Lesbicidio en Barracas: Los discursos de odio matan
por María Fernanda Miguel
Los ataques hacia la comunidad LGBTI+ no son algo nuevo; sin embargo, este año se suman dos factores alarmantes: la legitimación desde el poder de discursos que atacan a este colectivo, y el vaciamiento de las áreas orientadas a proteger y acompañar a esta comunidad.
En la madrugada del lunes 6 de mayo, en un hotel de la calle Olavarría en Barracas, Fernando Justo Barrientos arrojó una bomba molotov en la habitación donde dormían Sofía Riglos, Andrea Amarante, Pamela Cobbas y Mercedes Figueroa. Las mujeres intentaron escapar, pero Barrientos las empujó, impidiéndoles salir. En el incendio murió Pamela, dos días después Mercedes, su pareja. Una semana más tarde, falleció Andrea, pareja de Sofía, la única sobreviviente de este horror.
El victimario intentó quitarse la vida en un baño del hotel haciéndose un corte en el cuello, pero fue detenido por la policía. Los testigos aseguran que en varias ocasiones Barrientos se dirigió a las mujeres en términos despectivos, llamándolas “tortas” o “engendros”, y que las amenazó de muerte. Esto indica que se trató de un crimen premeditado motivado por el odio, y se está solicitando que la causa sea caratulada como lesbicidio.
“Las mataron por lesbianas”, dijo a Periódico VAS Jesi Hernández, activista lesbiana LGTBI+ y vocera de Autoconvocades de Lesbianes por Barracas. “Lo que no se nombra no existe”, apuntó y destacó la importancia de calificar a este crimen como lesbodiante, ya que muchos medios trataron el tema como un hecho aislado más. Inicialmente, se hablaba de un incendio en el que había muerto una mujer y había varios evacuados. Tras el fallecimiento de Mercedes, este crimen fue catalogado por algunos medios como lesbodiante, pero sin demasiado énfasis, lo que sugiere una naturalización de la violencia machista hacia las mujeres. Luego de la muerte de Andrea se reconoció que se trató de un ataque premeditado. Lo cierto es que pocos medios abordaron el tema con la seriedad que merece, y el impacto en la sociedad fue limitado. Para Jesi Hernández, la falta de representación de la comunidad LGBTI+ en los medios de comunicación es una de las razones por las cuales se pasan por alto o bien se estigmatiza a todo el colectivo LGBTI+, como sucedió tras el crimen de Lucio Dupuy, cuando los medios de comunicación repetidamente destacaron que las mujeres eran pareja, como si esa condición fuera determinante para matar al niño.
“Los discursos de odio no son gratuitos ni inofensivos. Estos mensajes ponen en peligro a la sociedad y mucho más si son avalados por personas que ocupan posiciones de poder. Hace unos días el amigo del presidente Javier Milei (Nicolás Márquez), dijo que somos personas que tenemos conductas insanas y autodestructivas. Decir esto al aire tiene un peso, porque incita a la violencia y el odio hacia ciertos grupos de personas», afirmó la activista.
Desde Amnistía Internacional remarcan que este tipo de discursos “están motivados por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas. El Estado debe garantizar que las personas LGBTI+ puedan vivir libremente su identidad y su sexualidad sin ser víctimas de violencia y abstenerse de promover discursos que inciten al odio”.
En esta misma línea, la Fundación Huésped advierte que “las declaraciones que niegan las consecuencias de las agresiones a las personas de la comunidad LGBTIQ+ habilitan y promueven la impunidad que acepta la violencia en todas sus formas, incluyendo aquella que atenta contra la vida”.
Por parte del Gobierno nacional, el único funcionario que se refirió al caso fue el vocero presidencial. En su habitual conferencia de prensa, Manuel Adorni, ante la pregunta de un periodista, esbozó: «Nosotros no nos focalizamos en que sólo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros la violencia de género es repudiable y la violencia en general nos parece absolutamente repudiable. Me parece injusto hablar de este episodio cuando la violencia es más abarcativa que simplemente una cuestión de un determinado colectivo y hay mucha gente que lo sufre: mujeres y hombres». (sic)
La diputada Romina del Plá reprobó estas declaraciones remarcando que fue un lesbicidio. Pero, como si se tratara de un juego de competencia, Adorni respondió que “la palabra lesbicidio no está registrada en el diccionario”. ¿Si no está registrada significa que no pasa?
Si está o no en la RAE, es indiferente.
Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ -que realiza la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación junto con la Federación Argentina LGBT+-, durante 2023 se registraron 133 crímenes en los que la orientación sexual y la identidad de género fueron el motivo para los ataques.
Vulneración sobre vulneración
El lunes 13 de mayo se realizó una marcha en Barracas para pedir justicia por las cuatro mujeres y apoyar a Sofía, la única sobreviviente. Más allá del blindaje mediático, fue una manifestación multitudinaria que contó con el respaldo de distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, asambleas barriales y personas autoconvocadas.
Jessi Hernández destacó que el encuentro fue un momento de abrazos y sororidad. También resaltó que la precariedad habitacional en la que se encontraban las víctimas fue uno de los factores agravantes en este crimen de odio. Y criticó la falta de políticas públicas para abordar la actual crisis habitacional. Las cuatro mujeres vivían hacinadas en una pequeña habitación. Era eso o la calle. Como sucede con muchas personas de la comunidad LGBTI+, rechazadas o violentadas por sus familias debido a su orientación sexual o identidad de género, que son arrojadas a la marginalidad.
En medio del horror que rodea este crimen, se conoció que una de las víctimas, Andrea, estaba embarazada. Lo impactante es que hace 20 años había sobrevivido a la tragedia de Cromañón, también enfrentando el fuego. “Andrea nunca percibió ayuda económica y tampoco era beneficiaria del Programa de Salud para víctimas de Cromañón. Estaba en situación de calle y dormía donde podía. Veinte años después, todos sus miedos y pesadillas se hicieron realidad”, expresó en un comunicado la Coordinadora Cromañón.
La red de Autoconvocades de Lesbianes por Barracas está realizando una colecta para ayudar a Sofía, la única sobreviviente, que, cuando salga del hospital, no tendrá ningún tipo de resguardo económico. “Sofía es la única sobreviviente a la masacre lesbodiante en Barracas. Antes tenía poco, ahora solo tiene la solidaridad y el apaño colectivo. Perdió a sus amigas, perdió sus cosas en el mismo fuego asesino y lesbocida. Tenemos que acompañarla, que tenga lugar donde vivir”, afirma este colectivo.
Las colaboraciones se pueden hacer en la siguiente cuenta:
Alias transferencia: ACIVIL.NIUNA.MENOS
Asunto: lesbianas. Si no te deja escribir, poné «varios»
CBU 1910027855002701341732
Número de CC 191027013417/3
Desfinanciar también es odio
Uno de los ejes de la campaña de Milei fue desacreditar la agenda feminista y a la comunidad LGBTI+, algo muy aplaudido por los sectores conservadores. Tal como prometió, una de las primeras medidas que adoptó ni bien asumió fue vaciar y degradar los programas relacionados a estos sectores. En primer lugar: el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pasó a ser una subsecretaría, con un presupuesto del 0,08%, y ahora depende del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, quien aún no ha abordado problemas como la falta de alimentos en los comedores barriales. Por lo tanto, es poco probable que se implemente alguna política pública para la comunidad LGBTI+.
Forman parte de esta ofensiva la prohibición del uso del lenguaje no sexista en la administración pública; el vaciamiento del INADI, donde el 21 de mayo despidieron a 120 personas y se anuncian más despidos; y el incumplimiento del cupo laboral travesti-trans, aún incompleto, que ha sido un avance significativo para la inserción de muchas personas en el mercado laboral.
La titular del Instituto de la Economía Social de la Defensoría del Pueblo, Laura Velasco, resaltó esta problemática no solo a nivel nacional, sino a nivel local: “En la Ciudad de Buenos Aires nos falta un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que jerarquice y centralice las políticas públicas con relación a las mujeres y personas LGTBIQ+. Desde 2020 presentamos proyectos en la Legislatura que el oficialismo rechaza. La Dirección de la Mujer sigue teniendo perspectiva binaria y no contiene a las diversidades y disidencias”. Y manifestó también su preocupación “ante la invisibilización de las diversidades y disidencias dentro del Programa de Asistencia a las Víctimas de Violencia, ya que son de público conocimiento los casos de travesticidio y transfemicidio, los crímenes de odio y las diversas formas de violencia a las que son sometidas las personas LGBTIQ+”.
Perú también retrocede
El odio se ha extendido en Latinoamérica. Esto no es algo nuevo. Lo que ha cambiado es el grado de legitimidad ganado en los últimos años, especialmente en ciertas regiones. Lamentablemente, se está perdiendo la batalla cultural contra este fenómeno, lo que representa un retroceso en la lucha por la convivencia pacífica y la tolerancia en la región.
En Perú, el gobierno de Dina Boluarte decretó que las personas trans entran dentro de la calificación de enfermas mentales. A pesar de las críticas de diversas organizaciones y activistas, el Ministerio de Salud ha defendido la medida argumentando que es la forma legal de brindar tratamiento psicológico gratuito a las personas travestis y trans. El decreto también plantea una actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), el cual especifica las condiciones, intervenciones y atenciones que son financiadas por el Estado.
El Ministerio de Salud ha incorporado diagnósticos en la categoría de trastornos mentales que han sido desestimados por la Organización Mundial de la Salud en 2022. Estos incluyen el «transexualismo, el travestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez y otros trastornos de la identidad de género».
La comunidad travesti trans peruana ha calificado la medida como un intento de exterminio, ya que la elimina del sistema y aplasta todos sus derechos. Por ello, se realizan actividades en todo el país para lograr que se dé de baja el DNU.
Periódico VAS dialogó con Gahela Cari Contreras, activista trans afroserrana e indígena y creadora del partido Nuevo Perú. “El daño más grande que origina la discriminación a las personas LGBTI, sobre todo a las personas trans, es la patologización”. En este sentido, denunció: “En Perú el régimen asesino de Dina Boluarte no solamente está asesinando con balas y perdigones, sino con decretos que pisotean la salud de las personas trans. El decreto supremo que clasifica nuestras identidades de género como patologías, es una medida inaceptable que podría traer consecuencias irreparables que van desde burlas hasta terapias de reconversión que muchas veces terminan en suicidios”.