CABA: Fase 1 recargada

Con negocios, amparos y desamparo

por Proyectar Ciudad

Con más de 67 mil casos de coronavirus confirmados en el país, el AMBA inició ayer una nueva etapa de la cuarentena “endurecida” y más estricta ya que concentra arriba del 90% de los contagios. Según los últimos datos, en la Ciudad de Buenos Aires, el 40,8% de las personas testeadas dan positivo. Aún aparece lejos la luz del final del túnel prometida.

La tasa de mortalidad en la Ciudad es la más alta del país, con 160 muertes por cada millón de habitantes; registra el cuádruple que el Gran Buenos Aires, donde la tasa de mortalidad es de 40 muertes cada millón de habitantes.

En este contexto, la Justicia dirigió distintos fallos al Ejecutivo porteño, ordenando por segunda vez que se entreguen computadoras y se garantice Internet para la educación a distancia; indicando de nuevo que se entreguen elementos de protección al personal de salud en hospitales públicos e incluso advirtiendo que puede recibir apercibimiento con sanciones por los cuatro neuropsiquiátricos de la Ciudad. Aún así, la estrategia oficial es recusar a la Justicia compulsivamente.

Por otra parte, si en noviembre del año pasado la gestión de Juntos por el Cambio aprovechó su mayoría automática para aprobar un proyecto de ley para flexibilizar la venta de inmuebles públicos, el contexto de la emergencia sanitaria sirvió de excusa para modificar a fines de mayo la ley N° 6, que funciona como uno de los pilares fundamentales para la participación ciudadana en las audiencias públicas y ahora son virtuales.

El escenario epidemiológico
En la Ciudad de Buenos Aires ya se superó el 50% de ocupación de camas de terapias intensivas públicas de las 400 disponibles y el 49% de las 1500 generales para pacientes moderados de los hospitales públicos porteños. Asimismo, más de 2500 personas están alojadas en 42 hoteles y en el Centro de Resguardo Costa Salguero, entre pacientes leves y sospechosos, ocupando el 48% de estas camas.

El distrito más rico del país es uno de los focos de mayor preocupación a nivel nacional, debido al crecimiento de contagios que ya superó la barrera de los 20.000 y concentra el 43% de los casos de la Argentina.

No obstante, el brote de este virus se manifiesta de manera dispar dentro de los límites de la Ciudad. El 50% del total de casos se concentra entre Flores, Retiro, Barracas, Villa Lugano y Balvanera y, a la par, volvió a subir el contagio en las villas porteñas. De los 27.183 casos acumulados confirmados el martes 30 de junio, 9.501 están en barrios populares, 9650 en los geriátricos y 1.237 al personal de salud.

La preocupación radica en que la cantidad de enfermos internados en terapia intensiva crece cada vez más rápido y una vez más surge la pregunta sobre el destino que da el Gobierno porteño a los recursos que tiene.

Desde hace más de 12 años los recortes en salud son constantes y si no fuese por la lucha del personal sanitario y quienes defienden la salud pública, podrían ser peores. Basta con imaginar qué podría haber pasado si se concretaba el proyecto del Complejo Hospitalario Sur en un escenario de crisis sanitaria como la actual. Menos camas, menos derechos, menos salud.

Esquivar los deberes y recusar a la Justicia
La Justicia volvió a ponerle un freno al Gobierno de la Ciudad, esta vez tras la muerte por Covid de dos enfermeros, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Marcelo López Alfonsín, indicó que se debe dar cumplimiento a lo solicitado en la medida cautelar dictada, dentro del plazo perentorio e improrrogable de cinco días.

El Ejecutivo porteño debe reforzar las medidas de seguridad del personal de Salud en los hospitales públicos, es decir fortalecer la entrega de elementos de protección, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad a la que aumentan los casos de contagio en los hospitales.

Asimismo, la titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 12, Alejandra Petrella, intimó al gobierno local a que cumpla las distintas medidas cautelares para el cuidado frente al COVID-19 en los cuatro neuropsiquiátricos de la Ciudad, bajo apercibimiento de sanciones.

En el mismo sentido, hace dos semanas Horacio Rodríguez Larreta había sufrido dos reveses judiciales, uno sobre conectividad y otro por la ausencia de protocolos en las villas.

Ahora, la justicia declaró que el gobierno incumplió con la medida cautelar y creó un registro judicial, como vía para que los estudiantes soliciten computadoras e internet. Sin embargo, el Jefe de Gobierno volvió a recusar la medida del juez Andrés Gallardo.

Los negocios con las tierras públicas
Como anticipamos, la flexibilización de la venta de inmuebles públicos fue la antesala de la aceleración de la política de venta masiva de tierras públicas, que ha caracterizado a esta gestión a lo largo de sus doce años de gobierno.

En mayo se aprobó la normativa que habilitó un nuevo régimen virtual, que otorga aún más poder al Ejecutivo en operaciones inmobiliarias. Una de las primeras subastas es la de un sector del futuro Parque de la Innovación en Núñez, donde se planean construir espacios de coworking privados.

Según la Resolución N° 64/SSABI/20 publicada en el Boletín Oficial, la enajenación tiene un mínimo de 10.000 metros cuadrados. Una vez más, el Gobierno de la Ciudad se desprende de inmuebles que considera innecesarios para su administración, pero que pertenecen a todas y todos los porteños.

Esta no es la única subasta, la venta de tierras e inmuebles trasciende la pandemia y son al menos 50 los inmuebles de dominio público con los que Horacio Rodríguez Larreta pretende hacer negocios.

Otra de las subastas alcanza a los locales comerciales del Barrio Olímpico a un precio base de USD1.580.000. Mientras se adjudica apenas un bajo porcentaje de las viviendas particulares del complejo de 29 edificios ubicados en Villa Soldati. El objetivo está en la cara comercial del proyecto y no en la solución para la vivienda que se prometió.

Cabe recordar que la construcción del complejo habitacional estuvo envuelto en denuncias por sobreprecios, que cuestan más de 438 millones de dólares a porteñas y porteños. Mientras las familias que se mudaron esperaban contar con una playa de estacionamiento y más espacios verdes, sólo se han encontrado con mala calidad en la construcción y demora en la resolución de los problemas cotidianos.

Todos los caminos conducen a los recortes de Cambiemos
Todo tiene que ver con lo mismo. Todo “hace juego”. El destino de los recursos es el núcleo central del problema en la gestión actual de la Ciudad y la vía de su resolución. La política de ajuste sobre la salud y la venta compulsiva de tierras públicas tienen graves consecuencias sobre la población.

Con la privatización de tierras no sólo se pierden bienes irrecuperables, que resultan necesarios para desarrollar políticas públicas, sino que además existe un desprendimiento de una superficie que podría ser destinada a ampliar los espacios verdes que también son fundamentales para la salud.

La Justicia dándole órdenes de acciones básicas que debería cumplir el Ejecutivo no sólo debería preocupar, sino que debería alertar a un Gobierno al que, en plena pandemia, le cruje el modelo de negocio y ajuste.

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