La batalla por el sentido común
Cómo la ultraderecha construye mayorías
por Juan Pablo Costa
La discusión sobre el rumbo de un país empieza cuando una mayoría se pregunta qué se hace con lo que produce, y quién se lo queda. En América Latina se están formando mayorías, y se inclinan hacia la derecha. En el último año, José Antonio Kast llegó a La Moneda con el 58% de los votos, convertido en el primer presidente desde el retorno a la democracia que había hecho campaña por la continuidad de Pinochet. En Colombia, Abelardo de la Espriella le ganó a Iván Cepeda por menos de un punto. Keiko Fujimori en Perú y Laura Fernández en Costa Rica completaron la secuencia. Y en Brasil, el hijo de un ex presidente condenado por intentar un golpe de Estado terminó la primera vuelta por delante de Lula. Marca esto un clima de época.
La Argentina se adelantó. Fue el primer país del mundo en llevar a la presidencia a un dirigente que se define como libertario, y el proceso avanzó acá más rápido y más lejos que en los países donde nació esta nueva ultraderecha. Un panelista televisivo sin partido propio, con vínculos con grupos económicos de peso, pasó a la Casa Rosada en un lapso que pocos años antes habría parecido imposible. Lo que en 2023 parecía una excentricidad argentina hoy tiene imitadores en buena parte del continente.
¿Por qué ganan?
Sería cómodo explicar estas victorias como un engaño colectivo. Las raíces son más profundas. La crisis financiera de 2008 nunca se resolvió: los Estados centrales rescataron bancos con recursos públicos mientras las mayorías cargaban con la austeridad, el estancamiento salarial y la precarización. La promesa de que la democracia garantizaba por sí misma bienestar y ascenso social se rompió, y en América Latina ese malestar se sumó a la inseguridad, a la inflación y al desgaste de gobiernos progresistas que no lograron transformar la estructura económica que heredaron.
Sobre ese suelo material, la ultraderecha construyó algo más difícil de desarmar: un sentido común. El Estado dejó de presentarse como el que corrige las desigualdades y pasó a ser señalado como el que las produce, con una «casta» improductiva que vive del esfuerzo ajeno. La desigualdad dejó de explicarse por la concentración de la riqueza. Max Weber estudió cómo la ética protestante convirtió el éxito material en señal de virtud y el trabajo en vocación. La versión que circula hoy conserva la mitad de ese esquema: el que progresa es porque se lo merece, y el que cae es porque no se esforzó lo suficiente. Pero donde el puritano ahorraba, el emprendedor consume. El dólar barato, el viaje al exterior, el último modelo de celular y la billetera virtual funcionan como prueba de pertenencia a un mundo que parece estar al alcance de la mano. Las iglesias de la prosperidad, con peso creciente en Brasil y Centroamérica, cierran el circuito con una teología en la que la riqueza es una bendición y la pobreza, una falta de fe. Queda lejos la tradición católica latinoamericana que hizo de la opción preferencial por los pobres un mandato.
En esa aspiración hay también una cuota de responsabilidad propia. Los gobiernos progresistas de la región mejoraron salarios, ampliaron derechos y distribuyeron ingresos, y eso era imprescindible. Pero en buena medida lo hicieron ensanchando el consumo privado antes que los bienes públicos, sin tocar a fondo las estructuras económicas y sin disputar el sentido de esa mejora. Una mejora material que no viene acompañada de otra manera de entender la vida en común termina reforzando la lógica del mercado. Se formaron consumidores antes que ciudadanos, y cuando el ciclo se agotó, la ultraderecha encontró a ese consumidor dispuesto a escuchar que el Estado era el obstáculo.
Las redes sociales hicieron el resto. Que un mensaje simple comunique mejor que uno complejo no tiene nada de nuevo: fue así en la plaza, en la radio y en la televisión. Lo nuevo es que la ultraderecha entendió antes que nadie el lenguaje de las plataformas, donde la reacción inmediata pesa más que el argumento, y supo convertir su programa en relatos breves, emotivos y fáciles de compartir. Y en plataformas que premian la agresión y la interacción negativa, juega de local: su relato siempre necesita un enemigo que explique por qué al que mira el video no le va mejor. Una motosierra en treinta segundos instaló la idea del ajuste mejor que cualquier plataforma electoral. El progresismo, en cambio, sigue hablando en el formato del documento y la conferencia, y dejó ese territorio casi sin disputa.
Premios y castigos
El malestar explica buena parte del voto, pero las mayorías también se empujan desde afuera, y Washington tiene un método. Ya lo vimos en 2019, cuando el FMI desembolsó cerca del 90% del préstamo más grande de su historia antes de que Mauricio Macri fuera por la reelección, aun con las metas del programa incumplidas. En 2025 la escena se repitió con otro protagonista: antes de las legislativas, el Tesoro de Scott Bessent abrió un swap por 20.000 millones de dólares y salió a comprar pesos, mientras Donald Trump avisaba que la generosidad de su gobierno dependía de que ganara Milei.
Brasil mostró la otra cara de la moneda. En 2025, Trump castigó con aranceles de hasta el 50% a las exportaciones brasileñas para presionar por Jair Bolsonaro, condenado por el intento de golpe. A tres meses de la elección, anunció un nuevo arancel sobre un tercio de las ventas de Brasil a Estados Unidos, y Flávio Bolsonaro llegó a pedir por escrito que se postergara hasta después de octubre, porque aplicarlo antes podía favorecer a Lula. Entre las exigencias que Washington puso sobre la mesa, trascendió el acceso previo a cualquier negociación brasileña sobre sus propios minerales críticos. En Colombia, Trump respaldó abiertamente a De la Espriella en plena campaña.
Premios para el aliado, castigos para el díscolo. Que un candidato que pidió sanciones contra su propio país haya llegado a disputar la presidencia palmo a palmo muestra hasta qué punto ese método dejó de tener costo político.
El precio de la lealtad
El capítulo minero del acuerdo comercial con Estados Unidos lo dice con todas las letras: la Argentina se propone dar prioridad a Washington como socio comercial y de inversión para el cobre, el litio y otros minerales críticos, en bruto o procesados, por encima de «las economías o empresas que manipulan el mercado» (una forma diplomática de nombrar a China). El Gobierno se comprometió además a trabajar con las provincias, dueñas de los recursos, para facilitar la llegada de capitales estadounidenses. A eso se suma la adhesión a la zona preferencial de minerales críticos para Washington con un RIGI que, como analizamos en otras notas, ofrece exenciones garantizadas por tres décadas.
En marzo, Trump reunió en su complejo de golf de Miami a una docena de presidentes afines para lanzar el Escudo de las Américas, una coalición comprometida a usar fuerza militar letal contra los «carteles» y a frenar la «influencia extranjera» en el hemisferio. Brasil, México y la Colombia de Gustavo Petro quedaron afuera de la lista de invitados. Milei estuvo en primera fila. Venezuela ya había mostrado qué significan los «carteles» en ese vocabulario: Nicolás Maduro fue secuestrado en Caracas bajo la acusación de encabezar el llamado Cartel de los Soles, y la guerra contra el narcotráfico terminó funcionando como una herramienta para remover a un gobierno adversario, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del planeta.
La promesa que acompaña a cada alineamiento es la inversión, y los datos argentinos la desmienten. La inversión extranjera directa neta, la que se radica en proyectos productivos de largo plazo, se volvió negativa en 2025, algo que no ocurría desde hacía más de una década. Lo que crece son los enclaves: minería, petróleo y gas, actividades con pocos encadenamientos con el resto de la economía, que emplean poca gente y exportan casi sin procesar, mientras la industria, el comercio y la construcción siguen en retroceso.
La mayoría pendiente
La salida tampoco está en cambiar de tutor. Los BRICS y China ofrecen instrumentos valiosos de diversificación, como los swaps, los bancos de desarrollo y los mecanismos de pago en monedas locales, pero todavía no conforman un sistema financiero alternativo, y sería un error presentarlos como tal. Lo que está en disputa es la autonomía relativa: la capacidad de negociar con todos sin subordinarse a ninguno, de exigir que los recursos se procesen en el país y de usar la integración regional como herramienta económica. Brasil y México sostuvieron ese camino en los últimos años, bajo una presión creciente. La Argentina fue la primera en abandonarlo.
Recuperarlo exige dar la pelea en el terreno donde la ultraderecha viene ganando, el del sentido común. Sería un error esperar que el desengaño llegue solo, cuando la promesa del dólar barato y del mérito individual choquen con la realidad. La ultraderecha siempre tiene a quién responsabilizar de sus propios fracasos: el inmigrante, el desocupado, el empleado público, el «subsidiado». Una crisis sin otro relato que la explique puede terminar alimentando al mismo proyecto que la provocó. Por eso las fuerzas populares tienen por delante una disputa de mediano aliento, la que postergaron cuando gobernaban: una batalla de ideas que construya otro sentido común, con explicaciones que lleguen tan rápido como un reel sin resignar la complejidad de los problemas. Si el modelo no logra mejorar la vida de las mayorías, eso sumará a esa disputa, pero no la reemplaza. Las mayorías que hoy acompañan la entrega se construyeron, y del mismo modo se pueden construir otras, capaces de sostener un camino de independencia económica, soberanía política y justicia social.