Aumenta la violencia hacia las personas en situación de calle
por María Fernanda Miguel
Se presentó el Tercer Informe del Registro Unificado de Violencias (RUV) en el que se muestra un incremento de las diferentes formas de hostilidad contra las personas sin techo.
“Lo que no se nombra no existe”, dicen siempre desde las organizaciones que se dedican a estas problemáticas. Las personas en situación de calle (PSC) ya son parte del paisaje urbano y pasan inadvertidas ante la vorágine diaria que no permite ver que hay un ser humano sufriendo en la vereda, en el subte, en el interior de los cajeros automáticos o donde no haya tanto frío.
Desde la gestión de Jorge Macri en la CABA ver a las personas en situación de calle (las PSC) se convierte en algo molesto, como la basura, que hay que sacar para limpiar y dejar una fachada linda a la vista de los vecinos. El secretario de Seguridad del GCBA, Diego Kravetz, apunta a las ranchadas señalando que allí sólo hay delincuentes y que hay que desarmarlos. El arma es un cuchillo, que usan para comer o abrir bolsas, o un palo, que usan para llegar al fondo de los contenedores de basura buscando comida o abrigo.
Si desde el propio Estado se instala que las PSC son sólo cosas, se torna difícil que el conjunto de la sociedad pueda tener una mirada humanizada hacia esta población vulnerable, por eso la labor de las organizaciones y asociaciones civiles que acompañan a estas personas es fundamental para visibilizar la problemática.
El lunes 19 de agosto fue el Día de las Personas en Situación de Calle, declarado así por un episodio vivido hace 20 años atrás en Sao Paulo, Brasil, cuando quince personas sin techo fueron atacadas por guardias de seguridad mientras dormían. Siete murieron y ocho quedaron en grave estado. Este fue el día elegido para presentar el 3° Registro Unificado de Violencias hacia personas en situación de calle (RUV). Que se define como una “herramienta de denuncia colectiva y colaborativa de registro, sistematización y visibilización de distintas formas de violencia de las que son objeto las PSC, algunas de las cuales implican la muerte”. Este registro es co-gestionado entre la Asamblea Popular por los Derechos de las PSC y un equipo de investigación con sede en la Facultad de Psicología de la UBA. Tomaron la muestra del 15 de agosto de 2023 al 15 de agosto de este año.
No hay verdaderos datos oficiales de las violencias que se ejercen hacia las personas sin techo, porque básicamente no son prioridad y se los considera “datos extraviados”. No hay marketing, no vende hablar de esta problemática. Según el RUV la violencia fue creciendo de forma sistemática en todo el país:
-De agosto de 2021 hasta agosto de 2022, hubo 125 hechos.
-De agosto de 2022 hasta agosto de 2023, hubo 320 hechos.
-De agosto de 2023 hasta agosto de 2024, hubo 320 hechos.
En el estudio de las violencias se identifica como Violencia Institucional a la que prevalece en ataques físicos y/o simbólicos por parte de fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos. Incluye hostigamiento, robo, maltrato y desplazamientos forzados del espacio público. La Violencia Social considera los ataques físicos en el espacio público entre ciudadanos de a pie, con lesiones graves o fallecimientos. Y la Violencia Estructural son las lesiones físicas graves, con o sin fallecimiento, producto de las condiciones sociales y materiales de vivir a la intemperie.
De los 320 registrados, 104 fueron por violencia institucional; 95 por violencia social;
121 fueron por violencia estructural.
La psicóloga Jorgelina Di Iorio, investigadora del Conicet, miembro de la organización Abrigar Derechos, impulsora del RUV y del Grupo de Investigación Sociabilidades por los Márgenes de la UBA, destaca que: “Lo más significativo es el aumento de la violencia institucional que observamos. Casi un 500 por ciento con relación al informe anterior, no solo en la Ciudad, sino a nivel nacional. Se trata de violencia policial o ejercida por funcionarios públicos porque no es solamente violencia policial, el aumento de la violencia institucional incluye a otros funcionarios públicos”.
Respecto del registro, Florencia Montes Paez -politóloga, militante de No Tan Distintes y autora del libro “Acompañar es político”- destaca que representa la conexión entre las organizaciones sociales y las políticas de la memoria. “Si hay algo que caracteriza a las PSC es la dificultad de producir pruebas sobre los hechos que viven a diario. Todo esto tiene que ver con lo invisible que es estar en la calle, por eso para nosotros es importante construir un lugar donde nuestros compañeros puedan denunciar. Es una memoria que no es hacia atrás porque no pueden revertir todo lo que les sucedió, pero en ese acto de registro, sí aparece la posibilidad de una reparación. A nosotros ese vínculo de registrar y reparar nos importa. Creemos que la política de la memoria en nuestro sector es más una política de reparación que una política de prevención”.
Morir en la calle
Otro dato alarmante es que en el periodo del último estudio se registraron 135 muertes en todo el territorio nacional. Todas estas personas sufrieron diferentes tipos de violencia, siendo la estructural la que más vidas se cobra, debido al frío, diferentes infecciones que en la calle son letales o enfermedades. Desde el RUV se destaca que solo conocen 82 nombres de los 135, algo que también es violencia porque terminan siendo un número más que nadie reclama e ingresan en los registros de los cementerios como NN.
Entre esos nombres está el de Carolina Machado Abad, una mujer trans que murió en el banco de una plaza frente al Hospital Muñiz en una de las noches más frías del año, porque no pudo conseguir lugar en un parador. Tenía 29 años, era migrante y en el registro de muertes del GCBA figura con su deadname porque no respetaron algo básico como la Ley de Identidad de Género. En realidad, a Carolina no le respetaron ningún derecho.
Una forma de construir memoria que tienen en la Asamblea Popular por los Derechos de las PSC es realizar una silueta de las personas fallecidas en el lugar que estaban parando para hacer un llamado de atención a la gente que pasa todos los días por esos lugares.
La estigmatización de cada día
A todos estos hechos hay que sumar que en CABA durante el mes de junio hubo 125 detenciones arbitrarias, requisas y secuestros de pertenencias sin orden judicial, con la idea del GCBA de “limpiar” las zonas. Les secuestran a las personas objetos básicos, como cuchillos o palos que utilizan día a día para subsistir, y les arman una contravención con posibilidad de quedar detenidos. Una clara persecución a los sectores más vulnerables.
Sobre esto, Cintia Bernardo, cartonera que se encuentra en situación de calle e integrante de NTD y Abrigar Derechos, cuenta que hace poco le secuestraron el carro con el que hacía changas. “A mí si me sacan el carro, me sacan la dignidad de poder laburar. Les pedí por favor que no me lleven el carro y terminé en el piso con dos policías varones reteniéndome. Tuve que ir a Parque Lezama adonde se llevan los autos y me pidieron una boleta para que me lo devuelvan. ¡No es posible! Hoy subsisto gracias a las orgas (por las organizaciones sociales) porque por el momento no puedo comprar otro carro”.
La situación de Cintia es la de muchos y denota este principio de criminalizar la pobreza. La jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Natalia Ohman, dispuso la nulidad de esas 125 detenciones y tuvo muchas críticas por parte del gobierno de Jorge Macri. Hasta el momento, según la magistrada, no se enviaron los motivos de esas detenciones.
De la calle al encierro
Además de abandonar a las PSC a la intemperie en medio de una ola polar o detenerlas por revolver la basura, el GCBA está haciendo internaciones sin consentimiento en hospitales neuropsiquiátricos, como el Hospital Borda. Un lugar abarrotado por la gran crisis de la salud mental. No hay un protocolo claro ni se sabe cuáles son los criterios que se utilizan para derivarlos allí como si fuera un mero depósito de personas.
Una trabajadora del Borda denuncia que la Guardia suele estar llena de móviles policiales con gente que sacan de la calle y llevan allí. Y en el caso que se nieguen a recibirla, porque los pacientes no tienen un perfil con una patología, la policía pide una orden judicial que no respeta lo que dicen los profesionales, porque la idea principal es sacar a los pobres sin techo de la calle.
El problema social crece en un país donde alrededor del 60% de la población es pobre y el 20% es indigente. Y en la ciudad más rica del país parece ser que la única solución que tienen es esconder a la gente bajo la alfombra…
¡Hasta que desborde!