Denuncia vecinal por Incumplimiento de ley de Comunas
El Ejecutivo de la Ciudad deberá comparecer ante la justicia por denuncia vecinos por el incumplimiento en la aplicación de la Ley Comunas.
El 14 de julio, el Jefe de Gobierno Macri deberá comparecer en una audiencia pública citada por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, para que informe sobre el atraso en la convocatoria a elecciones de las autoridades comunales.
La denuncia fue presentada por un grupo de vecinos y apunta al incumplimiento de la ley 3233, sancionada el año pasado (ver nota). Recordemos que recién el mes de octubre del año pasado la Legislatura porteña se dignó a sancionar la ley 3233 que fija la realización de los comicios para el 5 de junio de 2011 y obliga al gobierno de la ciudad a “iniciar un programa intensivo de difusión y formación pública relacionado con el proceso de descentralización”.
Ante incumplimiento de la norma en cuestión y la absoluta ausencia de “campañas de esclarecimiento y divulgación mediante el uso del sistema de medios de publicidad públicos”, un grupo de vecinos que denunció que el Poder Ejecutivo incumplió con los artículos de la ley de Comunas que obligan a difundir la convocatoria a elecciones para sus autoridades, que la Ley 3233 fijó para el 5 de junio de 2011.
Como descargo, el Poder Ejecutivo sostuvo, que este pedido de audiencia era abstracto ya que el reclamo estaba cumplido (dado que la Ley fija la fecha de elecciones). Los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde, Alicia Ruiz y Luis Lozano rechazaron este argumento. Considerando que si bien el pedido hacia referencia a la fecha electoral, también apuntaba a la omisiones que el gobierno viene haciendo en cuanto a realizar “todas las medidas de su competencia necesarias a fin de la realización efectiva de dicha elección” y consideró que la audiencia “permitiría ilustrar acabadamente al Tribunal acerca del estado actual del asunto en debate”.
A la audiencia también fueron convocados el procurador general de la ciudad, Ramiro Monner Sanz; el fiscal general Germán Garavano, y el abogado de los reclamantes, Horacio Acebedo.