Argentina y el desafío de reconocer las identidades no binarias
Un informe de Mover Cooperativa reconstruye el marco normativo, histórico y social del reconocimiento de las identidades no binarias en Argentina. Si bien nuestro país fue pionero en la región en la sanción de la Ley de Identidad de Género y la incorporación de la “X” en el DNI y el pasaporte, el acceso efectivo a estos derechos todavía enfrenta obstáculos administrativos, falta de datos y un clima político marcado por discursos de odio.
Argentina ocupa desde hace más de una década un lugar central en el mapa internacional de los derechos vinculados a la identidad de género. La sanción de la Ley 26.743, en 2012, marcó un antes y un después: reconoció el derecho de todas las personas a ser tratadas y registradas conforme a su identidad autopercibida, sin exigir diagnósticos médicos, autorizaciones judiciales ni intervenciones corporales. Años después, el Decreto 476/2021 incorporó la posibilidad de consignar una “X” en el campo sexo del Documento Nacional de Identidad y del pasaporte, abriendo una vía registral para quienes no se reconocen dentro del binomio masculino/femenino.
Pero el reconocimiento legal, advierte el informe Un mapeo sobre identidades no binarias en Argentina, elaborado por Mover Cooperativa, no agota el problema. La pregunta que atraviesa el documento es qué ocurre después de la norma: cómo se accede a ella, qué barreras persisten, qué información produce el Estado y de qué manera los cambios políticos impactan sobre estos derechos conquistados. En otras palabras, el informe desplaza el foco desde la conquista legislativa hacia la vida cotidiana de las personas no binarias, travestis, trans y otras identidades o expresiones de género que quedan por fuera de los parámetros tradicionales.
El material parte de una premisa: los obstáculos que enfrentan estas personas no son episodios aislados ni problemas individuales, sino expresiones de estructuras sociales que reproducen desigualdades. Desde esa perspectiva, el no binarismo no aparece como una novedad circunstancial ni como una “moda”, sino como parte de una historia más extensa de disputas contra el orden binario de género. El informe recupera aportes de los feminismos, los transfeminismos, los movimientos travestis, trans, LGBTIQNB+, antirracistas, anticapacitistas y de pueblos originarios para mostrar que las categorías de género no son naturales ni inmutables, sino construcciones políticas, culturales e históricas.
En ese recorrido, la colonización ocupa un lugar clave. El informe retoma perspectivas que señalan que el binomio hombre/mujer fue impuesto como parte de un orden colonial que clasificó cuerpos, roles y jerarquías sociales. Antes de esa imposición, múltiples comunidades reconocían formas diversas de existencia y organización que no se reducían a la dicotomía masculino/femenino. Esa lectura permite comprender que la discusión actual sobre identidades no binarias no se limita a un trámite administrativo, sino que involucra una disputa más profunda por los sentidos de ciudadanía, reconocimiento y dignidad.
La Ley de Identidad de Género aparece, en este contexto, como un punto de inflexión. Al definir la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la norma argentina rompió con una tradición médica y judicial que sometía las identidades trans y travestis a validaciones externas. La ley no solo habilitó rectificaciones registrales; también estableció el derecho al trato digno y al acceso a la salud integral, pilares indispensables para una ciudadanía efectiva. Sin embargo, el informe subraya que el reconocimiento pleno de las identidades no binarias requirió una nueva discusión: cómo registrar aquello que no encaja en las opciones “F” o “M”.
La respuesta estatal llegó en 2021 con el Decreto 476, que incorporó la nomenclatura “X” en el DNI y en el pasaporte. La medida permitió que personas no binarias, indeterminadas, no especificadas o que no desean informar una categoría de género binaria pudieran acceder a un documento acorde con su identidad. Fue un avance relevante, pero también abrió nuevas preguntas. ¿La “X” alcanza para representar la diversidad de experiencias? ¿Qué sucede en sistemas administrativos, educativos, laborales o de salud que todavía funcionan sobre bases binarias? ¿Cuántas personas acceden efectivamente al cambio registral y con qué dificultades?
Uno de los aportes centrales del informe es hacer hincapié en la falta de información sistemática. Sin datos suficientes, advierte, resulta difícil diseñar políticas públicas específicas, medir desigualdades o evaluar la implementación de los derechos. La invisibilidad estadística opera así como una forma de exclusión: si una población no aparece en censos, encuestas y registros administrativos, sus necesidades quedan fuera de la planificación estatal. El documento destaca algunos esfuerzos recientes por incorporar variables vinculadas a la identidad de género en relevamientos sobre salud, empleo y bienestar, aunque todavía los considera limitados e insuficientes.
El marco internacional también ocupa un lugar importante en el análisis. El informe vincula la situación argentina con estándares de derechos humanos construidos durante décadas por organismos como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, los pactos internacionales y los Principios de Yogyakarta forman parte de un entramado que reconoce la igualdad, la no discriminación, la identidad y la dignidad como obligaciones estatales. Desde esa perspectiva, el reconocimiento de identidades no binarias no es una concesión excepcional, sino una consecuencia directa de compromisos asumidos por los Estados.
El documento también ubica a la Argentina en una escena global desigual. Mientras decenas de países cuentan con algún marco jurídico de reconocimiento de identidad de género, muchos menos han avanzado en el reconocimiento legal de identidades por fuera del binario. En ese escenario, la experiencia argentina aparece como referencia, pero no como modelo acabado. El informe insiste en que la existencia de leyes y decretos debe traducirse en procedimientos claros, acceso a información, trato respetuoso en organismos públicos y privados, y políticas que contemplen las múltiples formas de discriminación que atraviesan a las personas no binarias.
Esa mirada interseccional resulta decisiva. La vulneración de derechos no opera de la misma manera para todas las personas: se combina con condiciones de clase, racialización, discapacidad, edad, nacionalidad, territorio y acceso al trabajo, a la salud o a la educación. Por eso, el informe vincula el derecho a la identidad con otros derechos esenciales: igualdad ante la ley, acceso a la información, salud integral, trato digno, seguridad, participación política y condiciones materiales de vida. Reconocer una identidad en el documento puede ser un paso fundamental, pero no garantiza por sí solo vivienda, empleo, atención médica respetuosa o protección frente a la violencia.
La coyuntura política actual aparece como un punto de alerta. El informe describe un contexto de crecimiento de discursos de odio, estigmatización y retrocesos institucionales que impactan sobre la población LGBTIQNB+. En ese marco, la defensa de los derechos no se presenta solo como una cuestión jurídica, sino también como una tarea social y cultural. La visibilidad, la organización colectiva y la producción de información pública se vuelven herramientas frente a iniciativas que buscan deslegitimar identidades, vaciar políticas estatales o reinstalar criterios biologicistas y excluyentes.
En esa línea, el trabajo de Mover Cooperativa funciona como una guía y también como una intervención política. No se limita a ordenar leyes, decretos y datos: propone democratizar el acceso a información pública para que las personas puedan conocer, ejercer y defender sus derechos. La apuesta es clara: frente al desconocimiento, sistematización; frente a la invisibilidad, datos; frente al retroceso, memoria normativa y organización.
La pregunta de fondo no es solo si Argentina reconoce legalmente a las personas no binarias, sino hasta qué punto ese reconocimiento se vuelve efectivo en la vida real. El informe muestra que existe un piso legal robusto, construido por años de lucha travesti, trans, feminista y LGBTIQNB+. Pero también evidencia que ese piso requiere ser defendido, ampliado y traducido en políticas concretas. En tiempos de disputa abierta por el sentido de los derechos humanos, el reconocimiento de las identidades no binarias aparece como una medida del alcance democrático de la sociedad: quiénes pueden ser nombrades, quiénes acceden a derechos y quiénes no son siquiera reconocides. Porque, en definitiva, el debate no se reduce a una letra en un documento: se trata de si el Estado y la sociedad están dispuestos a reconocer que ninguna vida debería quedar afuera de la ciudadanía plena.