15 de octubre. La calle como escenario de disputa de derechos
Por esta hora, en distintos puntos del país, columnas universitarias, organizaciones sociales, sindicatos, colectivos de personas con discapacidad y agrupaciones de jubilados avanzan hacia plazas y edificios públicos. Se trata de una convergencia de reclamos que, aunque diversos, comparten un diagnóstico: el ajuste sobre la vida cotidiana se volvió estructural, y el Gobierno no está cumpliendo las leyes que deberían amortiguar su impacto.
por Mariane Pécora
En la ciudad de Buenos Aires, la convocatoria se fijó en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Punto de encuentro históricamente símbolo de resistencia cultural, social y política. Allí confluyen las columnas que vienen de la Marcha Federal Universitaria, pero también otras que traen sus propias urgencias: la emergencia en discapacidad, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, la defensa del agua y el territorio, el rechazo a la reprivatización de AySA, la denuncia de la injusta deuda externa, del insoportable peso de las deudas de las familias para poder comer y la exigencia de libertad de las personas detenidas o procesadas durante las protestas sociales.
La universidad como termómetro del ajuste
La crisis universitaria es el corazón de la jornada. No solo por la magnitud del sistema —más de dos millones de estudiantes y cientos de miles de trabajadores— sino porque su deterioro se volvió un indicador del rumbo general del país.
Los salarios universitarios siguen 24% por debajo de 2023. Un jefe de trabajos prácticos cobra hoy un 43% menos que en 2015 en términos reales. Ningún cargo docente, con dedicación simple alcanza la canasta alimentaria, y los gremios advierten que cada mes se pierden docentes formados que migran a otros sectores o al exterior.
Pero la crisis no es solo salarial: es institucional: la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada el 21 de agosto de 2025, vetada el 10 de septiembre, ratificada el 2 de octubre de ese mismo año y suspendida por el Gobierno el 21 de octubre mediante el Decreto 759/2025. Si bien la Justicia ordenó aplicarla el 23 de diciembre de 2025 y la Corte Suprema confirmó esa obligación, el Ejecutivo no la implementó. En tanto, el proyecto de modificación que envió el 18 de febrero de 2026 nunca fue tratado en comisión.
Hoy se cumplen 358 días desde su sanción, y la ley sigue sin aplicarse. En paralelo, se aplica un presupuesto de 2023 que retrocede año tras año. El Programa 26 – Desarrollo de la Educación Superior, que financia a las universidades nacionales, muestra un ajuste sostenido. En la comparación entre 2025 y 2023: caída real del 25,2%. Entre 2026 y 2023 la caída acumulada alcanza el 22%. En cuanto a la comparación entre 2027 y 2023, el presupuesto universitario quedará 21,1% por debajo de los niveles de 2023.
El Presupuesto 2027 incluye $851.558 millones para el Fortalecimiento de Recursos Humanos, pero al estar “bajo la línea”, su ejecución depende exclusivamente de la Secretaría de Educación. Es decir, podría ejecutarse o no. Si la Ley de Financiamiento estuviera vigente, el presupuesto universitario ascendería a $9,60 billones, un 28% más que lo previsto por el Gobierno para 2027.
La pérdida salarial acompaña ese deterioro: hasta septiembre de 2026, docentes y no docentes están 24,2% por debajo del poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023. En septiembre de 2026, solo los cargos más altos superan la línea de pobreza; como explicamos más arriba, los JTP y auxiliares semiexclusivos y todos los cargos de dedicación simple están por debajo de la línea de indigencia.
Una marcha que se vuelve multisectorial
Esta quinta movilización universitaria se entrelaza con otros reclamos que crecieron en los últimos meses. Según organizaciones convocantes, hoy se marcha también por:
- La Emergencia en Discapacidad, que aún no se implementa.
- La defensa de la Tierra y el Territorio, frente a políticas extractivas y privatizaciones.
- El rechazo a la reprivatización de AySA.
- La anulación de deudas injustas y la ruptura con el FMI.
- La libertad de las personas detenidas en protestas.
- La caída del DNU 70/23, que reorganiza la economía y el Estado mediante desregulaciones profundas.
La declaración de los convocantes: la bronca como motor político
En la previa de la jornada, organizaciones como la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda difundieron un mensaje que sintetiza el clima social: “Este jueves 15/10, en todo el país, con toda nuestra bronca, por la unidad de todas las luchas.”
El comunicado señala que el DNU 70/23, firmado apenas asumió Milei, es “la primera de una serie de medidas que atacan las condiciones de vida del pueblo trabajador, nuestros derechos y soberanía, y la naturaleza toda”.
También afirma: “El 6/10 la Corte Suprema sintió la calle, como el 6/8 lo sintió el Senado. Ahora vamos por la caída de todo el decreto.”
Y detalla los motivos de la movilización: “Este 15/10 vamos a presionar para defender la Tierra y nuestro Territorio. Para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. Para frenar la reprivatización de AySA. Para que se anulen las deudas injustas y se rompa con el FMI. Para la libertad de lxs presxs por luchar. Para derrotar la motosierra y la timba con nuestras vidas”.
Una jornada que condensa un clima de época
La Marcha Federal Universitaria se convirtió hoy en algo más que una protesta sectorial: es un punto de encuentro entre reclamos que, aunque distintos, comparten una sensación de urgencia. La universidad, la discapacidad, las jubilaciones, el ambiente, la soberanía, el trabajo y la democracia se entrelazan en una misma escena.
La calle vuelve a ser el lugar donde se disputa el rumbo del país.