¿Defensoría del Pueblo?

por Federico Coguzza

Hace más de 20 años, Eduardo Galeano escribió: “La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones educativas. No exige examen de admisión, no cobra matrícula y gratuitamente dicta sus cursos. En la escuela del mundo al revés, el plomo aprende a flotar y el corcho, a hundirse. Las víboras aprenden a volar y las nubes a arrastrarse por los caminos”.

Hace 25 años, cuando la escuela del mundo al revés no había sido presentada como tal, aunque ya existiera un reino bien ilustrado por María Elena Walsh, la constitución de la Ciudad de Buenos Aires creó la Defensoría del Pueblo. La premisa era que sea una de las instituciones que velara por los derechos de los y las ciudadanas porteñas en la transición de una democracia representativa a una democracia participativa y ambiental. Sin embargo, como sucede en la escuela o en el reino o un poco más cerca, la Defensoría del Pueblo al Pueblo no lo defiende, sino que lo ataca.

Una defensoría de espaldas a las necesidades
“Para comprender el actual rol que tiene la Defensoría del Pueblo hay que partir de cuál es el rol constitucional que debería tener la Defensoría del Pueblo. Este organismo ha sido facultado, creado para defender principalmente los derechos colectivos de la ciudadanía porteña ante problemas estructurales”, las palabras son de Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que en diálogo con Periódico VAS concluyó: “En las últimas gestiones, este rol constitucional se fue desvirtuando, en vez de funcionar como una Defensoría, es decir, estar del lado de la ciudadanía, se fue corriendo al medio, transformándose en un espacio de mediación o negociación, en los que termina perdiendo la ciudadanía”.

El corrimiento que señala Baldiviezo se caracteriza entre otras cosas por: un contexto permanente de saqueo de lo público, venta de tierras, transferencia de recursos públicos a manos privadas, contexto de privatización de la normativa urbanística, crisis habitacional, aumento considerable de la gente en situación de calle, crisis ambiental con un plan sistemático de mutilación y tala de árboles, escasez de espacios verdes y proyectos de privatización del vial costero.

En esa línea, y en conversación con Periódico VAS, María Eva Koutsovitis, Ingeniera y Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria sostuvo: “Hoy a 25 años de la sanción de nuestra constitución, el poder público está capturado por un sector político inmobiliario que impide que los derechos y la democracia participativa y ambiental puedan ejercitarse. La Defensoría ha asumido un rol mediador cuando los derechos humanos, sociales, ambientales y urbanos no deberían ser moneda de negociación. Y un dato no menor, es el presupuesto millonario que administra. Se estima que para este 2021, el presupuesto ascenderá a 3 mil millones de pesos, presupuesto que no es discutido participativamente con el conjunto de la ciudadanía y sus organizaciones”

Una Defensoría acéfala
La renuncia de Alejandro Amor como titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para encabezar la lista de candidatos a legisladores por el Frente de Todos dejó acéfalo a este organismo. Por lo que la Legislatura comenzó el procedimiento para designar un nuevo defensor o defensora. La postulación al puesto venció el 17 de septiembre y sólo hubo dos postulantes: María Rosa Muiños, legisladora del Frente de Todos y vicepresidenta del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y Jonatan Baldiviezo, cuya postulación fue impulsada por alrededor de 200 colectivos, asambleas y organizaciones ciudadanas.

Sin embargo, y aunque resulte paradójico, el aval que necesitaba la postulación de Baldiviezo para hacerse efectiva no llegó de parte de ninguna y ninguno de los legisladores. En relación con esto, Koutsovitis afirmó “Por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires no va a haber debate de candidatas y candidatos a ocupar la Defensoría del Pueblo. La proscripción de la iniciativa ciudadana que impulsaba como candidato a Jonatan Baldiviezo deja en carrera a la única postulante. El haber impedido el debate ciudadano respecto al rol de la defensoría, e impedido el mecanismo de elección del defensor o defensora del pueblo, ponen en evidencia la cooptación por parte del poder político de nuestras instituciones”.

Por su parte, Marina Caivano, miembro de La Defensoría de Laburantes, le dijo al Periódico VAS “el primer planteo era poder tener gente que ya esté representando al pueblo de la Ciudad dentro de la Defensoría, como no hubo aval de ningún legislador -cosa que hace de esto un circo cerrado- encaramos lo que realmente queremos, que no es un candidato de nuestras organizaciones adentro, sino que las asambleas sean la cabeza de la Defensoría del Pueblo. Las asambleas, las organizaciones que ya venimos demandando con la población de la ciudad y trabajando en las necesidades de la gente”.

Recuperar la Defensoría
Ante lo sucedido, las más de 200 asambleas y organizaciones de la Ciudad, que además habían recibido el apoyo de miles de personalidades destacadas de la cultura, del feminismo, del sindicalismo y de la defensa de los derechos humanos, sociales, ambientales y urbanos, se manifestaron: “Estamos convencidas y convencidos que la Defensoría de la Ciudad tiene que ser el ámbito institucional en donde se sintetice la defensa del derecho a la ciudad y la democracia urbana y además se pueda operativizar el paradigma de una democracia participativa y ambiental a través de una conducción compartida con la red de asambleas y organizaciones porteñas”, refiere Koutsovitis.
Y Caivano sostuvo “creemos que la práctica democrática que supone la Defensoría del Pueblo hay que recuperarla cuando la población de la Ciudad viene tan golpeada en sus necesidades y en la cercanía con los organismos del Estado, que lo único que vienen haciendo es manejar enormes presupuestos para no resolver las mínimas necesidades de la población. Es una campaña difícil, pero crecerá si sumamos visibilización, y más asambleas y colectivos entiendan esta necesidad como prioridad. Si podemos agruparnos, lograremos recuperar los instrumentos del Estado”.

Con la organización y movilización que impidió la venta de los terrenos de Costa Salguero como estandarte, Koutsovitis sostuvo “las asambleas, colectivos y colectivas, organizaciones ciudadanas venimos dando reiteradas muestras de vitalidad democrática y convicción en nuestra resistencia al modelo privatista que hace décadas se consolida en nuestra ciudad, despojándonos de nuestro hábitat urbano, de nuestra cultura, de nuestra historia y nuestra identidad”. Y concluyó tajante: “Es inadmisible que la ciudadanía no pueda participar de la elección y discusión de quién va a llevar adelante la defensa colectiva de nuestros derechos”.

Sin la Defensoría del Pueblo del mundo al revés, para Caivano “muchas personas podrían tener no resueltas sus necesidades, pero sí al menos la defensa legal o la posible gestión de sus necesidades y demandas. Y, por otro lado, la institución movería lo que hasta ahora sólo vienen haciendo las asambleas y organizaciones, atendiendo las necesidades más urgentes de la población”. Y ejemplifica, con el trabajo que realizan en la Defensoría de Laburantes, “nosotros no tenemos ningún tipo de presupuesto de organismos del Estado ni de empresas privadas. Somos un colectivo que se auto gestiona, generamos nuestros ingresos y desde hace un año estamos trabajando y atendemos decenas de consultas por día de diferentes áreas de derecho, de necesidades individuales y colectivas.

Somos muchos abogados atendiendo personas y nos damos cuenta de dos cosas: primero que es posible, por lo que la Defensoría que tiene un número grande de presupuesto podría hacer muchísimo más; y la otra, es que vemos de cerca y podemos comprender las necesidades de los que poblamos la Ciudad de Buenos Aires”.

Para Jonatan Baldiviezo “los derechos humanos y los derechos colectivos no se negocian, se respetan y se garantizan, pero en las instancias de mediación termina ganando la parte más fuerte que suele ser el poder público”. Y esto se ha puesto de manifiesto cuando cada vez menos la Defensoría del Pueblo plantea acciones judiciales colectivas, negando esa posibilidad.

A tal punto, que la Defensoría del Pueblo, en el mundo al revés, y en los últimos años no ha presentado ni un solo amparo, mientras que las asambleas que no son reconocidas para participar han presentado más de 100. Todas en defensa del Pueblo.

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