La perversa rueda de la Deuda externa
El contexto económico actual bajo el gobierno de Javier Milei se caracteriza por un brutal ajuste que, a pesar de generar un superávit fiscal, ha llevado a un crecimiento desmedido de la deuda externa. Estas políticas se traducen en una búsqueda desesperada de dólares por parte del gobierno, ya sea del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial o de cualquier otro ente que pueda proporcionar asistencia financiera, con el fin de sostener un modelo económico que muchos críticos describen como generador de hambre y miseria. Este enfoque produjo la destrucción progresiva de la industria y el comercio local, así como de los ingresos de los sectores más vulnerables de la población. Además, se observa una alarmante degradación de los recursos naturales esenciales para la vida, como el agua, los suelos y los bosques, que son cada vez más subordinados a los intereses de corporaciones transnacionales y gobiernos extranjeros. Este escenario recuerda a los efectos devastadores de las políticas económicas implementadas en la década de 1990, que llevaron al país a un colapso social en el año 2001 y que dejaron una herencia de vaciamiento y ajuste que duró años.
Este es el panorama que describe el comunicado de la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda, donde también expresa su preocupación por el plan central del gobierno, el cual incluye recortes masivos en partidas fundamentales como jubilaciones, medicamentos del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), salarios estatales, fondos destinados a universidades, obras públicas en infraestructura esencial como rutas, escuelas y hospitales, así como en asistencia económica a las provincias y programas sociales críticos, como Potenciar Trabajo y la alimentación en comedores comunitarios. Medidas que no sólo mantienen el ciclo de pobreza y miseria, sino que también profundizan las desigualdades y despojan a las comunidades de sus derechos básicos, como el mantenimiento de rutas, escuelas, hospitales, edificios públicos, auxilio económico para provincias y programas de asistencia social (como el Potenciar Trabajo o los alimentos de los comedores).
La contracción en la actividad económica del país se sitúa, en este primer año de gestión libertaria, un escalón por debajo de finales de 2023, con una caída general del -1,9%. Los descensos en sectores clave de la economía como la industria (-6%), la construcción (-11%) y el comercio (-6%) son preocupantes, dado que estas áreas son fundamentales tanto para la generación de empleo como para el valor agregado en la economía. «No se trata de un efecto secundario de la política económica: esa es la política económica que el Gobierno eligió para enfrentar los altos niveles de inflación», asegura el comunicado.
Política económica disfrazada de «batalla cultural» que afecta a las poblaciones más vulnerables, recortando aquellos programas destinados a reducir las desigualdades en una sociedad patriarcal, quitar apoyo a las familias campesinas, impidiéndoles el acceso a la cultura y obligando a miles de hogares a enfrentar un incremento de la precarización laboral, que recae principalmente sobre mujeres y disidencias, quienes se ven obligadas a trabajar más horas por una remuneración cada vez menor. Siendo la población migrante uno de los sectores más expuestos a una creciente estigmatización en un clima donde incluso los niños son víctimas de iniciativas legislativas que buscan reducir la edad de punibilidad.
Si bien la prioridad política número uno estuvo puesta en el pago de la deuda externa, alarma que a lo largo de todo este año la deuda externa haya crecido en lugar de disminuir. Desde la Autoconvocatoria aseguran que este fenómeno se debe a que «la misma es utilizada para reforzar el hundimiento de la economía como herramienta contra la inflación, por medio de mecanismos de la quita de pesos de circulación». De esta forma, $8,4 billones de pesos permanecen en una cuenta inmóvil en el Banco Central, producto de lo que el Gobierno colocó como nueva deuda y del ajuste de la economía. Y se reservaron $4 billones al adelanto de la compra de dólares para los pagos de deuda del año 2025. «El pago de los intereses sobre esta estafa garantiza a los grandes especuladores sus ganancias récord valuadas en dólares», sentencia este colectivo.
Si bien la denominada “salida del cepo” se presenta como la llave maestra para la reactivación de la economía del país. Desde el Gobierno temen que la liberación del mercado de cambios genere una nueva devaluación incontrolable que se traslade a los precios, alterando aún más la ya frágil estabilidad económica, como se evidenció tras la devaluación de diciembre de 2023, que provocó un incremento inmediato de precios y repercusiones negativas en el poder adquisitivo de la población. Para mitigar estos riesgos, el Ministro de Economía, Luis Caputo, ha manifestado la necesidad de asegurar financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de fortalecer las reservas del Banco Central y así estar mejor preparados frente a una eventual corrida cambiaria que atente contra el peso argentino.
Sin embargo, en el contexto mundial actual, el acceso inmediato a dólares a través del mercado de crédito internacional sigue siendo un objetivo esquivo; el Gobierno busca evitar que la reputación política que ha logrado tras la disminución de la inflación se vea comprometida por decisiones recesivas que podrían alienar a los votantes.
Por otro lado, la fórmula para hacerse de dólares y seguir haciendo girar la rueda de ajuste es achicar al máximo la producción local (salvo en algunos sectores exportadores que insumen poco empleo), dejando un panorama económico con menos trabajo, mayor miseria, inseguridad creciente, vidas pauperizadas y una creciente depredación de los recursos naturales y los territorios de las comunidades. En paralelo tendremos un mayor endeudamiento y una hipoteca gigantesca que pretenderá ser pagada luego con más ajuste o en un nuevo relanzamiento del endeudamiento odioso y perpetuo. Además del interés, tanto el FMI como el Banco Mundial y los prestamistas privados exigen condiciones. De “normalidad capitalista” en los negocios, y también exenciones impositivas y privilegios jurídicos como ofrece el RIGI, infraestructura a medida, contención de las demandas populares, y lo que se les ocurra plantear. La economía local y la suerte de quienes vivimos en la Argentina queda en las manos de enormes fondos internacionales o de los Gobiernos que integran el directorio del FMI y del Banco Mundial (donde Estados Unidos tiene poder de veto).
Además, la elección de figuras clave del gobierno que previamente participaron en la gestión de Mauricio Macri, como Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich, genera además un dilema ético y político, ya que estos personajes están asociados a una época marcada por una intensificación de la deuda pública y un aumento de la pobreza, todo bajo el contexto de un compromiso con el FMI que priorizaba la fuga de capitales en lugar de la estabilidad económica nacional.
Para sostener ese ajuste hasta ahora, el Gobierno viene avanzando en un camino de autoritarismo. Con represiones callejeras y la criminalización de dirigentes piqueteros y sindicales. Avanzaron en su plan al filo de desconocer la cobertura republicana del Congreso. Se manejaron con Decretos de Necesidad y Urgencia con los que establecieron inconstitucionalmente una nueva fórmula de actualización de jubilaciones, el poder del Ejecutivo para aumentar la deuda pública sin aprobación parlamentaria, el fin de la Ley 26.160 de emergencia en materia de las tierras de las comunidades indígenas, etc., o con los vetos que dieron marcha atrás con el aumento de jubilaciones y el incremento de salarios de docentes y no docentes universitarios. En ese escenario, los grandes partidos tradicionales se dividieron, con el pase a apoyar al Gobierno de sectores de la UCR, el PRO, el PJ. Como vimos recientemente, hasta fueron comprados legisladores. Estos espacios no pudieron garantizar una oposición al Gobierno, salvo en la derogación del DNU con fondos excepcionales para la SIDE.
A pesar de los intentos represivos del Gobierno, este año no faltaron las luchas y movilizaciones. Y la calle va a seguir siendo el escenario donde se van a expresar las convocatorias en defensa de la salud, la educación, los salarios, contra el hambre, contra la violencia machista, la discriminación y la desigualdad, los derechos de las niñeces, la defensa de los territorios y los bienes comunes, entre otras.
Todas esas luchas parciales van a enfrentar un modelo que tiene el pago de la estafa de la deuda como un punto central. Fue solo con la presión de las calles y el levantamiento del 19 y 20 de diciembre de 2001 que se logró suspender la mitad del pago durante tres años y empezar a recuperar lo perdido, mostrando además que otro camino es posible.
En este contexto, Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago y la Investigación de la Deuda convoca a resistir en unidad, señalando las relaciones entre cada ataque a los sectores populares y el pago de una deuda que no debemos. También, para plantear la urgencia del Nunca Más a la deuda ilegal e ilegítima, a los acuerdos con el FMI, para que puedan tener éxito los esfuerzos colectivos para construir una sociedad diferente, al servicio de nuestros derechos como pueblos y naturaleza.