y diseñando medidas de inclusión económica.
- Creación de un sistema de información público, transparente y participativo, que permita comparabilidad entre registros y la participación de organizaciones sociales en la generación y verificación de datos.
- Capacitación en derechos humanos para fuerzas de seguridad y personal de espacios públicos para erradicar prácticas de violencia institucional.
En este sentido, el informe subraya que ninguna de estas medidas puede ser efectiva si se implementa de forma aislada: la combinación simultánea de vivienda, ingreso, salud y garantía de derechos es lo que permitiría transiciones sostenibles fuera de la calle.
La presentación de este informe no se reduce a la difusión de cifras: constituye un acto político y ciudadano que pretende disputar la narrativa oficial sobre la magnitud y las causas de la situación de calle. Al funcionar como un contrapunto a las cifras del Gobierno, el censo popular intenta poner en la agenda pública la urgencia de un abordaje integral y basado en derechos.
Desde la óptica de las organizaciones que impulsaron el censo, las cifras obligan a repensar prioridades fiscales, a redireccionar recursos hacia políticas preventivas y de contención, y a replantear el rol de las fuerzas de seguridad en la gestión del espacio público. Para académicos y especialistas consultados en el marco del informe, el aumento sostenido registrado en los últimos años está ligado a factores estructurales: crisis en el mercado de trabajo, políticas de vivienda insuficientes, falta de redes de protección social y, más recientemente, el efecto de la inflación y el encarecimiento de servicios básicos.
Las conclusiones del informe exponen varios desafíos prácticos:
- La divergencia entre registros complica la planificación: sin consenso metodológico entre Estado y sociedad civil, la definición de metas y la evaluación de políticas se vuelven inciertas.
- La coexistencia de demandas urgentes (albergue, higiene, salud de emergencia) con la necesidad de soluciones de mediano y largo plazo (vivienda, trabajo formal) exige presupuestos y marcos de gestión que actualmente no están alineados.
- La violencia institucional denunciada por la mayoría de las personas encuestadas plantea la necesidad de reformular protocolos de actuación de la policía y de los servicios municipales, así como mecanismos de denuncia y reparación.
- La integración de las personas en situación de calle a políticas de empleo requiere estrategias que reconozcan y regulen actividades informales y creen oportunidades de inserción laboral sostenibles.
La presentación en el ámbito parlamentario de este Tercer Censo Popular es un llamado a la acción a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, a la Legislatura porteña, a los organismos nacionales y a la ciudadanía. Las organizaciones convocantes aspiran a que este informe no quede en la denuncia estadística, sino que sirva como base para iniciativas legislativas, cambios en la gestión pública y la asignación de recursos. Para que eso ocurra, el documento plantea la necesidad de mecanismos de seguimiento que incluyan la participación de las organizaciones sociales en la implementación y evaluación de las políticas, así como la conformación de instancias que articulen actores estatales y no estatales en la definición de respuestas.