El negocio de taparse la boca
La crisis sanitaria del COVID-19 desnudó operaciones fraudulentas en la compra de barbijos con sobreprecios, contrataciones a empresas amigas del Gobierno de Larreta y el abandono de lxs trabajadorxs de la salud que se juegan la vida en la primera línea de atención.
por Mariano Pagnucco y Alejandro Volkind
Cierto saber popular dice que la actual crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19, ayudará a desnudar la esencia de las cosas. En el distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta, la pandemia también dejó al descubierto algunos negociados que les han hecho levantar fiebre a las autoridades porteñas, a pesar de la buena salud de la que gozan por el respaldo electoral y el blindaje que construyen los medios más beneficiados con la pauta oficial.
¿Podrá la Administración Larreta salir inmune de tantos desmanejos políticos en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social? ¿Hasta cuándo podrán taparse con renuncias de funcionarios y desmentidas mediáticas las operaciones fraudulentas que realiza el Estado porteño? ¿Existe margen de maniobra desde la oposición política, los sindicatos y las organizaciones sociales para alterar la buena reputación de la que goza el alcalde en la opinión pública?
Los negocios dudosos quedan en familia
La pregunta de una periodista desacomodó a Larreta en la conferencia de prensa del 13 de abril: «Respecto de la compra de barbijos para la Ciudad, quería saber si es real que se ha pagado 3.000 pesos cada barbijo y cómo se justifica ese precio». El alcalde se puso serio y miró rápidamente hacia la izquierda, buscando el auxilio de su jefe de Gabinete, Felipe Miguel. «Todas las compras que hacemos desde la Ciudad son transparentes», respondió el funcionario en medio de una explicación vaga.
Una semana antes, la Resolución N° 115 de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud autorizaba la compra directa de 15.000 barbijos «de Alta Eficiencia Tipo 3M» por un total de 45 millones de pesos. Así, el Gobierno porteño compraba mascarillas a 3.000 pesos la unidad… cuando el precio de mercado para ese producto es inferior a 1.000 pesos.
La compra de barbijos con sobreprecios favoreció a la empresa Green Salud S.A., cuyo dueño es Ignacio Sáenz Valiente, abogado del Grupo Clarín y un personaje de aceitados vínculos empresarios: desde Héctor Magnetto hasta el sindicalista Víctor Santa María (Suterh). Una investigación periodística de La Nación señala que en el domicilio fiscal de Green Salud (Av. Santa Fe 768, piso 5) funcionan otras empresas, como Midas Hotel Management.
Midas también fue beneficiada con una contratación directa de Ciudad, precisamente del Ente de Turismo, para alojar personas en el marco de la cuarentena en el Hotel BA Central. Un total de 5.439.511 pesos fueron destinados a esa operación, que consta en la Resolución N° 67 del Ente de Turismo (10/4/20). El detalle es que Midas tiene como director a Sáenz Valiente y como una de sus titulares a Ximena Vallarino Alfaro Díaz Alberdi. La mujer de nombre largo no es otra que la media hermana del alcalde, hija como él de Cristina Díaz Alberdi.
Para sumar condimentos a la historia, en el mismo domicilio de Green Salud está radicada la sociedad Green Ocean Trust Insurance, una compañía que tuvo como accionista a Rodrigo Miguel, nada menos que el hermano de Felipe, el funcionario que sacó del apuro a Larreta en la conferencia de prensa.
El escándalo cobró mayor fuerza con el correr de los días. Luego salió a la luz que Green Salud sólo había entregado 1.600 del total de 15.000 barbijos pedidos por el Gobierno y que todas las unidades habían vencido para su uso en 2016 (información confirmada por la empresa 3M).
El embrollo de contrataciones polémicas en medio de la pandemia desembocó en la renuncia de dos funcionarios: Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud, y Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero no fueron los únicos casos sospechosos.
Tres proveedores de un mismo insumo
En abril también hubo una serie de compras de barbijos igualmente escandalosas, pero que no tuvieron el mismo eco mediático. Concretamente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adquirió 6 millones de mascarillas pagando un 100 por ciento de sobreprecio a empresas fantasmas que ni siquiera se dedican al rubro de la salud. En total, las arcas porteñas se vaciaron con un excedente de 207 millones de pesos.
La secuencia fraudulenta tiene tres partes:
Parte 1: Compra a E-Zay por 340 millones. El 30 de marzo de 2020, a través de la Resolución N° 87/2020, se aprobó la Contratación Directa a la firma E-Zay S.R.L. (CUIT: 30-71475989-2) para comprarle 5 millones de barbijos por un monto total de 340 millones de pesos, es decir, que el precio por unidad fue de 68 pesos.
La empresa E-Zay S.R.L. fue fundada en 2015 y más allá de su objeto social –donde aparece “Comercialización, distribución, importación, exportación de equipos informáticos; Brindar servicios informáticos; Gestionar, operar y comercializar licencias informáticas”–, el resto es un misterio: no posee página web, ni redes sociales y los teléfonos de contacto que aparecen en el expediente no pertenecen a un abonado en servicio.
De insumos médicos, ni una sola palabra. Sin embargo, fue la empresa elegida para una de las compras más importantes de barbijos del Gobierno porteño. En la contratación directa –es decir, que el Gobierno la eligió especialmente para esta tarea– E-Zay le vendió unidades a 68 pesos cada una. En la oferta presentada, la empresa reconoce que es una intermediaria que comprará los barbijos a la empresa Dimex, verdadera fabricante de esos insumos, explicitando su carácter de intermediaria.
Parte 2: Compra a Amicibro por 77 millones. Tres días más tarde, la situación se volvió a repetir pero con la empresa Amicibro S.R.L. y con un precio todavía mayor. La Contratación Directa N° 2134/SIGAF/2020, del 3 de abril, benefició a Amicibro (CUIT: 30-71602014-9) para la compra de un millón más de barbijos de uso médico a 77 pesos cada uno.
Al igual que en el caso de E-Zay, el objeto social de la empresa es ajeno a la salud: “Industrialización, comercialización, reparación y mantenimiento de equipos eléctricos o electrónicos, en especial de computación, sus accesorios, partes e insumos; desarrollo de software, procesamiento de datos y prestación de todo tipo de servicios relacionados”. En el expediente, la empresa reconoce que es una intermediaria que comprará los barbijos, nuevamente, a Dimex (cuya razón social es CinMor S.R.L.).
Habría sido valioso poder consultarle a la empresa por su repentino interés en los insumos médicos, pero contactarse con Amicibro fue imposible: la página web está en construcción, no posee redes sociales y los teléfonos de contacto que aparecen en el expediente no ofrecen ningún interlocutor al marcar.
Parte 3: Compra a Dimex por 119 millones. Finalmente, el 6 de abril el Gobierno aprobó y adjudicó la Contratación Directa N° 2165/SIGAF/20 a la empresa Dimex para la compra de 3.400.000 barbijos por un monto total de 119 millones de pesos, a razón de 35 pesos cada unidad.
¿Será que la tercera, como dicen, es la vencida? ¿Cómo es posible que el GCBA no haya contratado directamente a la empresa Dimex desde el comienzo, en lugar de las contrataciones anteriores con empresas que se dedican a la computación y la informática?
La compra de 9,4 millones de mascarillas de protección le representó a la Ciudad un desembolso total de 536 millones de pesos. De esa cifra, 6 millones de barbijos se adquirieron con 207 millones de pesos de sobreprecio. La información se conoció gracias a un trabajo de investigación conjunto entre el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, la CTA Capital, ATE Salud Nacional y Unidad Popular.
Para tener una referencia de mercado, Periódico VAS consultó a la Red Textil Cooperativa por un presupuesto para una compra de 5 millones de barbijos. La Red agrupa a cooperativas de trabajo que, a través del asociativismo, pretenden consolidarse como un emprendimiento económico-productivo integral en el rubro textil. Es, también, un ejemplo concreto de las empresas de carácter social que le ponen el pecho a la pandemia.
El precio por unidad que ofrece la Red es 49,50 pesos, es decir, unos 20 pesos menos que las empresas informáticas E-Zay y Amicibro. Si el GCBA hubiese comprado los 6 millones de barbijos allí, habría ahorrado 120 millones de pesos.
Entre los amparos y el cheque en blanco
Mientras los billetes del Estado van a parar a unos pocos bolsillos, en la Ciudad ya se dictaron una veintena de fallos contra el Gobierno porteño por la falta de insumos en los hospitales. En todos los reclamos se repite la carencia de Equipos de Protección Personal (EPP) contra el COVID-19, particularmente los barbijos de tipo N95, destinados al personal que está en contacto directo con pacientes contagiados, y los barbijos quirúrgicos descartables que utiliza el resto del personal de los centros de salud.
Grupos de enfermerxs, médicxs y psicólogxs presentaron una acción de amparo para que la Justicia obligue al GCBA y/o a las aseguradoras a que les provean los materiales para trabajar, ya que no tenían ninguna protección. «Por algo Argentina tiene la tasa más alta de personal de salud enfermo, y desde que empezó la pandemia fallecieron tres enfermeros», alerta Walter Benítez, enfermero del Hospital Pirovano que se sumó al amparo. En un plazo de 24 a 48 horas, la Justicia hizo lugar al pedido de lxs trabajadorxs.
Walter: «Antes, un enfermero iba y pedía el equipo de protección, que tiene que ser algo natural si voy a trabajar con un paciente de COVID, y no te lo daban o te lo daban incompleto o de mala calidad. Ahora, con la sentencia, que ordena que se provea ese material bajo pena de una sanción económica, te ven la cara y ya te dan el equipo. Y te quedás pensado… ¿faltaba o no faltaba?».
El profesional cuenta el caso de una enfermera del Hospital Tornú, que fue el primer amparo favorable. Con la resolución judicial en mano, el Gobierno tuvo que entregarle los elementos de protección. «Los compañeros no tenían protección pero ella sí… ¡una locura!”, dice Walter. El panorama actual: quienes tienen garantizados los EPP son las menos de cien personas que impulsaron un amparo; el resto, no.
Mientras se cierra esta nota, el larretismo busca aprobar en la Legislatura un ambicioso proyecto de ley para declarar la «Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Una herramienta legal para que el Ejecutivo pueda manejar a gusto las contrataciones, el presupuesto y los sueldos de lxs trabajadorxs estatales, entre otros aspectos. Para la oposición es «un cheque en blanco» que no está dispuesta a firmar, toda vez que reforzaría aún más la coraza que todavía protege al blindadísimo Horacio.