La controvertida nueva Ley catastral
En la sesión de hoy de la Legislatura de la Ciudad, el oficialismo aprobó la modificación de la Ley de Catastro. La nueva norma, impulsada por por el titular del Ejecutivo, Horacio Rodríguez Larreta, regula la ubicación y la extensión de los inmuebles edificados y/o baldíos y abre una la puerta a la posible radicación de barrios cerrados en el territorio porteño.
La iniciativa obtuvo 36 votos positivos de los bloques Vamos Juntos -que reúne al PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública- Socialista y el de UCR-Evolución, en tanto que recibió 20 sufragios en contra del Frente de Todos y las bancadas de la Izquierda durante la sesión ordinaria.
Puntualmente, quedaron sancionados una serie de cambios a la ley de Catastro 3999, que se fundamentan en la necesidad «actualizar disposiciones que han quedado obsoletas con los avances tecnológicos, los nuevos procedimientos y necesidades de la Ciudad».
La iniciativa ingresó al Parlamento porteño el 3 de junio pasado y, durante el debate en la Comisión de Planeamiento Urbano, los legisladores de la oposición advirtieron que la inclusión de las figuras «conjuntos inmobiliarios» y «propiedad horizontal especial», abre la posibilidad, a futuro, de habilitar los barrios con perímetro cerrado.
Si bien, la bancada oficialista de Vamos Juntos retiró de la redacción del expediente ambos términos; la medida no convenció a los legisladores del Frente de Todos que solicitaron que la eliminación «no garantiza que no vayan a existir barrios privados o barrios náuticos en Ciudad».
«Lamentablemente, en el conjunto de artículos queda encubierta la posibilidad de avanzar en barrios privados, sobre todo, en uno de ellos que cambia la denominación ´eje de calle´ por el de ´vía pública´, lo que anticipa la posibilidad que ante la inexistencia de ´vía pública´, dentro de un perímetro establecido, pueda haber vías que no sean públicas, lo que habla de barrios privados», indica el legislador Javier Andrade.
Por su parte, el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas había solicitado a los legisladores del oficialismo porteño que incluyan «taxativamente» en la reforma de la ley de Catastro «el carácter indefectiblemente público de todas las vías y calles existentes y futuras», así como «la prohibición expresa de constituir enclaves urbanos cerrados».
«La nueva ley no debe contener términos interpretables y/o asimilables a situaciones urbanas ajenas a nuestra cultura ciudadana y a lo expresado en las normas superiores nombradas», sostienen desde esa organización y advierten que «se debe asegurar que todas las calles y/o vías de nuestra Ciudad sean de dominio público y acceso irrestricto, incorporando así todo sector urbanizado o a urbanizar a la trama urbana».
En tanto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Ministerio Público de la Defensa de Ciudad consideran que la reforma a la norma de Catastro, puede generar «condiciones adversas para implementar de manera adecuada las leyes de reurbanización e integración socio urbana» en barrios populares.
«Entendemos que la falta de discusión sobre el proyecto de ley abre fuertes interrogantes acerca de las construcciones que no se encuentran en condiciones edilicias adecuadas y cómo el proyecto contribuirá o no a la titulación», indican en una misiva enviada a la Legislatura porteña.
Esta preocupación esta centrada puntualmente, en la reforma del Capítulo 6 de la ley de Catastro, destinado a los Barrios en Proceso de Integración Urbanística, en cuanto a que «los términos de su redacción pueden generar condiciones adversas para implementar de manera adecuada las leyes de reurbanización e integración socio urbana».
En este sentido, la norma sancionada hoy establece un régimen particular para Barrios en Proceso de Integración, tales como la Villa 20, el barrio Rodrigo Bueno, el Playón de Chacarita y la ex Villa 31, donde se permitirá registrar la mensura sin exigir el registro de la construcción ni el relevamiento de los hechos interiores existentes.
«Si bien la incorporación de las parcelas sobre las que se asientan Barrios Populares en el Catastro es un paso relevante dentro del extenso proceso de regularización urbanística y dominial, los cambios incorporados en la nueva legislación, permitirán extender y consolidar la precariedad habitacional, en tanto no pretende identificar el hecho construido antes de la incorporación en los registros catastrales de la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, se estaría habilitando al Gobierno porteño a omitir la obligación de mejorar las viviendas antes de iniciar el trámite para la regularización», señalan las organizaciones citadas.