Con este modelo nos fundimos

Yo pregunto a los presentes / Si no se han puesto a pensar / Que esta tierra es de nosotros / Y no del que tenga más / Yo pregunto si en la tierra / Nunca habrá pensado usted / Que si las manos son nuestras / Es nuestro lo que nos den …

Víctor Jara – A desalambrar

“Con este modelo nos fundimos”, dice una pancarta gigante colocada en el enrejado de la Pirámide de Mayo. Es mediodía de un tórrido martes de noviembre. Para la foto, algunos pocos turistas se arriesgan a enceguecer ante el resplandor incandescente del embaldosado blanco que resultó de la última puesta en valor. Plaza de Mayo se ha transformado en la precisa alegoría del país, dividida en dos por un grotesco enrejado que atraviesa hasta las calles que la circundan. Desde esta mitad de la plaza, la que quedó para el pueblo, se divisa el fulgor de la Casa Rosada. Desde esta la mitad de la plaza, pobre en sombras y árboles, y con los parterres de césped vallados con ridículas redes de plástico naranja de un metro de altura, se han apostado un centenar de trabajadores y trabajadoras excluidos del mercado laboral. Cargan cajones, bolsas y trabajo dolido. Realizan un Feriazo Nacional. Han instalado más de 1000 ferias de alimentos en plazas y rutas de todo el país. La mayoría de las mujeres atiende los puestos, venden dos bolsones de verdura a 50 pesos. El calor no da respiro, sin embargo la gente se agolpa para comprar.

“Los pequeños productores de la agricultura familiar somos quienes producimos los alimentos frescos que llegan a su mesa cada día. Si antes era difícil, ahora es peor. Vivimos y trabajamos para pagar alquileres altísimos por la tierra que arrendamos para producir, las tarifas son cada vez más elevadas. Sembramos con insumos pagados a precio dólar y vendemos al mercado en pesos”, dice, micrófono en mano, una de las dirigentes del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE),

“Nuestro trabajo es alimento del Pueblo, no especulamos con él, sin embargo vemos cómo crece el hambre día a día a lo largo de todo el país. Esta situación no da para más estamos en crisis”, agrega.

Como sucede con la dividida Plaza de Mayo, en Argentina hay dos campos:
– El de los grupos económicos concentrados con presencia extranjera, que son los responsables del desmonte y la contaminación, que no producen alimentos sino “comodities”.
– El campo que agrupa a un sinfín de pymes agropecuarias, pequeños productores, campesinos y campesinas, artesanos y pueblos originarios que padecen, como la mayoría del pueblo, la política de ajuste y entrega.

Propulsada por la Alianza Cambiemos, la llamada “ley de semillas” cuenta con el dictamen por la mayoría en la Cámara baja, plantea el pago de regalías por la reutilización de las semillas en el marco de unos supuestos “derechos de propiedad intelectual” que estarán a cargo de corporaciones como Monsanto – Bayer. Su puesta en marcha significará el fin de la actividad desarrollada por generaciones de trabajadores y trabajadoras rurales; el desarraigo y la miseria de los pueblos originarios con la consecuente la pérdida de su identidad.

“Realizamos la noble tarea de sembrar, cuidar, producir y cultivar más del 80% de la comida que llega a las mesas del país. Sin embargo, el modelo impuesto por el gobierno de Cambiemos, nos acorrala. La suba en los servicios públicos, la desregulación en los productos importados en competencia desleal, el aumento de los insumos dolarizados y la caída de los precios de los productos primarios, hacen inviable la continuidad de nuestras actividades”, señalan desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos, rama rural y advierten “La seguridad alimentaria de las familias argentinas está en riesgo. Sin la agricultura familiar y las economías regionales, todo el pueblo se perjudicará con alimentos de peor calidad y más caros por el manejo de las multinacionales. El gobierno se niega a reconocer el valor fundamental del trabajo que realiza la Agricultura Familiar”,

“En el año 2014 el parlamento nacional se aprobó la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, la actual gestión de gobierno se comprometió a reglamentarla. Nunca lo hizo; al contrario ha desmantelado todas las políticas públicas de desarrollo rural que existían de años anteriores”, agregan.
En la ley de Presupuesto 2019, recientemente aprobada, se recorta salvajemente los recursos del estado destinados a fortalecer la actividad de los trabajadores y trabajadoras de la tierra: Al Programa Pro Huerta del Ministerio de Desarrollo Social se le asignan $80 millones, lo que implica un recorte bestial porque el presupuesto 2018 se le había asignado $563 millones. Esto se traduce en un 86% de caída nominal. Además se redujo en $700 millones las partidas para convenios provinciales y municipales destinadas a pequeños y medianos productores y productoras.
En el caso del ex Ministerio de Agroindustria, se elimina el Monotributo Social Agropecuario y desaparece por completo el programa Cambio Rural, reduciendo los recursos orientados a la pequeña actividad agrícola en más del 90%. Sumado al despido de 900 técnicos y técnicas que transferían tecnología y mejoraban la productividad en la producción de alimentos.
“Sin embargo, el recorte no es para todos. Los grandes poderes del agronegocio y terratenientes exportan en dólares y pagan impuestos (a veces) en pesos, y son beneficiarios de bajas impositivas. Plata no falta, se la dan a ellos”, denuncian desde el MTE y agregan: “Próximamente el G20 se reunirá en nuestro país. Queremos dejar claro que seguiremos reclamando nuestros derechos sobre las tierras que nos pertenecen, porque somos productores y la tierra es un bien social. Somos nosotros y nosotras en todo el mundo los que asumimos los costos del cambio climático generado por las grandes potencias”.

Los trabajadores y trabajadoras de la tierra exigen al Gobierno nacional que implemente con carácter urgente:
1.- Asistencia por la Emergencia agropecuaria en las Economías Regionales
2.- Subsidios para la producción (insumos tarifa eléctrica y gasoil) y agregado de valor de la Agricultura Familiar.
3.- En el marco de la ley de emergencia social, más cupos del Salario Social Complementario para los campesinos, que contemplen la particularidad de nuestra actividad y un ente ejecutor de nuestras organizaciones.
4.- Línea de créditos especial, a bajo interés, accesibles para los pequeños productores, para adquirir insumos y maquinaria.
5.- Plan de mejoramiento de la infraestructura agropecuaria (caminos rurales, escuelas, guarderías, etc.)
6.- Compra pública de sus productos sin intermediarios, para abastecer escuelas, hospitales, etc.
7.- Reglamentación plena de la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar.
8.- Reparación histórica a nuestros pueblos originarios. Cumplimiento de la legislación vigente que reconoce el derecho ancestral de acceso a sus tierras.
9.- Rechazan la entrega del patrimonio nacional para el pago de la deuda externa.
10.- Exigen la reincorporación de los 900 trabajadores y trabajadoras del Ex Ministerio de Agroindustria de la Nación.
11.- No a la ley Bayer-Monsanto.
12.- Planes nacionales para el acceso a la tierra para la agricultura familiar.
13.- Regulación de los alquileres de tierras para la producción. Basta de Desalojos.

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