Sala Alberdi: temen desalojo por la fuerza
A 20 días del comienzo de la toma de la Sala Alberdi en el Centro Cultural San Martín de la ciudad de Buenos Aires (CCGSM), el conflicto entre los asambleístas y la Secretaría de Cultura del Gobierno porteño se encuentra estancado y «sin vías de negociación abierta», informaron delegados del colectivo que ocupa la Sala Alberdi y advirtieron que, «a partir del jueves próximo, se podría hacer efectivo el desalojo que pidiera el Gobierno de la ciudad a través de una denuncia penal por usurpación».
El grueso de los integrantes de la Asamblea del Acampe Cultural del Centro Cultural General San Martín ocupa el ingreso al edificio por la calle Sarmiento y son cinco personas las que se mantienen -desde el 2 de enero- en la toma de la sala Alberdi. Aprovechando el receso cultural de enero, se cerraron las instalaciones, incluyendo la Sala Alberdi.
Un colectivo de artistas y docentes gestiona esta sala, ocupando y acampando en el patio seco circundante a la torre para evitar su cierre inminente. Este espacio, dependiente de la Dirección de Enseñanza Artística y no del San Martín, ha presentado diversas e inclusivas propuestas culturales, contrastando con el vaciamiento y la privatización que sufre el CCGSM.
Al día de hoy, se incrementan las denuncias por parte de los acampantes, que dan cuenta de la constante presencia de «patovicas no identificados» que los amedrentan y ocupan un local comercial debajo de la Plaza, desde donde monitorean las actividades de los asambleístas. «Este acampe es una protesta social y cultural llevada a cabo por estudiantes, docentes, artistas, organizaciones sociales y de derechos humanos, por lo tanto entendemos que se trata de una criminalización de la protesta social considerar esta huelga como una usurpación», indicaron los representantes del colectivo que autogestiona la Sala.
Criminalización de la protesta
Integrantes del colectivo de la Sala Alberdi y del Acampe Cultural del Centro Cultural General San Martín, realizaron anoche una conferencia de prensa donde denunciaron que el Gobierno porteño busca «criminalizar» la protesta.
Durante la misma denunciaron una serie de hechos de violencia, persecución política sucedidos en los últimos días y la intención del gobierno de la Ciudad de criminalizar la protesta: “En la mañana del lunes se presentaron en el lugar el Oficial de justicia, representando al Fiscal Ivan Coleff, efectivos de la policía metropolitana y un abogado, que nos notificaron la existencia de una denuncia penal por usurpación del espacio público”.
En respuesta a esta intimidación, los integrantes del colectivo cultural, que resisten en la Plaza de las Américas (patio seco) aclararon que «este acampe es una protesta social y cultural llevada a cabo por estudiantes, docentes, artistas, organizaciones sociales y de derechos humanos, por lo tanto entendemos que se trata de una criminalización de la protesta social considerar esta huelga como una usurpación».
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