Crímenes de odio hacia la comunidad LGBT+

Un llamado de atención al Estado argentino

En el marco del séptimo aniversario de “Ni Una Menos”,  el Informe Anual sobre crímenes de odio hacia las personas LGBT+  da cuenta que en 2021 se perpetraron en nuestro país 120 crímenes de odio. Cifra reflejada en la abrumadora cantidad de ataques y asesinatos brutales, en especial hacia las compañeras trans. La orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia contra ellas.

El 80 % de estos crímenes (96) corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); el 12 % (14) son varones gays cis; el 4 % (5)  varones trans; el 2 % (3)  lesbianas, y el 1 % bisexuales y no binarias.

Los asesinatos, muertes por violencia estructural,  suicidios, lesiones a la integridad y maltrato físico, conforman la cartografía de las múltiples violencias que sufren a diario las personas LGBT+ en nuestro país. Se trata de graves lesiones al derecho fundamental a la vida,  al acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la dignidad, a la no discriminación y a la igualdad jurídica y social.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+  advierte que el 71 % de estos casos (85) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural, y el 29 % restante (35) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir, violencia física que no terminó en muerte. De los 17 asesinatos relevados: 11 mujeres trans, 5 varones gay cis y 1 un varón trans; 6 suicidios: 2 de mujeres trans, 2 de varones trans y 2 de varones gay cis. En tanto que la violencia estructural se cobró 62 vidas: 60 mujeres trans, 1 varón trans y 1 varón gay cis.

En el 13% de los casos las agresiones provienen de las propias víctimas hacía sí mismas y se corresponden con el alto índice de suicidio, cuyo principal motivo radica en la exclusión, el hostigamiento, la violencia y las precarias condiciones de vida que padece esta población. El 10% de estos crímenes son provocados por clientes de las víctimas, que deben prostituirse para sobrevivir. El 12% por la pareja o ex pareja. El 4% por son familiares: 2% padres o madres y 2% otres familiares. Mientras que en el 23% de estas muertes el vínculo entre víctima y victimario se desconoce y/o se encuentra en proceso de investigación.

En relación a las edades de las víctimas, la franja etaria más afectada alcanza el 29,41% de los casos y corresponde a  personas de entre 20 a 29 años. En el 28,43% de los casos la edad varía entre 30 a 39 años. El  14,71% de los casos, son personas de 40 a 49 años. El 13,73%  es de 50 a 59 años. Y el 6,86% corresponde a la franja etaria que va de 10 a 19 años y de 60 a 69 años, respectivamente. No se registran casos de crímenes de odio de personas de 70 a 79 años.

Estos datos evidencian que el mayor porcentaje de crímenes de odio se desarrolla entre las personas más jóvenes, coincidiendo esta estadística con el bajo promedio de vida de las mujeres trans y el alto índice de violencia que sufre la comunidad LGBT+ en general.

En cuanto a los autores materiales de estos crímenes: el 40% son cometidos por personas privadas; y el 60%  por el Estado y, dentro de este porcentaje, el 8% es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal -configurando todos ellos en su conjunto, casos de violencia institucional-.

En la Ciudad  Buenos Aires se perpetraron 11 crímenes de odio en 2021, este porcentaje del 9,17% es el tercero más elevado del país, luego de las provincias de Buenos Aires que registra el  32,5% de los casos  y de Córdoba con el 10,85%.

El Informe da cuenta, también, de la actual situación  de precarización de las vidas de las personas LGBT+. Las múltiples exclusiones y vulneraciones de derechos, que esta población sufre cotidianamente, pone en evidencia la necesidad de políticas públicas eficaces y acordes a esta emergencia, donde se demuestre el compromiso del Estado argentino en implementar políticas públicas que abran el camino de la inclusión legal a la inclusión social real.

En este sentido el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ manifestó su profunda preocupación por la falta de comunicación y de articulación entre el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y las organizaciones sociales de la diversidad sexual, entendiendo que esta situación genera obstáculos en la posibilidad de detectar las necesidades de la población LGBT+ y la creación efectiva de políticas públicas para la igualdad.

“Este Informe nos permite tener una visión fundamentada sobre la violencia hacia nuestra comunidad LGBT+. La violencia que sufrimos, en especial las personas trans, es muchas veces invisibilizada. El Observatorio visibiliza lo que ya nos pasa de manera cotidiana: nos discriminan, violentan y asesinan. El trabajo sostenido, con políticas públicas relacionadas a la diversidad sexual en todo el territorio nacional, es un camino que construimos desde la militancia de las organizaciones de la diversidad y de la sociedad civil, aunque entendemos que falta todavía mucho para alcanzar esa igualdad real que todes queremos. Es importante destacar la importancia de que el proyecto de una nueva Ley Antidiscriminatoria Nacional, que hemos vuelto a presentar en el Congreso de la Nación, se apruebe, porque será una verdadera oportunidad para garantizar acceso a la Justicia en los casos de crímenes de odio contra las personas LGBT+, y también nos permitirá acentuar los procesos de sensibilización pública, orientados a la prevención de los crímenes de odio en contra de las personas de la diversidad sexual, y de la promoción de una cultura de respeto y de igualdad de oportunidades”, expresó Flavia Massenzio, Presidenta de la Federación Argentina LGBT+.

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