Marcha de las Escobas contra los desalojos y la especulación inmobiliaria
Convocada por la Coordinadora contra los Desalojos y por Vivienda Digna, la tarde del 19 de junio, la avenida Corrientes dejó de ser un corredor de luces, marquesinas y consumo para convertirse en una multitud que irrumpió entre las carteleras brillantes y los comercios de grandes cadenas para denunciar una emergencia habitacional que enfrenta la Ciudad de Buenos Aires. Emergencia que, lejos de ser una metáfora, una estadística o una planilla de Excel, es un cuerpo social que respira y padece el crimen de la desigualdad.
¡Basta de desalojos! ¡Fuera la Guardia de Auxilio y la Policía de nuestros barrios! ¡Ni unx muertx más por falta de vivienda! ¡Inmueble del Estado, inmueble del pueblo, abajo el negocio de los remates! ¡Por vivienda, tierra y hábitat para todxs! Fueron las consignas que resumieron la brutal realidad que atraviesa la ciudad más rica del país, donde doce mil personas viven en situación de calle, donde más de mil trescientos niñas, niños y adolescentes pernoctan en paradores precarios o directamente en la vereda, donde cientos de adultos mayores carecen de techo y donde alrededor de treinta personas fallecieron desde que Jorge Macri asumió la jefatura de Gobierno.
Un fallo que detiene la maquinaria de expulsión
En medio de esta crisis, un reciente fallo judicial marcó un punto de inflexión. El juez Andrés Gallardo dictó una sentencia que frena los desalojos administrativos en la Ciudad, modalidad que se había vuelto habitual en el último año. Amparada en supuestos riesgos de derrumbe, la Guardia de Auxilio ejecutaba expulsiones sin orden judicial, sin garantías y sin alternativas habitacionales. Gallardo consideró que estas prácticas violan derechos fundamentales y ordenó suspenderlas de inmediato.
El fallo no solo detiene estos procedimientos, sino que también expone la arquitectura política que sostiene la expulsión sistemática de familias pobres. La Coordinadora lo celebró como un respiro, aunque advirtió que la lucha continúa porque el gobierno porteño buscará nuevas vías para acelerar los desalojos y porque el gobierno nacional impulsa la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una norma que, según denuncian, consagra la violación del derecho a la vivienda.
La ciudad que se vende a pedazos
El informe “Desocupaciones y desalojos en CABA”, elaborado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Defensa, registró seiscientos veintiún desalojos entre diciembre de 2023 y marzo de 2026. Mil ciento treinta y cinco familias afectadas. Cuatro mil cuatrocientas ochenta y dos personas expulsadas de sus hogares. La cifra no incluye los desalojos informales, los silenciosos, los que no llegan a los diarios ni a los tribunales.
La ingeniera María Eva Koutsovitis, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, lo sintetizó con crudeza. Calificó los desalojos como «políticas de limpieza social». Denunció que se produce un desalojo cada treinta horas y que más de ochocientos de estos procedimientos son ilegales. También expuso que existe «una trama de corrupción inmobiliaria que convierte la vivienda en mercancía y la ciudad en un tablero de especulación».
La marcha avanzó hacia el Edificio del Plata, un símbolo de esa entrega sistemática de lo público al capital financiero. Fue subastado hace exactamente 10 años y adquirido por Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y principal accionista del Banco Hipotecario, que pagó 68.114.000 dólares por los 42.256 metros cuadrados que conforman el inmueble —razón de 1621 dólares por m²— ubicado en una zona privilegiada del microcentro porteño, para reconvertirlo en viviendas de lujo y alquileres temporarios bajo los beneficios del Plan de Revitalización del Microcentro. Mientras tanto, miles de familias no encuentran dónde vivir ni pueden costear el alquiler de su vivienda. La postal es elocuente: lo que debería ser del pueblo termina en manos de los grandes desarrolladores inmobiliarios.
Historia de la huelga inquilina
La Marcha de las Escobas no fue un gesto improvisado. Fue un puente con la huelga inquilina de 1907, cuando miles de mujeres se rebelaron contra el aumento del treinta por ciento en los alquileres de los conventillos. Buenos Aires crecía sin control, los inmigrantes se amontonaban en piezas húmedas y sin ventilación, los propietarios aumentaban los precios sin regulación y el Estado miraba hacia otro lado. La chispa se encendió en La Boca y se extendió como un incendio por toda la ciudad.
Las mujeres colgaban escobas en las puertas para señalar que ese conventillo estaba en huelga. La escoba era un arma simbólica que barría la injusticia y anunciaba que la dignidad no se negocia. La huelga logró frenar los aumentos y obligó a los propietarios a mejorar las viviendas. Fue una victoria parcial que dejó una huella profunda: la vivienda es un derecho que se defiende colectivamente.
Más de un siglo después, las escobas o su simbología volvieron a la avenida Corrientes. La historia no se repite, pero rima. Y la rima es clara: cuando el mercado avanza sobre la vida, la organización popular responde.
Una ciudad que expulsa y una sociedad que resiste
La Coordinadora reúne a personas en situación de calle, familias desalojadas, habitantes de villas y barrios populares, inquilinos formales, migrantes, jubilados, trabajadores precarizados, disidencias sexuales, víctimas de violencia de género. Todos atravesados por un aumento del cuatrocientos por ciento en los costos de vivienda y servicios desde la asunción de Javier Milei. Todos empujados hacia los márgenes por un modelo urbano que prioriza el turismo, los alquileres temporarios y la renta inmobiliaria por encima de la vida cotidiana de quienes sostienen la ciudad.
La Policía de la Ciudad estuvo presente desde temprano, pero no logró frenar la decisión colectiva de marchar. La represión y el hostigamiento son parte del paisaje urbano, pero también lo es la resistencia.
En el acto de cierre, David, integrante de la Coordinadora y desalojado de la Casa Blaquier, tomó la palabra. Dijo que la jornada demostraba una vez más que la organización es la única herramienta capaz de enfrentar las políticas de expulsión. Su voz se mezcló con la de otros vecinos, sindicatos, asambleas barriales. La calle se volvió un espacio de encuentro y de disputa.
Imagen: La Izquierda Diario