Defendiendo al Capital

por Belén Burgstaller

“Último momento: detienen a 26 personas en Córdoba tras una manifestación en contra de la Ley de ambiente”, escucha Diego en la tele. La Ley de ambiente debería llamarse Ley de destrucción del ambiente, piensa Diego. ¿Cuándo van a entender que Monsanto mata?, piensa indignado mientras toma su bicicleta para encontrarse con sus compañeros y acompañar la lucha de los detenidos.

Diego y sus compañeros no saldrán claramente en la televisión ni en los diarios, sólo se recreará la imagen de un grupo más de manifestantes que se “enfrenta” con la policía. Diego y su grupo deciden realizar un escrache en la Casa de la Provincia de Córdoba, por la represión con los 26 detenidos. Sin banderas políticas, sin estandarte de alguna organización (incertidumbre que al Poder suele poner muy incómodo), sólo con banderas contra Monsanto, comienza el grupo a tirar bombas de pintura contra la Casa de Córdoba. Les llama la atención la gran cantidad de agentes de policía que custodian el lugar: infantería a pie, muchos motociclistas y vallas en varios lados. Pasados 10 minutos, y después de algunos cantos contra la Corporación, se desconcentran de manera pacífica. Al llegar a la esquina de Callao y Corrientes, escuchan ruidos de motos que se acercan. Disparos. Comienza la cacería.

Los manifestantes corren, buscan refugios, las motos de la policía avanzan a gran velocidad por las calles laterales. Atrapan a uno a tres cuadras, a otro más lejos y siguen buscando, siguen persiguiendo. La infantería tira gases lacrimógenos y balas de goma a los que todavía encuentran en el perímetro. De repente, manifestantes ven que un policía está arrastrando a una chica de contextura muy delgada, varios dejan de huir, vuelven a ayudarla, se produce un forcejeo. Doce quedan detenidos y son trasladados a la Súper Intendencia de Investigaciones de Madariaga. ¿Por el escrache? No, por intento de homicidio. ¿Cómo se explica la tremenda cacería en pleno Centro porteño en hora pico? ¿Cómo se explica la carátula de la causa?
Varias organizaciones sociales denuncian que este año el Gobierno nacional dio un giro represivo, una profundización nefasta en el control social. El proyecto de la ley anti piquetes -aplaudido por todo el arco político- que pretende ejercer un poder sobre las manifestaciones populares, las represiones en la capital del país, y los distintos artilugios legales son algunas de las muestras. La represión en la Casa de Córdoba no es un hecho aislado.

Analiza Diego: “Es interesante hacer un paralelismo entre los operativos. De los 26 detenidos en Córdoba, a 2 se les aplica una contravención, a uno lo liberan por ser menor de edad, al resto se los sumerge en un proceso de judicialización. Se los imputa por lesiones leves y graves calificadas, agresión y resistencia a la autoridad. Además, las detenciones siguieron en otros lugares y los mandaron a una cárcel de alta seguridad. Acá fueron 13 horas de detención, pero también en una instancia especial, no en una comisaría sino en Madariaga que es la súper intendencia de investigaciones. Los compañeros detenidos son todos imputados y se les impone el trámite “express” de flagrancia, lo que da un tratamiento rápido a la causa para lograr condenas en menos tiempo”.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), es una organización social y política que activa en el campo de los Derechos Humanos desde hace más de 20 años, con especificidad frente a las políticas represivas del Estado. Ismael Jalil, abogado de la CORREPI afirma: “La represión en la Casa de Córdoba se da en un contexto de agudización del conflicto social y, obviamente, de las respuesta de las organizaciones y del pueblo que no se banca las injusticias; la respuesta que da el Estado es la represión cada vez mayor, con artilugios cada vez más graves, como la calificación primitiva de tentativa de homicidio. Córdoba se transformó en un emblema. Tiene por un lado una legislación represiva como el código de faltas, por el cual a través de la figura del merodeo la policía puede detener a cualquier persona que considere de actitud sospechosa, y por otro lado tiene el desarrollo de los agrotóxicos y de la minería contaminante”.
La coordinación entre los dos Gobiernos, el cordobés y el nacional -que se presentan con intereses opuestos-, para reprimir con igual ahínco a manifestaciones contra la legislación que intenta implantar Monsanto, la Ley de ambiente y la Ley de semillas, llama la atención.

¿Cuál es el negocio detrás de la ley nacional de semillas? 

La agricultura es un gran soporte de la economía argentina, el dinero que de ella se extrae se redirige hacia otras actividades dando un gran impulso al país. Pero pocos son los que se enriquecen con el usufructo y Monsanto amenaza con ser el único. Para esto necesita instalar sus plantas y empresas y cambiar la legislación argentina. Hacia allí se dirige con todo su poder de lobby y presión.
En la provincia de Córdoba ya se aprobó la Ley de ambiente, que establece de interés público la actividad de Monsanto y le allana el camino para la radicación de su planta en Malvinas Argentinas. Por otra parte, Monsanto necesita generar una legislación que permita la posibilidad de patentar las semillas -que las semillas tengan un dueño y se pueda cobrar regalías por su uso-. El Gobierno nacional está impulsando esta ley en el Congreso, y es resistida por varias organizaciones sociales.

Explica Diego: “Monsanto es una de las mayores multinacionales en la industria agroquímica, una corporación internacional  gigantesca, que ha pasado por varios rubros: desde la industria del plástico hasta la industria armamentística. Hoy en día se dedica a las modificaciones genéticas y al desarrollo de agroquímicos como las semillas transgénicas, que son semillas básicamente muertas que nos alimentan todos los días”.
Varios países prohibieron a Monsanto esta actividad y denunciaron los daños que inflige contra la tierra y contra la salud de cualquier ser vivo.
“Ley de ambiente y la Ley de semillas vienen a consolidar un proceso desde el punto de vista legal, porque la presión de las corporaciones agrobiotecnológicas para apropiarse de una mayor cantidad de la renta, ya es un hecho -dice Maximiliano Mendoza, miembro del Grupo de Reflexión Rural (GRR) y agrega-. La disputa con la Argentina para generar un nuevo esquema de patente, tiene que ver con algunas presiones que inclusive se manifestaron a nivel diplomático desde el gobierno de Néstor Kirchner, cuando Monsanto presenta demandas ante tribunales europeos porque los productos derivados de la soja en Argentina no estaban pagando patentes. A partir de ahí se generaron ciertas negociaciones en la embajada de los Estados Unidos con diplomáticos y funcionarios del gabinete de Obama, que vinieron a presionar para generar un nuevo esquema legal”.

Algunos de los productos que desarrolla Monsanto se basan en modificar genéticamente la naturaleza, creando por ejemplo la soja rr2 que resiste al glifosato. Las semillas que desarrolla tienen una tecnología que le permite generar un insecticida propio profundizando los efectos de las fumigaciones, que ya por sí mismas matan la flora bacteriana del suelo y los insectos, lo cual rompe el equilibrio natural.
Dentro de la lógica de la Ley de semillas, realizando una modificación mínima se puede registrar como propia una creación de la naturaleza sin que la legislación exija demasiados argumentos, por lo cual, las empresas tendrán a disposición toda la información necesaria para adueñarse de la producción agrícola y cobrar regalías por sus “creaciones”.
“Las dificultades que trae este modelo de producción son varias. En primer lugar, tenemos una cuestión política económica: se crea un esquema de dependencia de relaciones asimétricas.  Hoy la Argentina tiene una economía reprimarizada, casi el 70 por ciento de las exportaciones son de origen primario y nosotros importamos cada vez más productos industriales que vienen de China, porque es justamente la principal consumidora de nuestros commodities”, plantea Mendoza. Por otro lado, las secuelas ambientales y biológicas ya están empezando a salir a la luz. El agotamiento del suelo es una de las principales secuelas de este modelo económico. En el año 2011, el INTA de Casilda realizó un estudio sobre la perdida de las propiedades minerales del suelo y advirtió que dentro 10 años va a ser mucho más improductivo, casi inutilizable.

Criminalización de la protesta social

“Hoy se da la profundización de algo que el Gobierno siempre tuvo y que fue distorsionando y ocultando con un discurso mentiroso. La criminalización de la protesta social fue una constante en este modelo. Ahora, se profundiza porque se acentúan las luchas al crecer las situaciones de injusticia por el proceso de acumulación de riquezas, que este Gobierno ha protegido, teniendo a la cabeza los negocios de los agrotóxicos y de las mineras extractivas. Entonces la gente responde a este contexto, si te están pudriendo el medioambiente, si te están sacando los recursos y te despiden de las automotrices, te están agrediendo”, reflexiona Ismael Jalil.
CORREPI denuncia un hostigamiento a los trabajadores que se disponen a revindicar sus derechos. En las últimas semanas fueron detenidos y judicializados los empleados de las empresas Lear, ENFER y Gestamp.
Existe un aumento de la judicialización y de la profundización de la disciplina social para quienes se disponen a luchar contra las bases y estructuras de los gobiernos. Esto no parece distinguir entre oposición y oficialismo, para defender al capital y criminalizar la protesta social el Estado parece ser uno solo.

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