Autogestión y cooperativismo contra la crisis habitacional
Organizaciones y movimientos sociales luchan por una. La nacionalización y profundización de la Ley 341.
por Federico Coguzza
“El debate es largo, pero hay que visibilizar, comunicar y hacer docencia porque no está instalada masivamente la potencialidad de la autogestión”, señala Carla Rodríguez, referente del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) e integrante del Colectivo de Hábitat Popular, cuando la conversación está por terminar. Es una buena síntesis de la lucha que las organizaciones, cooperativas y movimientos sociales impulsan y llevan a cabo en relación a la crisis habitacional que en nuestro país se agudiza cada día más.
Hace un año, y por tercera vez, han presentado en el Congreso de la Nación el Proyecto de Ley nacional de producción social autogestionaria del hábitat popular. Un proyecto que propone la nacionalización y profundización de la Ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires. La primera ley de autogestión en nuestro país y que abre la posibilidad de este rol, porque tal como señala Rodríguez: “hablar de autogestión del hábitat implica poner de manifiesto que las organizaciones, cooperativas y asociaciones pueden manejar los recursos y tomar las decisiones para acceder a un hábitat digno”.
Una lucha de años
La ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires fue sancionada en el año 2000. Surge como una iniciativa de los movimientos sociales, y en particular del MOI, que desde el 2008 es una federación de cooperativas autogestionarias. Esta ley es hija de algo que previamente los movimientos sociales lograron instalar en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1996, donde se hace referencia no sólo al acceso a la vivienda digna, sino a un hábitat digno, y al mismo tiempo introduce temas como la recuperación de inmuebles ociosos y la palabra autogestión. “La Ley 341 viene a instrumentar ese carácter de fomentar la autogestión, que está en la Constitución de la Ciudad. Es una herramienta muy flexible y fundamental para tres cosas: transferir de manera directa recursos a las cooperativas u otras organizaciones, como mutuales o asociaciones civiles, para comprar suelo si es que lo necesitan; también para construir o reciclar sus viviendas; y para otro tema muy importante y que hace al rol de la universidad, de los profesionales del campo del hábitat, que es el financiamiento de la asistencia técnica interdisciplinaria”, señala Rodríguez.
Cabe señalar que la Ley 341 reunió y permitió que cada organización administrara los recursos para resolver la necesidad habitacional, manejando, disponiendo y decidiendo sobre el hábitat. Se trata de una experiencia que, por ejemplo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mete debajo de la alfombra, porque la autogestión implica descentralizar poder, capacidad y recursos. Porque alcanza y toca muchos de los negocios de la especulación y la patria contratista que caracterizan sus políticas en lo que respecta a la vivienda. Porque evidencia que se puede construir con lazos solidarios. Porque estas experiencias son mojones de organización soberana y autogestionaria.
Sin ir más lejos, desde el 2002 y hasta 2008 se lograron comprar 118 terrenos en barrios como Barracas, Constitución, San Telmo y Mataderos, entre otros. Todos barrios en los que se logró el acceso a la centralidad y se construyó al costo. Terrenos en los que se definió desde la planificación del proyecto, la consecución del suelo, los equipamientos comunitarios y productivos necesarios y la construcción de las viviendas. “Sin embargo -aclara Rodríguez- desde el año 2008, o sea, desde la llegada del macrismo a la Ciudad de Buenos Aires, desgraciadamente no se ha comprado un terreno más, no se actualiza, sino que se sub ejecuta, se entrega el dinero a cuenta gotas, y se ningunea bajo todo concepto. Y si todavía hay obras de estas características en la Ciudad es, en primer lugar, porque no pueden derogar lo que ya es parte de la Constitución de la Ciudad y, en segundo lugar, porque se gestó un movimiento cooperativo muy activo y muy participativo”.
Por una Ley Nacional de producción social autogestionaria del hábitat popular
El pasado 3 de octubre, y en el marco del Día Mundial del Hábitat, el Colectivo del Hábitat Popular llevó a cabo un acto en el anexo del Congreso de la Nación con el objetivo de apoyar el proyecto de ley nacional. Un proyecto de ley nacional que comenzó a articularse en el año 2016 y que lo que hace es retomar y proponer nacionalizar y profundizar la experiencia precedente de ley 341. “En el 2016 se constituyó el colectivo Hábitat Popular y empezamos a elaborar con el diputado Edgardo De Petri la propuesta de ley nacional”, afirma Rodríguez y agrega: “la misma se presentó en 2016, en el 2019 a través del diputado Leonardo Grosso y el año pasado, más precisamente el 2 de mayo, por medio de Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos”.
El proyecto impulsa un conjunto de herramientas que incluye: un fondo para que las organizaciones populares manejen los recursos, la creación de un banco de inmuebles y, también, la creación de una escuela nacional de formación para las organizaciones populares y los trabajadores del estado del sector, que tenga una visión territorial integrada. Por lo tanto, la lucha para que el proyecto se transforme en ley es una respuesta del movimiento popular ante la negativa por parte del ejecutivo de discutir políticas habitacionales, de articulación intersectorial. Y es la necesidad de compartir experiencias y darlas a conocer porque, al mismo tiempo, no se trata de una particularidad y necesidad solamente de los porteños.
Consultada sobre los avances del proyecto, Carla Rodríguez señala: “Desde el 2 de mayo, te la debo, el proyecto de ley no dio un solo paso. Por lo tanto, estamos en un contexto critico donde ésta no es una lucha aislada, sino más bien, una lucha por políticas de vivienda que son parte de un proceso de discusión y en todo caso de reagrupación general”.
Por qué hábitat y no vivienda
“Los movimientos sociales, las cooperativas y las asociaciones hablamos de hábitat y no sólo de vivienda porque desde nuestra visión es necesario reforzar lo colectivo, lo comunitario y que todo proceso de satisfacción de necesidades tan básicas como la vivienda empieza por los espacios colectivos que también tienen que tener su traducción en los proyectos, en los conjuntos edilicios, en los salones comunitarios. Empieza por relacionarse con otros y entonces producir aquellos equipamientos educativos, culturales, sociales, etc. que nos hacen dialogar y que necesitamos en nuestros barrios. Con el objetivo de desarrollar una visión territorial y comunal integrada”, responde Rodríguez.
De esto se desprende que hablar de la autogestión implica manejar los recursos comunitarios, construir considerando la vivienda como vía de uso a través de encadenados cooperativos con cooperativas de trabajo al costo, de trabajo sin patrón. También implica pagar como corresponde, reconociendo el trabajo profesional necesario para conducir un proyecto soberano de las organizaciones de base.
En línea con esto, Carla Rodríguez concluye: “Hay un sector de la sociedad que cree que las cooperativas son pequeñitas y para la pobreza, otros que piensan que son todos ladrones. No está instalada la potencialidad de la misma, lo que verdaderamente significa una cooperativa. La Ley 341 ha sido un buen ejemplo, y nosotros con el proyecto de ley lo que pretendemos es nacionalizarla y profundizarla. Las familias necesitan las viviendas, pero también necesitan el contexto urbano, el acceso a los servicios, la cercanía a los lugares donde trabajan, donde atiendan su salud, donde se escolarizan. Lo fundamental es jerarquizar lo colectivo y lo comunitario, pensando en el conjunto de los vecinos, pero mirando también la vereda de enfrente”.
La autogestión sirve para las ciudades. Sirve para las comunidades campesinas que están resistiendo el extractivismo. La autogestión sirve para los pueblos originarios. Las comunidades y organizaciones merecen asumir soberanamente la propiedad colectiva.