El diálogo con el Gobierno porteño sobre Parque Lezama es “inexistente”

Los organismos de aplicación de las leyes de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico y de conservación de Monumentos Históricos (ley 12.665 y 25.743 respectivamente), consideraron “poco seria” o “inexistente”, según el caso, la discusión que da el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno a las obras del Parque Lezama.
Mientras la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (CNMMLH), a cargo de Jaime Sorín, espera -después de varios intentos fallidos- que el Gobierno porteño habilite para el diálogo a algún interlocutor válido, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INALP) negó haber sido consultado por los funcionarios porteños que pusieron en marcha las obras.
“La obra es tan desprolija como el diálogo que propone el gobierno de Macri para explicar a los vecinos la decisión de enrejar el parque. Las rejas son apenas una parte de las obras que modifican el parque, un sitio de potencial arquelógico”, dijo  Jaime Sorín, titular de la CNMMLH, antes de la reunión que se postergó de ayer a hoy.
Sorín informó que “espera que esta vez esté presente un funcionario que pueda responder con documentación sobre las obras que hace casi un año realiza el Gobierno porteño”.
El funcionario explicó que para “hacer obras en un sitio como el Parque Lezama existe una ley, la 25.743, y organismos de aplicación que debieron dar un permiso”, y no lo dieron.
“Las rejas son una parte de las obras que pueden hacer peligrar el sitio y sus monumentos. Los trayectos originales del parque, hoy modificados; los tradicionales copones, muchos de ellos tirados cerca de donde se realizan las tareas; y las 55 luminarias que nadie sabe decir dónde están, son algunas de las desprolijidades”, estimó Sorín.
Desde el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, a cargo de Diana Rolandi, informaron que ese organismo no cuenta con ninguna notificación ni pedido de autorización ni permiso para la realización de obras en el Parque Lezama.
“Somos el órgano nacional de aplicación de la Ley de Patrimonio Arqueológico. Legalmente, corresponde que para este tipo de proyectos se designe un profesional arqueólogo, encargado del seguimiento de las obras”, sostuvo Rolandi.
Según el INAPL, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Gobierno porteño “tendría que haberlo notificado a nosotros antes de iniciar la obra. Es como actúa cada jurisdicción ante un proyecto que afecte el patrimonio arqueológico”.
El trabajo de este Instituto consiste en garantizar que las obras se hagan tras un estudio de impacto y potencial arqueológico y que se cumpla con el seguimiento de un profesional especializado, capaz de distinguir un resto arquelógico que muchas veces aparece fragmentado, dificilmente identificable, señalaron.
Ambos órganos de aplicación coincidieron en que de la ley establece una serie de requisitos para garantizar la preservación del patrimonio, que “el Gobienro porteño no ha cumplido”.
En el caso del Parque Lezama, las obras se realizan sobre un terreno vinculado a un pasado histórico relacionado con la comunidad afrodescendiente, porque en ese lugar “se comercializaban esclavos” durante la colonia, dijo  Mauricio García, integrante de la Asamblea Parque Lezama.
Si bien no está confirmado si el subsecretario de Uso del Espacio Público porteño, Patricio Di Stéfano, participará esta vez de la reunión con Sorín, García confirmó que los vecinos celebrarán una asamblea a las 19, para resolver “los pasos a seguir”.
“El Parque Lezama, que fue declarado sitio con potencial arqueológico por la Unesco por haber sido escenario de esa parte de nuestra historia, exige de un tratamiento cuidadoso por parte de los vecinos y el Gobierno”, sostuvo García.
“Hoy buscamos que el barrio no escuche a los medios de comunciación que quieren hacer creer que éste es un conflicto entre vecinos”, agregó.
El pasado 10 de febrero el Gobierno porteño comenzó a colocar rejas en el parque como parte de las obras de refacción que allí se realizan, pese a que las mismas no formaban parte de la licitación original, según denunciaron los vecinos.
Para la colocación de esas rejas, la administración macrista aprobó una partida adicional por de 6.832.987, que se sumó a los 23 millones de esos contemplados para la obra.

Fuente. Télam

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