Violencia y situación de calle

en sus distintas manifestaciones

por Mariane Pécora

¡Pedir no es delito!, alcanza a gritar, mientras tres policías aplastan con ferocidad su cuerpo contra el piso. La escena transcurre un soleado mediodía de mayo en la rambla de Puerto Madero, a escasos metros de un restaurante donde los comensales permanecen indiferentes. Mercedes Pombo, no. La violencia la subleva, discute con los oficiales mientras registra los hechos con su celular. Una voz ronca y dolida traspasa la garganta de Leonardo Pérez, el joven que está siendo detenido por pedir, por pobre, por vivir en la calle.

Lo explicito y lo implícito
La violencia institucional hacia los sectores sociales vulnerables se profundizó durante la pandemia, asegura un dossier elaborado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esta violencia institucional se manifiesta explícitamente en términos de represión policial, e implícitamente en la falta de políticas estatales orientadas a esta problemática.
La desigualdad social, que aparece como el emergente de este tiempo de pestes, es metamorfoseada por el aparato estatal hasta asociar pobreza con criminalidad. Lo peligroso de la pobreza es que desenmascara la falacia del sistema neoliberal. No existe un capitalismo humano, un capitalismo bueno, existe un capitalismo que excluye y descarta, descarta personas y margina vidas.
La historia de Leonardo Pérez es la misma que la de miles de personas que, en actual contexto de crisis sanitaria y socioeconómica, son arrojadas a la intemperie. Muchas de ellas, hasta antes de la pandemia, tenían un trabajo formal o informal, tenían un techo donde cobijarse, tenían sueños, expectativas, proyectos. Ahora deambulan, piden. Y se las criminaliza.

Otra sutil manifestación de violencia
Cuando hablamos de personas en situación de calle, no estamos hablando de un nuevo fenómeno, sino de un problema estructural que emerge tras la crisis de 2001, eclosiona con la toma del Parque Indoamericano en 2010 y se institucionaliza, ese mismo año, con la sanción de la Ley 3706 de Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y/o en riesgo de estarlo, que obliga al Estado porteño a llevar a cabo un relevamiento anual de esta población, y promueve la participación de organizaciones sociales y no gubernamentales en el diseño de políticas puntuales para este sector.
Ante la falta de convocatoria y la dudosa certeza de las cifras oficiales, en 2017 un conjunto de organizaciones sociales, que trabaja esta problemática, llevó a cabo el primer censo popular de personas en situación de calle o en riesgo de estarlo; las cifras que arrojó fueron diametralmente opuestas a las vertidas por las autoridades porteñas. Algo similar ocurrió en 2019: el segundo censo popular dio cuenta de 7251 personas viviendo en situación de calle o en riesgo de estarlo, mientras que el relevamiento oficial reportó 1146 personas.
Con el fin de zanjar esta divergencia numérica y ante el notorio incremento de la población de calle desde el inicio de la pandemia, el 23 diciembre del año pasado la ministra de Desarrollo Social y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, anunciaba la firma de un acta acuerdo con organizaciones sociales y organismos de la sociedad civil y de derechos humanos. “La misma tiene como objetivo realizar en forma conjunta el censo anual y conformar mesas de trabajo para diseñar políticas públicas que aborden distintos aspectos de esta problemática”, decía. Este acuerdo feneció este 11 de mayo cuando, con un inusitado despliegue de móviles, personal y tecnología, el Ministerio encaró el censo anual por cuenta propia y en una sola noche, con la veeduría de la Asesoría Tutelar General, que comanda la ex ministra macrista Carolina Stanley, y la logística de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, organismo gubernamental que tendrá a su cargo el procesamiento de los datos.
Las organizaciones sociales que en el día a día trabajan con esta problemática no fueron convocadas. Denunciaron que el Gobierno de la Ciudad les obstaculizó la participación, y por ende la incidencia en el diseño de los instrumentos metodológicos del censo. Advirtieron, también, que la metodología usada por el oficialismo “subregistra a la población de calle”.
Migliore, por su parte, refuta este argumento calificando de falible la metodología empleada en los censos populares: considera que “duplica la población de calle”. No obstante, reconoció el aporte de las organizaciones sociales para la confección del nuevo muestreo.

La Ciudad de los milagros, denomina la  Asociación Civil Proyecto 7 Gente en situación de calle el resultado del censo (o conteo) que el  Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño desarrolló hace 10 días. Resulta que los datos oficiales no solo se asemejan a los de 2019. Sino que arrojan una cifra un 46% inferior, el censo oficial registra nada más que 1000 personas en situación de calle real. La crisis económica  de 2019, el endeudamiento, la hiperinflación, el récord de desempleos, desalojos y mucho menos la pandemia que arrecia hace más de un año, dejando en la pobreza casi el 50% de la población del país, no parecen afectar al distrito porteño.

La pregunta que cabe hacernos es: ¿Si el despojo de humanidad que percibimos a diario en las calles porteñas es real o debemos interpretarlo como un holograma?

El Estado, ¿está o no está?
Saltando el cerco burocrático, lo cierto es que son las organizaciones sociales las que mantienen un contacto directo y continuado con las personas en situación de calle; perciben sus carencias y atienden sus necesidades. De esto da cuenta un relevamiento realizado, entre abril y noviembre del año pasado, por la Asociación Civil Intercambios con el objetivo de describir las relaciones entre: situación de calle, acceso a la salud, y uso de drogas en el contexto de la pandemia. “La mayoría de las personas relevadas recibió sólo por parte de organizaciones sociales, información y elementos de prevención, tales como agua potable, barbijos, jabones y alcohol en pulverizadores”, señala el informe.

Ante la consulta de Periódico VAS sobre cuánto se estima que aumentó la población en situación de calle desde el inicio de la pandemia, la Asamblea Plaza Dorrego, organización social que se forjó tras la revuelta de 2001 alrededor de una olla popular, responde: “No tenemos datos precisos. El año pasado no pudimos hacer el Censo Popular, porque estuvimos tapados atendiendo las demandas de esta emergencia sanitaria que la administración porteña no cubrió. Lo que sí observamos fue un crecimiento de todos los sectores en general, pero lo que más nos llama la atención es la cantidad de familias con niños viviendo en situación de calle. De todos modos, sigue siendo predominante la persona sola, varón, que son quienes menos acceden a recursos del Estado de inmediato, o no pueden seguir pagando un hotel o pensión”.
Este espacio, que no recibe ningún tipo de subsidio ni ayuda estatal y sostiene desde hace 20 años la ‘olla’ gracias al aporte de los vecinos y comerciantes del barrio de San Telmo, incrementó en el último año entre un 40 y 50 por ciento la cantidad de raciones.

Desde la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle, colectivo que agrupa a organizaciones sociales, políticas y comunitarias que atienden esta problemática, señalan: “Se observó un incremento de la población en situación de calle, personas que por primera vez atraviesan esta experiencia; y se incrementó también el grupo de personas en riesgo de calle, familias enteras que comenzaron a generar importantes deudas de alquiler y que hoy salen a comer en las ollas. De hecho, durante este período todas las organizaciones hemos tenido que duplicar esfuerzos, raciones de comida y asistencia en general”.

Sobre las políticas de emergencia implementadas por el Gobierno de la Ciudad ante el crecimiento de la población en situación de calle durante la pandemia, desde la Asamblea Plaza Dorrego puntualizan: “No hubo medidas específicas ante el incremento del número de personas en situación de calle. Tan solo medidas excepcionales como, por ejemplo, la apertura de paradores, aunque algunos se cerraron porque no se cumplían los protocolos. Tampoco nos consta que el Gobierno de la Ciudad haya acelerado el otorgamiento de subsidios para pernoctar en hoteles, ni que se haya incrementado el número de móviles del programa Buenos Aires Presente; sabemos que los ‘compas’ siguen esperando horas en la calle. No se realizó el censo oficial 2020. Ni se abrieron postas nuevas sanitarias. Ni se puso en marcha el plan de vacunación para la población de calle”.

“Las políticas implementadas por el Gobierno siguen siendo las mismas desde hace años. Resultan insuficientes y su fracaso se evidencia en el crecimiento continuo y sostenido del número de personas en situación en calle. Se trata de paradores nocturnos a los cuales las personas no quieren asistir; subsidios habitacionales que no alcanzan para alquilar una habitación, con requisitos de acceso imposibles de cumplir. Y el programa Buenos Aires Presente que hace esperar horas o días y a veces ni siquiera llega”, dicen desde la Asamblea Personas en Situación de Calle. Y aseguran que estas políticas no contemplan las particularidades de las personas que atraviesan una situación de extrema pobreza.

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