Un crimen de odio cada tres días
Cada tres días se perpetró un crimen de odio en nuestro país. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, 69 personas fueron víctimas de crímenes motivados por su orientación sexual, expresión o identidad de género. Este dato se desprende del último Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. Organismo que califica este tipo de crímenes como acto voluntario y consciente -motivado en el rechazo, desprecio, odio y/o la discriminación-, que lesiona tanto el derecho a la vida como a la integridad física de las personas, en particular del colectivo LGBT.
En este sentido, se destaca que el 78% de las víctimas de los crímenes de odios son mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); mientras que el 16 % son varones gays cis, el 4 % son lesbianas; y el 2 % los varones trans.
El 46 % de los casos (32) corresponden a lesiones al derecho a la vida: asesinatos, suicidios y muertes por ausencia o abandono estatal; mientras que el 54 % de los casos (37) son lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.
El 19% de las lesiones al derecho a la vida son asesinatos. Seis en total. Tres de ellos dirigidos a mujeres trans y tres a varones gay cis. Hubo también dos suicidios de mujeres trans. Mientras que por abandono estatal murieron veinticuatro mujeres trans. Respecto a este último items, esta cifra suele ser imprecisa y siempre significativamente menor al número real, dado que estas muertes no figuran en los medios y solo es posible acceder a estos datos a través de la denuncia directa de familiares de las víctimas o mediante la información aportada por otras mujeres trans.
El 91% de las lesiones al derecho a la vida son dirigidas a mujeres trans (29) y el 9% a varones gays cis (3). Estos números muestran que la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida principalmente a las mujeres trans. En el 35% de los casos los crímenes de odio se materializan por la ausencia o el abandono estatal, por causas ligadas al deterioro en la salud, precariedad en las condiciones de vida y falta de acceso a derechos básicos. Mientras que el 28% de los casos la modalidad de los crímenes de odio son los golpes y en el 10% de los casos las víctimas fueron apuñaladas. Le siguen las privaciones ilegítimas de la libertad con el 7% y otros tipos de violencias físicas como abusos sexuales, balazos, cortes y lesiones, estrangulamiento, asfixia.
«La violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios afecta a gran cantidad de personas de la comunidad LGBT, particularmente a las mujeres trans», indica del informe que advierte «Como resultado de las exclusiones sistemáticas y el menoscabo de los derechos básicos las mujeres trans a menudo enfrentan situaciones de pobreza que condiciona las estrategias de supervivencia disponibles y explica el recurso a la economía informal, el trabajo sexual o a las actividades al margen de la legalidad».
«En este sentido -añade el estudio-, la saña, el odio y la vulneración de derechos se manifiesta materialmente en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura; tanto en la vía pública, como en comisarías y penales».
También se destaca que existe un subregistro de estos casos, dado que las víctimas la mayoría de las veces no se atreven a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.
Respecto al vínculo de las víctimas con sus victimarios -es decir, con aquellas personas particulares no forman parte de las fuerzas de seguridad estatales ni integran la función pública-, el informe determinó que en el 29% de los casos los agresores son vecinos/as o personas conocidas por ellas; el 26% corresponde a personas desconocidas por las víctimas; el 8% está constituido por vínculos de pareja, noviazgo, ex pareja o ex novio/a; y el 8% por clientes del trabajo sexual.
La franja etaria más afectada es la de entre 30 a 39 años con el 42,31% de los casos. En el 21,15% de los casos las víctimas corresponden a la franja etaria de 40 a 49 años. El 19,23% de los casos a personas de 20 a 29 años. El 1,92% corresponde a niños/as y adolescentes de 10 a 19 años, y un porcentaje similar a personas de entre 60 y 69 años. Estas cifras dan cuenta que los mayores porcentajes de crímenes de odio se corresponden con las edades más bajas, coincidiendo estos datos con el bajo promedio de vida de las mujeres trans y con los altos índices de violencia que sufre la comunidad LGBT en general.
La provincia y la Ciudad de Buenos Aires son los lugares donde se producen la mayor cantidad de crímenes de odio, con un 35% y un 16% respectivamente: En tercer lugar se ubica la provincia de Córdoba que registra el 9% de los casos. Le siguen Santa Fe y Jujuy, acumulando cada una el 7% de los casos. En Santiago del Estero los crímenes de odio llegan al 4%; en tanto que las provincias Catamarca, Chaco y Misiones acumula cada una el 3% de los casos. Por último con el 1% de los casos cada una: Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Chubut y Santa Cruz. En el 1% de los casos restantes no hay registro sobre el lugar geográfico donde se produjeron los hechos.
Es importante destacar que el 49% de los crímenes de odio se perpetraron en la vía pública; el 29% en la vivienda particular de la víctima y está directamente relacionado con la violencia doméstica y con el ejercicio del trabajo sexual en casas particulares sin ningún tipo de seguridad debido a la falta de regulación. El 11% del total representa los casos ocurridos en establecimientos privados de acceso público y el 2% a establecimientos públicos. El 7% de los casos ocurrieron en comisarías o penales y en el 2% de los casos son cuerpos que se encontraron en zanjones, canales o pozos.
En el contexto de crisis económica y sanitaria actual, miles de mujeres trans se encuentran inmersas en una crisis económica-habitacional, producto de la pandemia. Según la Encuesta Nacional de Alquileres del Mes de Mayo, el 85 % de ellas no pudo pagar el alquiler y el 57 % se quedó sin ingresos económicos. Si bien el gobierno nacional tomó medidas para suspender los desalojos de inquilinos/as por falta de pago, a través de la prórroga de los contratos y el congelamiento del precio de los alquileres, si bien este decreto incluye a hoteles y pensiones, estas acciones solo fueron acatadas en su mayoría por locatarios de inmobiliarias y de dueños particulares en condiciones contractuales. Mientas que la mayoría de las travestis y trans que habitan en pensiones y hoteles que pagan diariamente y sin mediar contrato alguno, quedan expuestas a extorsiones y amenazas por parte de los/as propietarios/as que incumplen dicho decreto, reportándose cientos de casos donde estos/as las arrojaron a las calles por no poder continuar abonando.
Un caso que cobró notoriedad, sucedió en el barrio porteño de Balvanera, en donde el dueño del Hotel Saavedra amenazó con desalojar a ocho travestis que vivían allí. En medio de la pandemia las extorsionaba para que llamaran a clientes y ejercieran el trabajo sexual en el lugar para que pudieran pagarle, exponiendo no solo su salud sino a que se las detuvieran.
La pandemia agravó la precaria situación de vida de la población travesti, en particular aquella cuya única fuente de subsistencia es el trabajo sexual, de manera que la precariedad de esta población fue en ascenso. La respuesta estatal se vio plasmada en una serie de programas sociales, entrega de módulos alimentarios, gestiones para impedir desalojos, y más recientemente, mediante la sanción del decreto que establece el cupo laboral trans para el sector público, que establece que los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1 % de la totalidad de los mismos, por personas travestis, transexuales y transgénero, en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes. Un importante avance para la comunidad trans, ya que a pesar de contar desde 2012 con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género su promedio de vida sigue siendo de 35 a 40 años.
La Federación Argentina LGBT+, junto a la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA Red Nacional), bregan desde hace años por la aprobación de la Ley Integral Trans, presentada en el Congreso de la Nación. La misma, no solo aborda el derecho al trabajo y el cupo en el ámbito público, si no que promueve el acceso pleno a todos los derechos básicos e inalienables de las personas. El proyecto consta de un conjunto de políticas públicas que promueven el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad de derechos para las personas trans y contribuyen a garantizar el respeto de su dignidad y la inclusión a nivel cultural, económico, laboral, en el ámbito de la salud y de la educación, así como en otros ámbitos de su vida ciudadana. Urge que esta ley sea aprobada.