La Patria no se seca
Mientras el gobierno de Milei entrega el agua al mejor postor, las corporaciones se frotan las manos y los pueblos se secan. La patria no se rinde, pero el Estado sí. Esta es la historia de cómo un derecho humano se convirtió en negociado.
por Melina Schweizer
El agua no se vende. Esa fue la consigna que recorrió Latinoamérica durante las luchas contra el neoliberalismo de los noventa. Pero en la Argentina de 2025, no solo se vende: se empaqueta, se exporta, se tarifica y se transforma en un botín para unos pocos. Todo esto en nombre de la libertad y de un libertario que convirtió el ajuste en religión y la entrega en política de Estado.
Con el decreto 494/2025, el gobierno nacional habilita la venta del 90% de las acciones de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.), empresa pública que garantiza el acceso al agua potable y el saneamiento a millones de personas. No se trata de una modernización: es una reprivatización al estilo menemista, sin control social, sin evaluación de impacto ambiental, sin debate parlamentario. Se trata de liquidar un derecho básico y convertirlo en un negocio redondo para capitales extranjeros.
Pero esta entrega tiene antecedentes y aliados. Desde 2022, varias provincias argentinas firmaron convenios con Mekorot, la empresa estatal israelí acusada internacionalmente por violaciones a los derechos humanos en Palestina. Mekorot fue denunciada por organismos de la ONU por implementar una política de apartheid hídrico en los territorios ocupados: controla el 80% del agua, que destina a Israel y a los asentamientos, y deja a los palestinos con el 20% restante, muchas veces vendida a precio de mercado.
Que esa misma empresa sea recibida en Argentina con alfombra roja y acuerdos sin consulta habla de una complicidad brutal. Mekorot no llega sola: trae una lógica de despojo, una tecnología que decide quién accede al agua y quién no, una política de control territorial a través de las canillas. Y en ese espejo roto, Argentina empieza a parecerse peligrosamente a otros territorios ocupados por el capital y la impunidad.
El decreto 494/2025 cristaliza ese modelo. Le da marco legal a lo que venía avanzando en la sombra: convenios secretos, cesión de soberanía, privatización encubierta. Se elimina el rol del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), se habilitan tribunales internacionales para resolver conflictos, y se entrega información estratégica sobre nuestros acuíferos. En criollo: el agua pasa a ser un commodity y nosotros, sus rehenes.
La historia ya la conocemos. En los noventa, Aguas Argentinas prometió inversiones que nunca llegaron, multiplicó las tarifas y dejó sin servicio a miles. En 2006, el contrato fue rescindido y se creó AySA como empresa pública. Volver a privatizar no es innovación: es volver al desastre con marketing libertario. Es fetichizar la eficiencia mientras se destruye lo público.
¿Quiénes ganan? Fondos de inversión, empresas off-shore, operadores que lucran con bienes comunes. ¿Quiénes pierden? Quienes viven en barrios sin red de agua, quienes no pueden pagar una tarifa dolarizada, quienes creen que el agua es un derecho y no un privilegio.
Demian Reidel, asesor de Milei, lo dijo sin pudor: «El problema de Argentina es que está poblada por argentinos». No es un chiste. Es el resumen de una política que desprecia al pueblo, criminaliza la pobreza y vende el futuro. Y si el pueblo estorba, el plan es secarlo.
Pero hay memoria. Hay organizaciones que denuncian estos negociados. Hay provincias que frenaron los convenios. Hay barrios que saben que sin agua no hay vida. Hay periodistas, asambleas, comunidades originarias, movimientos populares que están diciendo basta.
Porque el agua no se negocia. No se cotiza. No se entrega.
Porque si el pueblo tiene sed, es el poder el que está en deuda.
Porque donde hay un arroyo, hay un derecho.
Porque la Patria no se seca.
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