La lista y el garrote
¿Cómo funcionan las sanciones financieras que sostienen la hegemonía e EE UU?
por Juan Pablo Costa
Hay armas que no hacen ruido. Mientras la atención mundial se concentra en los bombardeos sobre Irán o en el frente ucraniano, el instrumento más eficaz que Estados Unidos emplea para sostener su hegemonía no es un portaaviones: es una planilla. Una lista administrada por una oficina del Departamento del Tesoro que puede dejar a un país entero fuera del sistema financiero internacional sin disparar un solo tiro. Las guerras cuestan vidas norteamericanas y dinero; las sanciones cuestan muy poco y disciplinan igual. Por eso, en un momento de declive relativo de la potencia del norte, el arma financiera se volvió central.
La máquina de sancionar
El organismo se llama Office of Foreign Assets Control, la OFAC, y depende del Tesoro norteamericano. Administra hoy alrededor de 37 programas de sanciones simultáneos: algunos son embargos casi totales, como los que pesan sobre Cuba, Irán y Corea del Norte; otros son sectoriales, como los aplicados a Rusia y Venezuela. Conviene distinguir dos planos que suelen confundirse. El programa se declara contra un país entero, como marco general. Pero dentro de ese marco, lo que efectivamente produce efectos jurídicos es la designación, y una designación nunca recae sobre un país: recae sobre una persona física, una empresa, un banco o incluso un buque puntual, incorporados, uno por uno, a la Lista de Nacionales Especialmente Designados, la SDN, conocida en la región como «lista Clinton». Así, dentro de cada programa nacional se arma, caso por caso, un mapa de sancionados que crece o se achica por decisión administrativa del Tesoro, sin necesidad de una ley del Congreso ni de una sentencia judicial. Ser designado congela los activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a cualquier ciudadano o empresa norteamericana operar con esa persona o entidad.
Hasta ahí, podría parecer un asunto interno de Estados Unidos. No lo es, y por dos motivos. El primero es por la regla que indica que toda entidad que sea propiedad, directa o indirecta, de un 50% más de alguien incluido en la lista queda automáticamente bloqueada, aunque nunca haya sido nombrada por su cuenta. Es lo que permite que designar a una sola persona termine arrastrando a decenas de sociedades. El segundo motivo es más importante todavía: casi cualquier transacción internacional en dólares pasa, en algún momento, por un banco corresponsal en Nueva York. Ese instante de tránsito basta para que Washington reclame jurisdicción sobre una operación entre un banco español y una empresa china.
Sobre esa base se construyen las sanciones secundarias. No castigan al sancionado, sino a quien opera con él. Un banco de un tercer país que procese una transacción con una entidad designada puede perder su acceso al dólar y al mercado estadounidense. Acá aparece el verdadero mecanismo de poder: la designación no necesita ejecutarse para funcionar, le alcanza con existir. El sancionado se convierte en una suerte de leproso financiero, alguien de quien todo el mundo se aleja no porque la ley lo obligue en cada caso, sino porque nadie quiere arriesgar su propio acceso al dólar por seguir cerca.
Del bloqueo al arancel
La base legal de casi todo este edificio es una ley de 1977, la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), que habilita al presidente a actuar frente a una «amenaza inusual y extraordinaria» originada fuera del país. Donald Trump encontró en esa fórmula elástica algo más que sanciones: la usó para imponer los aranceles «recíprocos» que en 2025 reorganizaron el comercio mundial. La novedad conceptual fue tratar al arancel como lo que es en su lógica actual, un castigo político.
Ese avance encontró un límite. En febrero de este año, la Corte Suprema norteamericana resolvió, por seis votos contra tres, que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles, porque gravar es una facultad que la Constitución reserva al Congreso. En juego había más de 223 mil millones de dólares ya recaudados. La respuesta del Gobierno fue inmediata: invocó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para establecer un recargo «temporal» del 10% sobre casi todas las importaciones.
Pero el dato que importa es otro, y pasó bastante desapercibido. La Corte se pronunció únicamente sobre los aranceles y evitó tocar el resto de la ley, es decir, la facultad de bloquear, embargar, restringir y licenciar el comercio. El propio Trump lo celebró con toda claridad, afirmando que el fallo lo dejaba «más poderoso». Es decir: el arancel tiene un límite constitucional, la sanción financiera no lo tiene.
Sesenta años de asfixia
El caso cubano es el más antiguo y el más completo. El bloqueo total se proclamó en 1962, pero su verdadera potencia llegó después: la Ley Torricelli de 1992 lo internacionalizó al prohibir que las subsidiarias extranjeras de firmas norteamericanas comerciaran con la isla, y la Ley Helms-Burton de 1996 le quitó al propio presidente la facultad de levantarlo sin autorización del Congreso. Según el informe que Cuba presentó ante Naciones Unidas, el daño acumulado asciende a 170 mil millones de dólares.
La vuelta de tuerca de este año muestra hasta dónde llegó la extraterritorialidad. Primero, en enero, un bloqueo petrolero que paralizó las importaciones de combustible. Después, la orden que habilita aranceles adicionales contra cualquier país que suministre petróleo a Cuba y sanciones secundarias contra los bancos, aseguradoras y navieras que financien o transporten esos cargamentos. Los resultados son medibles: cinco apagones totales en la isla en lo que va del año, una caída del 48% en la llegada de visitantes durante el primer trimestre y una proyección de contracción económica del 7,2% para este año. Durante 2026 ya anunciaron la salida de Cuba las cadenas hoteleras españolas Meliá, Iberostar, Barceló, NH y Blue Diamand Resorts; en todos los casos por consecuencias directas de las amenazas norteamericanas y las sanciones comerciales.
Del cerco al botín
Venezuela permite ver la secuencia completa. Las sanciones financieras de 2017 impidieron que el Estado y PDVSA reestructuraran su deuda; las petroleras en 2019 bloquearon la principal fuente de divisas; después llegaron las sanciones a los socios extranjeros que ayudaban a colocar el crudo.
Es cierto que la economía venezolana ya mostraba problemas antes de 2017. Pero las series de producción petrolera muestran tres caídas abruptas que coinciden exactamente con cada una de las tres rondas de sanciones, y los estudios sobre las empresas mixtas del Orinoco confirman que las más golpeadas fueron precisamente las que dependían del financiamiento internacional. La conclusión razonable es que las sanciones no causaron el colapso, pero lo profundizaron y clausuraron toda posibilidad de recuperación.
Lo que vino después despeja cualquier duda sobre el objetivo. Tras el secuestro de Nicolás Maduro en enero, Estados Unidos anunció que controlaría las exportaciones petroleras venezolanas por tiempo indefinido y empezó a levantar sanciones de manera selectiva, con licencias generales que habilitan a las petroleras norteamericanas a operar, transportar y refinar. Según el Financial Times, en seis meses Washington recaudó más de 13 mil millones de dólares por la venta de ese petróleo sin explicar el destino del dinero; mientras tanto, la recuperación venezolana no aparece. Las sanciones se levantan cuando el que opera es el capital que las impuso. Cerco, colapso, intervención y apropiación: el ciclo completo.
El blanco son las reservas
Con Rusia, el instrumento dio un salto cualitativo al inmovilizar unos 300 mil millones de dólares de reservas de un banco central, de los cuales alrededor de 210 mil millones de euros están en Europa, la mayoría en el depositario belga Euroclear. En diciembre pasado, la Unión Europea decidió congelarlos de manera indefinida y avanza con un «préstamo de reparaciones» a Ucrania respaldado por ese dinero, por hasta 165 mil millones de euros.
Las consecuencias exceden largamente el conflicto ucraniano. Si las reservas de un Estado soberano pueden inmovilizarse por decisión política de otro, entonces ningún banco central del mundo tiene reservas propiamente dichas: tiene depósitos sujetos a aprobación ajena.
Nadie está a salvo
Podría pensarse que todo esto ocurre lejos, entre enemigos declarados de Washington. Brasil demuestra lo contrario, y de la manera más directa: sin que exista ni haya existido nunca un programa de sanciones contra el país. En julio del año pasado la OFAC designó a una sola persona, el juez Alexandre de Moraes y sumó un arancel del 50%, todo para frenar un juicio interno contra Jair Bolsonaro. Brasil respondió activando su Ley de Reciprocidad y acudiendo a la Organización Mundial del Comercio.
¿Y por qué no la Argentina? No estamos sancionados, pero estamos expuestos, y no de manera abstracta. El swap con el Banco Popular de China, por unos 19 mil millones de dólares, vence el 6 de agosto y se negocia su renovación bajo presión explícita de Washington, que puso como contrapartida del swap de 20 mil millones del Tesoro la desactivación de la línea china. El acuerdo comercial firmado en febrero completa el cuadro: Estados Unidos elimina aranceles para 1.675 posiciones y amplía la cuota de carne a 100 mil toneladas, y la Argentina se compromete a adherir a tratados de patentes y variedades vegetales y a montar mecanismos de control sobre importaciones. Nótese lo inconveniente: obtenemos acceso preferencial fácilmente revocable a cambio de alineamiento regulatorio, difícilmente modificable.
El arma se gasta
Cada vez que el arma se usa, pierde filo. La participación del dólar en las reservas mundiales cayó del 71% en el año 2000 a menos del 57% actual, el nivel más bajo desde los años noventa. Los bancos centrales compran oro a un ritmo de mil toneladas anuales, el doble del promedio de la década pasada, y el metal alcanzó cotizaciones inéditas. La encuesta anual de la OMFIF registró por primera vez una intención neta de desinvertir en dólares. No hay una moneda que reemplace al dólar, pero hay una migración silenciosa hacia activos que ningún gobierno extranjero pueda congelar, y hay sistemas de pago alternativos —mBridge, CIPS, los acuerdos en monedas locales dentro de los BRICS— que crecen precisamente porque las sanciones enseñaron el riesgo de depender de una sola infraestructura financiera.
Mientras el mundo diversifica reservas, construye canales de pago propios y toma nota de que la coerción financiera no distingue entre enemigos y aliados, la gestión libertaria profundiza la dependencia de un solo acreedor, resigna su respaldo en yuanes y celebra concesiones comerciales que pueden revocarse por decreto. La alternativa no es reemplazar un alineamiento por otro, sino recuperar el margen de maniobra: integración regional, comercio en monedas locales, reservas diversificadas y una política exterior guiada por el interés nacional y no por afinidades ideológicas.