Las corporaciones dominan Buenos Aires

Por Clarisa Ercolano

Visibilizar, reflexionar y poner en cuestión, con estos objetivos se constituyeron este año los Juicios Éticos y Populares a las corporaciones de la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué es lo que se pretende poner en evidencia? Cómo estas megaempresas avanzan sobre la cotidianidad de los porteños. Cómo están convirtiendo a Buenos Aires en una ciudad cada vez más excluyente.
Lejos del paradigma del Buen Vivir donde el desarrollo urbano, la calidad de vida de la población, la vivienda y el ambiente, dan respuesta a las necesidades sociales de sus habitantes, en la metrópolis porteña se impone la lógica de la especulación inmobiliaria, la mercantilización de la cultura y el usufructo comercial del espacio público.

IRSA, Metrovías, TBA, Roggio, Ashira, RIVA; son algunas de las firmas que fueron sentadas en el banquillo que ocupan aquellas empresas que por su accionar, representan un riesgo para el ciudadano porteño. Quienes impulsan los juicios éticos tienen un lema claro: “Contra el saqueo de los bienes comunes, la especulación inmobiliaria y la construcción indiscriminada”. Esta iniciativa está promovida por un conjunto de organizaciones sociales, políticas y culturales junto a colectivos en lucha del país y de toda América Latina y parte de su tribunal ético está conformado por figuras de peso como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, Herman Schiller, Maristella Svampa y Liliana Daunes, entre otros.
“IRSA es en la Ciudad, lo que Monsanto es en el campo, la Barrick en la Cordillera y Chevrón en el subsuelo: expresiones del extractivismo y el saqueo”, dice sin vueltas Jonatan Baldiviezo, uno de los voceros de esta organización. La comparación no es desmedida, ya que a través de un informe que surgió de estas asambleas ciudadanas, se dejó al descubierto que IRSA es uno de los grupos económicos con mayor poder e influencia en la ciudad de Buenos Aires, que maneja desde centros comerciales: es dueña de 6 de los shoppings más importantes de la Ciudad y de otros en el resto del país; posee edificios de oficina de gran envergadura (como el edificio de Microsoft y el Rulero ubicado en el barrio de Retiro), y lleva adelante emprendimientos que fomentan la especulación inmobiliaria y la construcción indiscriminada.

Hoy por hoy, IRSA es el grupo inmobiliario más grande de la Argentina y su cara visible es Eduardo Elsztain aunque, los vínculos con el poder resultan evidentes cuando por ejemplo, aparece como gerente de Relaciones Institucionales de IRSA durante diez años, Augusto Rodríguez Larreta, hermano de Horacio, jefe de Gabinete porteño. Aunque parezca imposible que alguien pueda ponerle el cascabel al gato, sobran acusadores que se ven afectados por estas construcciones, como el caso de los vecinos de Saavedra (villa Mitre) con el shopping DOT que sufren inundaciones desde que una parte de los desagotes del megacentro de compras los usa de vaciadero; los vecinos de Palermo con la construcción ilegal del nuevo shopping ubicado en los Arcos; un mall a cielo abierto que se abrirá sin el más mínimo estudio de impacto ambiental; o los habitantes de la villa Rodrigo Bueno con el futuro mega emprendimiento que quieren llevar adelante en la Ex Ciudad Deportiva de la Boca, en Costanera Sur, que generaría daños en la ya maltrecha Reserva Ecológica además de una suba de la temperatura en el microcentro porteño ya que los edificios impedirían la llegada del viento ribereño, entre otros.

“Estos juicios surgen a partir de la necesidad de visibilizar y desarrollar las instancias necesarias que garanticen un juicio ético y social a corporaciones quienes en connivencia con los poderes del Estado, llevan adelante la imposición de un modelo de ciudad expulsivo, exclusivo, inadecuado para vivir, instalando una relación funcional entre el ámbito urbano, la especulación inmobiliaria y la emergencia habitacional, con el agregado de que esto resulta en la sobreexplotación, mercantilización y exportación de nuestros bienes comunes en los ámbitos no urbanos”, explica Baldiviezo. “La idea es impulsar un nuevo paradigma: el del Buen Vivir en la Ciudad, donde el desarrollo urbano, la calidad de vida de la población, la vivienda y el ambiente, estén basadas en las necesidades sociales y en la utilidad social de la tierra, por sobre y más allá del capital”.

IRSA, Salvatori S.A., Cirigliano y otras yerbas

Otra audiencia abierta y pública fue dedicada a Salvatori S.A., corporación de capitales nacionales con más de 60 años de presencia en el país y el manejo del 80% de los espacios verdes en la Ciudad.
De acuerdo a los informes, Salvatori S.A., surge de la mano de Nazareno Salvatori en los años ´50 como un pequeño vivero en el barrio de Belgrano. Hoy, lleva adelante prestaciones de servicios públicos y privados, en una estrecha ligazón con el poder político al obtener licitaciones y adjudicaciones de forma directa. Sus proyectos verdes en la Ciudad, se desarrollan con más cemento y menos césped y tiene el control, delegado por el Estado, de cierre y apertura de plazas y parques. Genera una sobrefacturación desmedida, por ejemplo por 210 m2 para una posta aeróbica en Parque Centenario, adujo un total de casi $ 5.000.000, facturando $ 22.000/m2 en promedio.

Entre sus clientes figuran el gobierno de la Ciudad, Banco Nación, el Poder Judicial, Puerto Madero, mientras que en el sector privado aparecen Riva S.A., Alto Palermo, IRSA, Caputo S.A. y Banco Hipotecario. La sociedad con el ex asesor del jefe de gobierno Mauricio Macri y dueño de Caputo S.A., Nicolás Caputo, llevo a la compra de un parte de la empresa en el 2006 y a afianzar los vínculos con los sectores de poder político y económico local.
Otros que han sabido construir un imperio sin escrúpulos son los hermanos Mario y Claudio Cirigliano, titulares del Grupo Plaza, que integra, a su vez, el holding Cometrans. En los noventa, el negocio fue aprovechar las privatizaciones del Estado: obtener la concesión de los servicios de trenes y quedarse con la explotación del subte. Progresivamente y al calor del poder, los hermanos Mario y Claudio Cirigliano convirtieron la herencia paterna en un verdadero imperio familiar amparado mayoritariamente por los subsidios del Estado.
Las empresas de los Cirigliano también fueron enjuiciadas por el tribunal popular que eligió además la emblemática estación de Once para realizar las asambleas.
Ahora bien, ¿qué se busca con estas acciones ciudadanas que parecen la nada misma frente a semejantes holdings? “El resultado de este proceso será a través de un conjunto de audiencias en las que un jurado compuesto por diversas personalidades, organizaciones y colectivos comprometidos, facilitará la fundamentación y resolución de una sentencia popular, en donde se analizarán las responsabilidades políticas y sociales de las diferentes corporaciones responsables en la promoción de un modelo de ciudad expulsivo, en articulación con poderes del Estado y de los medios de comunicación”, explican a Periódico VAS.

Enrique Viale, abogado ambientalista y participante de los juicios plantea un concepto interesante cuando señala que “de forma paralela, la Naturaleza y los espacios públicos son completamente sacrificables para el crecimiento de la ciudad y la generación de renta, para las corporaciones inmobiliarias. Se impermeabilizan los suelos, se construye y urbaniza irracionalmente y se avanza sobre las superficies absorbentes, en áreas urbanas y suburbanas planificadas por la especulación inmobiliaria y no por el interés general, a través de los privilegios concedidos por quienes ocupan cargos en los Estados”.
En este sentido, el escritor uruguayo Raúl Zibechi sostiene que una de las incógnitas más difíciles de resolver es saber si es posible llevar el ‘Buen Vivir’, sin hacer que las ciudades se vuelvan sistemas incapaces de sostenerse por sí mismos. Enrique Viale considera que la respuesta a este interrogante es el giro ecoterritorial que están dando las organizaciones sociales y asambleas en las ciudades, mediante la defensa de los parques, los espacios públicos y el acceso a la vivienda, así como la promoción de otras relaciones sociales y de intercambio.
Por su parte, Juan Marino, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), y miembro del espacio “Buenos Aires en Venta”, que viene movilizándose a la Legislatura porteña, señala: “Si bien jurarán los nuevos legisladores porteños, quienes todavía no abandonan sus cargos, es decir, los partícipes de este pacto que hemos denominado PRO-K-UNEN, seguirán avanzando, hasta el 9 de diciembre con leyes que vienen implicando una privatización escandalosa de la Ciudad y de sus recursos, en contra de los trabajadores y a favor de la usurpación capitalista. Al igual que el año pasado, IRSA es la pata fundamental de esta coincidencia entre el kirchnerismo y el macrismo en la defensa de los mega-paquetes, a la que se ha sumado, traicionando a sus votantes, la coalición de Carrió-Solanas. Uno de los proyectos en carpeta, el más importante, es el de la habilitación de un megashopping en Caballito en favor de ese grupo dirigido por Eduardo Elsztain y la construcción de trece megatorres en la Costanera Sur, también para IRSA”.
Buenos Aires en Venta, además de variadas organizaciones sociales, barriales y piqueteras, incluye a la TPR de Juan Marino y a la Asamblea del Barrio Charrúa, al MST de Alejandro Bodart, al Frente Popular Darío Santillán, el MTL Rebelde, el FOL-COB La Brecha, el MP La Dignidad, y una ruptura del PCR-CCC (CRCR), entre otros. Es una continuación del espacio que viene combatiendo contra los negociados de IRSA desde el año pasado. En este sentido, Marino aclaró: “A fines de 2012 nos movilizamos a la Legislatura también, y las oficinas de este grupo. En ese momento el ahora ministro de Economía Kicillof se reunió con el legislador Ritondo para garantizar que a cambio del voto de Cabandié y la tropa del FPV, se vote la rezonificación de terrenos ferroviarios para poder legalizar el Centro Comercial de IRSA en Palermo y la construcción de viviendas del Plan Pro.Cre.Ar, cuyos créditos otorga el Banco Hipotecario de Elsztain. Mientras tanto cientos de miles viven hacinados en una situación de emergencia habitacional, como los compañeros que se movilizan con nosotros, en nuestro caso del barrio Charrúa, pero también de infinidad de lugares de la Capital Federal”.

La batalla, a simple vista, parece desigual. Pero sin dudas, se persigue que la sociedad deje de pensar que un shopping es algo “lindo” para ver que es una construcción de alto impacto que si no se realiza con los debidos recaudos puede perjudicar a gran parte de la población. “Al extractivismo urbano hay que oponerle el Derecho a la Ciudad, un concepto en construcción y en disputa; una puja urgente de sentidos que hay que impulsar sobre qué es lo público; quién decide el planeamiento urbano; para qué y qué se construye; el carácter de bien de uso de la vivienda; la relación de la ciudad con la Naturaleza; el sentido de las grandes obras urbanas; qué es una plaza y para qué sirve, si tiene sólo un sentido paisajístico. Dejar de entender a las calles solamente como vías de comunicación –como son concebidas desde el extractivismo urbano– y volver a proyectarlas como lugares de encuentro, de relación e interacción social. En definitiva, repensar de quién es la ciudad y quién decide sobre ella”.

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