Alarma ante la violencia policial en la Ciudad

¿Las fuerzas policiales deben velar por la seguridad de todos los ciudadanos y el respeto de todos sus derechos o convertirse en azote al servicio de una minoría?

La Dra. Alicia Pierini, a cargo de la Defensoría del Pueblo, advierte que las denuncias sobre casos graves de abuso policial han aumentado considerablemente, y sostiene que: “En los casos en que se desata una persecución de delincuentes, es imprescindible que se respeten los derechos que la Constitución les otorga a todos los habitantes: derecho a la vida, a la integridad física y el derecho de defensa. Las fuerzas policiales deben cumplir con su deber constitucional de velar por la seguridad de todos los derechos, aplicar las leyes y desarrollar formas de acción preventiva no discriminatoria”

“Es cierto que en los casos de las violaciones de derechos humanos atribuibles a las fuerzas de seguridad, la impunidad va de la mano con la dificultad de reunir las pruebas de cargo en razón del temor que sienten los testigos y las víctimas por las posibles represalias que pueden sufrir. Pero esta dificultad, que aumenta por el falso espíritu de cuerpo inspirado en años de prácticas contrarias a la ley y justificaciones fundadas en ideologías autoritarias, debería superarse. Es fundamental que las investigaciones administrativas y judiciales se realicen con eficacia y profundidad, utilizando todas las herramientas que el sistema prevé para la investigación de faltas y delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Y es imprescindible que las fiscalías sean también sujetos activos en la defensa de la legalidad”.

“Las fuerzas policiales deben cumplir con su deber constitucional de velar por la seguridad de todos los derechos, aplicar las leyes y desarrollar formas de acción preventiva no discriminatoria. El control sobre las fuerzas de seguridad colabora a que su actuación se realice conforme la normativa vigente y en resguardo de los derechos humanos. La única forma de combatir la delincuencia es el efectivo cumplimiento de los procedimientos y principios vigentes. De lo contrario, se generan más delitos y no prevención y sanciones”, dice la Defensora del Pueblo.