Diez años de impunidad
Una década después del incendio del taller textil clandestino ubicado en Luis Viale 1269, en el que murieron seis personas, cinco de ellas menores de edad, los sobrevivientes, familiares y organizaciones esperan que en el juicio oral que comenzará el próximo 19 de abril se condene a los procesados por «homicidio doloso», que la justicia alcance, también, a los dueños del inmueble y de las marcas, y que se investigue a los responsables políticos.
«Nuestro objetivo en el juicio oral es demostrar cómo funcionaba el taller, y con esto dejar en claro que, por ejemplo, no hace falta que te tengan engrilletado para que haya un delito de ‘reducción a servidumbre'», afirmó Juan Vázquez, miembro del colectivo Simbiosis Cultural.
«Por otra parte, la condena sólo de los talleristas deja de lado la responsabilidad de los dueños de las marcas, Damián Fischberg y Javier Geiler, que también deben ser juzgados y condenados», dijo.
El 30 de marzo de 2006 un desperfecto eléctrico generó el recalentamiento (llamado técnicamente efecto joule) en el cable de un televisor de la planta superior del taller en el barrio porteño de Caballito y que funcionaba como vivienda de los casi 60 costureros que trabajaban allí y de sus familias.
«Había un solo baño y una sola cocina para todos; arriba, cada familia dormía separada de la otra por cartones o telas en espacios de un metro y medio por un metro y medio como mucho», describió a Télam el año pasado Sara Gómez, mamá de Harry Douglas Rodríguez Gómez, un niño de 4 años fallecido en el incendio.
Sara y Luis Fernando Rodríguez Palma, su marido, llegaron a la Argentina en 2005 con Kevin, su hijo mayor, y Harry, y al poco tiempo comenzaron a trabajar en el taller donde les prometieron buenos salarios, techo y comida. Ellos aceptaron pero al poco tiempo se dieron cuenta que las condiciones distaban mucho de las prometidas.
«Cuando empezamos a decir que nos queríamos ir dejaron de pagarnos los salarios, nos decían que nos darían la plata al mes siguiente y así nos iban reteniendo porque no teníamos dinero», recordó Luis.
Tras el incendio, el matrimonio regresó a Bolivia con Kevin; sin embargo, volvieron a la Argentina en cada ocasión que pueden para impulsar la causa penal y mantener vivo el reclamo de justicia.
Además de Harry, en el siniestro fallecieron Juana Vilca Quispe de 25 años, quien estaba embarazada; Elías Carbajal Quispe, de 10; Rodrigo Quispe Carbajal, de 4; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, y Luis Quispe, de 4.
«Al juicio oral llegan procesados y en libertad Luis Sillerico Condori, de nacionalidad boliviana, y Juan Manuel Correa, argentino. Ambos eran dueños del taller», explicó por su parte Myriam Carsen, abogada de las víctimas.
Y describió: «En dos oportunidades la justicia estuvo por hacer prescribir la causa porque el pedido de la fiscalía es que se los impute de ‘estrago culposo seguido de muerte’, que tiene penas inferiores a lo que nosotros estamos pidiendo que es ‘homicidio por dolo eventual’, pero apelamos y logramos pasar al juicio oral».
«Lo que apuntamos en el debate oral es a demostrar las condiciones de vida y trabajo en el taller, lo que para nosotros debe abrir una nueva instrucción para investigar el delito de ‘reducción a servidumbre’, a la vez que iniciar una causa contra Fischberg y Geiler, dueños del inmueble, de las marcas para las que el taller trabajaba y quienes proveían la materia prima, es decir, que ellos eran socios de los talleristas», describió Carsen.
Otra de las embestidas judiciales que resistieron desde la querella fueron los intentos de «juicio abreviado» que en dos oportunidades ofrecieron las fiscalías a los imputados.
«Un juicio abreviado es un acuerdo entre los responsables, los fiscales y el juez en un despacho. Nosotros siempre nos opusimos, no sólo porque queremos la pena que corresponde, sino porque el juicio oral es una instancia de debate necesaria para las víctimas, y también para la sociedad, porque se debe generar cada vez más conciencia sobre las condiciones en las que se vive y trabaja en estos espacios», indicó por su parte el abogado Gabriel Chamorro, quien asesoró a las víctimas en las causas civiles y en la causa penal.
«Existe a la vez una complicidad también de quienes tienen que controlar estos lugares, los organismos del Estado, porque les decimos ‘talleres clandestinos’ pero todos sabemos dónde están», afirmó.
Como «prueba» de que esta tragedia no provocó ninguna modificación estructural, todos los entrevistados recordaron que el año pasado un incendio en un taller textil en la calle Páez, en el barrio porteño de Flores, terminó con la vida de Rolando y Rodrigo, dos niños hijos de talleristas.
Acerca de qué hacer frente a la problemática, Juan Vázquez señaló que «desde Simbiosis, como organización de personas de la colectividad boliviana principalmente conformada por costureros y nacida después de este incendio, cuestionamos cómo funcionan los talleres».
«Pero también criticamos que la intervención del Estado sea ir con policías, allanar, confiscar las máquinas y retirarse dejando a los costureros en la calle lo que genera mayor estigmatización del migrante y mayor vulnerabilidad», continuó.
«Planteamos que hay que abrir el taller, complejizar lo que pasa adentro e involucrar a distintos actores en busca de soluciones», concluyó.
Mañana, a las 17, sobrevivientes, familiares y organizaciones marcharán desde Gaona y Donato Álvarez hasta el taller (Luis Viale 1269), donde realizarán un acto.