ABORTO con todas las letras
“Una mujer fuerte es una mujer manos a la obra,
limpiando el pozo negro de la historia”
Marge Piercy
por Mariane Pécora
Que quede claro: nadie nos concedió nada. No se trata de una deuda saldada o de una promesa de campaña cumplida. Se trata de un derecho conquistado a fuerza de lucha colectiva. Fuimos las mujeres quienes nos dispusimos a torcer el destino que durante siglos signó nuestras existencias. Entendimos que lo personal es político, que nuestros cuerpos son políticos y que la clandestina práctica del aborto también era una cuestión política, por lo tanto un asunto de Estado. Fuimos las mujeres las que instalamos este debate en la agenda pública, en las universidades, en las instituciones, en la sociedad toda. Y este debate atravesó a cuatro generaciones. Y este debate comprendió a todas las personas con capacidad de gestar. Y este debate se hizo marea en las calles y se hizo Ley en el Parlamento. Y hoy, más que nunca, podemos decir: La maternidad será deseada o no será.
La conquista del derecho al aborto, es también la conquista de la soberanía de nuestro cuerpo y la emancipación de nuestro deseo. Pero no significa la culminación de ninguna lucha y mucho menos el fin del patriarcado.
Es importante entender de dónde venimos, para darnos cuenta que tan lejos estamos de ponerle fin al patriarcado. No queremos dramatizar, pero hay relatos que carecen de toda poesía. Hasta ayer nomás, el aborto clandestino configuró la tercera causa de muerte materna en el país. Hasta ayer nomás, se obligaba a gestar y parir a niñas de entre 10 y 14 años. Hasta ayer nomás, hubo 1532 mujeres judicializadas por abortar. Desde el regreso de la democracia 3200 mujeres murieron por abortos realizados en condiciones insalubres. En siete oportunidades el aparato estatal omitió dar curso al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito a largo de sus 15 años de existencia.
Es importante observar la cartografía de la votación para entender cuan lejos estamos de ponerle fin al patriarcado. La mayoría de los votos negativos provienen del elenco masculino de ambas cámaras. Muchos de estos varones son representantes de provincias o jurisdicciones que, según un informe de la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de la Salud, registran la más alta tasa de fecundidad materno infantil y adolescente del país. Las mismas provincias o jurisdicciones que sistemáticamente omitieron poner en marcha del Programa Nacional de Educación Sexual en Integral (ESI) en las escuelas. Las mismas provincias o jurisdicciones que sistemáticamente eludieron reglamentar una normativa vigente desde hace 100 años, como es la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
La Ley de Educación Sexual Integral (ESI), establece que tanto docentes como alumnos y alumnas tienen derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada del país, desde el nivel inicial hasta el superior. El término integral refiere a los aspectos éticos, psicológicos, culturales, emocionales, biomédicos y jurídicos de la sexualidad. Una herramienta fundamental para la prevención del abuso sexual en la infancia, porque habilita espacios donde niños, niñas y adolescentes pueden expresar sus problemáticas, replantearse sus vínculos y aprender sobre el cuidado de sus cuerpos. A catorce años de sancionada, la implementación de esta normativa en las aulas continúa presentando obstáculos y resistencia. La buena noticia es que la Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo contempla la incorporación del derecho al aborto en el programa de Educación Sexual Integral y obliga a cada jurisdicción, distrito o provincia a garantizar su aplicación.
Hace 100 años, en 1921, el Congreso de la Nación sancionaba la Ley de Interrupción Legal de Embarazo (ILE). Un derecho a favor de la mujer respecto al aborto, que contempla a la salud integral de la mujer y establece tres causales de interrupción legal de embarazo: 1. cuando peligra la vida o la salud de la mujer; 2. cuando se trata de una violación; 3. cuando esta violación fue cometida sobre una mujer insana. En un siglo esta normativa sufrió el mismo derrotero que la historia de nuestro país. Revocada en 1968 por la revolución libertadora; recompuesta en 1973 por el gobierno democrático; anulada en 1976 por la dictadura militar; vigente desde 1984 tras el retorno de la democracia;… su aplicación siempre estuvo limitada por el sistema de Salud o por la Justicia, incluso tras del fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema en 2012, que avaló las causales contempladas en la normativa.
Provincias como Jujuy, Entre Ríos, La Rioja y Neuquén adhirieron al protocolo ILE tras la asunción del actual Gobierno, en diciembre de 2019. Mientras que la progresista ciudad de Buenos Aires recién lo hizo en agosto del año pasado.
“Vemos la fuerza que puede tener el antifeminismo por la saña que ponen algunos hombres en todo lo que podría liberar a la mujer”, decía Simone de Beauvoir en 1949, cuando en este país la mujeres ni siquiera teníamos derecho a votar. Es cierto, las leyes orientadas a ampliar derechos siempre han sido enérgicamente resistidas por las entidades que encarnan al patriarcado. Se dijo que las mujeres no estábamos preparadas para votar porque éramos cognitivamente inferiores; se dijo que el divorcio significaba el fin de la familia; se dijo que el matrimonio igualitario era una aberración. Ningún avance ha sido fácil. Si trazamos una línea de tiempo entre el retorno de la democracia en 1983 y la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, veremos como el reclamo por el derecho al aborto fue impulsado y sostenido durante treinta y ocho largos años. El empecinamiento, la rebeldía y la capacidad de lucha de mujeres, corrientes feministas y personas LGBTIQ+, parieron esta ley, que no obliga a ninguna mujer a abortar, sino que hace que esta práctica deje de ser un delito. Todo un ejercicio de ciudadanía.
Por reclamar ciudadanía perdió la cabeza Olympe de Gouges durante la revolución francesa. En 1791 redactó la Carta de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que proclamaba la igualdad de derechos para la mujer respecto al hombre y exigía su participación en la vida política. En 1793, tras ser acusada de traición fue guillotinada. El informe de su muerte sentencia: “(…) la ley ha castigado a esta conspiradora por haber olvidado las virtudes que corresponden a su sexo”.
Tuvo que pasar más de un siglo para que el postulado de Olympe de Gouges fuera reconocido como una auténtica proclama en favor universalización de los derechos humanos. En definitiva, tan solo exigía era la inclusión de la mujer en la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Algo impensable en pleno desarrollo de un capitalismo industrial que, como sostiene Silvia Federici, asimiló el cuerpo de la mujer a una maquina productora y reproductora de la fuerza de trabajo.
Despojada de la tierra, recluida en los centros urbanos, relegada a la servidumbre de la maternidad, la mujer no podía administrar su vida, ni su reproducción, ni su sexualidad sin la tutela de un hombre. El trabajo era el único derecho al que tenía acceso si se mantenía soltera. Si estaba casada debía contar con la venia del esposo. Se la consideraba menos productiva que el hombre, por lo tanto mano de obra barata. Con la incorporación al trabajo cambiará la perspectiva sobre su condición frente los estrechos límites del hogar y la familia. Estas contrariedades, que giraran en torno a la sociedad y al capital, serán el punto de partida en la lucha por la equidad. Y es precisamente la idea de igualdad la que dio nacimiento a distintos movimientos emancipatorios a nivel internacional, entre ellos el feminismo, que, como sostiene Amelia Valcárcel, terminó convirtiéndose en el hijo no deseado de la Ilustración.
Nota publicada en Revista Kiné Nº 146