Libertad de expresión en retroceso
por Mariane Pécora
La libertad de expresión es un derecho humano inalienable que, en todas sus formas y manifestaciones, garantiza la pluralidad de voces en una sociedad democrática, promueve el intercambio de ideas y enriquece el debate público con información veraz, educación, respeto a la diversidad y a las formas de pensar, opinar e interpretar la vida.
Nada que se asemeje a esta definición sucede hoy en la república libertaria de Milei.
A diario, una serie de acontecimientos ponen en riesgo la libertad de expresión en nuestro país. Desde ataques verbales y estigmatización a periodistas y medios de comunicación, hasta intentos de censura, represión y limitaciones al derecho a opinar, manifestarse o difundir información.
Durante el tratamiento del primer prototipo de la Ley de Bases, entre fines de enero y principios de febrero, los trabajadores de prensa, en particular los cronistas gráficos, fueron uno de los blancos de la represión policial. Un mes después, a principios de marzo, la agencia de noticias Télam fue intervenida, vallada y silenciada. Desde entonces sus trabajadores de prensa permanecen en el limbo de la dispensa laboral, impedidos de ejercer su oficio. En paralelo, se cerraron las corresponsalías provinciales y del extranjero. Medios como la radio nacional y la televisión pública han sufrido recortes, despidos, levantamiento de programas emblemáticos y censura. Por primera vez en 40 años de democracia, el Gobierno vetó la transmisión de la Marcha por la Memoria, Verdad y Justicia del 24 de marzo a través de los medios públicos. Desde el 20 de mayo se suspendió la difusión de contenidos en las redes sociales y páginas web de los medios públicos. La medida, que abarca a las redes sociales y sitios web de Televisión Pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica, Paka Paka y el Canal Encuentro, se enmarca en el denominado “proceso de reorganización para mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos generados”. Esta expresión, que remite a la utilizada por los artífices del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, es una nueva maniobra de silenciamiento y censura de la libertad de prensa. Por lo demás, todo aquel periodista que cuestiona a la actual gestión de gobierno es objeto de estigmatización, agresiones verbales y ataques de trolls en las redes sociales.
El denominado Protocolo de Orden Público, supuestamente gestado para garantizar la circulación vehicular, se ha convertido en la mejor herramienta para acallar la protesta social, silenciar voces, allanar comedores comunitarios y apresar a dirigentes sociales, amedrentar a periodistas y cronistas gráficos. El despliegue de fuerzas de seguridad durante el paro del 9 de mayo, ante un escenario donde el tránsito era prácticamente inexistente, tuvo como objetivo impedir que los vecinos y las asambleas barriales se manifestaran en las calles y plazas de la Ciudad.
Estos hechos son claros indicadores de que la libertad de expresión está en riesgo en nuestro país. No se trata solo de un eslogan o frase hecha, sino de una dura realidad que enfrentamos a diario desde el 10 de diciembre de 2023.
Así lo consigna una reciente evaluación sobre la evolución de la libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, que señala que en menos de un año Argentina ha experimentado un retroceso preocupante en materia de libertad de expresión, descendiendo en el ranking de países con mayores garantías para el ejercicio periodístico del puesto 40 al 66. Esta caída de 26 puntos supone una disminución del 65 %, lo que refleja una situación alarmante, similar a la inestabilidad económica que atraviesa la mayoría de la población argentina.
Reporteros Sin Fronteras es una organización internacional dedicada a denunciar los ataques al periodismo en todo el mundo, que anualmente elabora una Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa donde evalúa el grado de apoyo y respeto a la autonomía de los medios frente a las presiones políticas del Estado o de los actores del poder en la sociedad.
El último informe advierte que, cada vez con mayor frecuencia, países, gobiernos y autoridades políticas fallan en su obligación de prestar un entorno propicio para el periodismo y garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información fiable, independiente y plural. Tan sólo tres países alcanzan los mejores resultados en el ejercicio de la libertad de prensa, estos son Noruega, Dinamarca y Portugal. Mientras que la Argentina de la era libertaria se sitúa en una posición cercana a la de Burkina Faso, país que ha sufrido dos golpes de Estado, y por encima de Georgia, caracterizada por las interferencias de las autoridades en un contexto hostil para los medios independientes y cercanos a la oposición. Concretamente, a escala mundial, nuestro país se ubica apenas unos puntos por encima de países como Mongolia, Líbano, Kosovo, Níger o El Salvador.
Para Reporteros Sin Fronteras, el retroceso en materia de libertad de prensa que experimenta Argentina responde a la alta concentración, opacidad y polarización en la propiedad de los medios. Factores que, sumados a la precarización del trabajo periodístico y la falta de políticas públicas que garanticen la pluralidad de voces, contribuyen a crear un ambiente propicio para presionar a la prensa mediante publicidad estatal o privada.
Si bien en 2009 la problemática de la concentración mediática intentó resolverse a partir de la sanción de la Ley de Medios Audiovisuales. Esta norma fue sistemáticamente frenada por los amparos judiciales interpuestos por los conglomerados mediáticos. Hasta que, en diciembre de 2015, el entonces presidente Mauricio Macri anuló los artículos anti-concentración que ponían topes y restringían la propiedad cruzada de los medios de comunicación. Su sucesor, Alberto Fernández, pudo, pero no quiso derogar la medida macrista. Y, la reciente llegada al poder de Javier Milei, con su manifiesta hostilidad hacia la prensa contraria a su marco ideológico, se torna una preocupante amenaza para la libertad de expresión en el país.
Medidas como la cancelación indiscriminada de la pauta oficial, el silenciamiento de la agencia de noticias Télam y el cierre o privatización de los medios públicos, lejos de contribuir a promover la mentada libertad mileista, apuntan más bien a censurar y desmembrar el frágil ecosistema informativo federal existente.
“La polarización política y el ascenso de una fuerza ultra (derechista), como la del presidente Milei, han exacerbado la intolerancia y la violencia virtual o real, a menudo con el apoyo de la policía”, sentencia Reporteros Sin Fronteras, al tiempo que considera que, si bien Argentina no se caracteriza por encarcelar y torturar a los trabajadores de prensa, éstos se convierten en el blanco de la violencia policial a la hora de cubrir manifestaciones sociales. “La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suele apoyar a las fuerzas de seguridad sospechosas de cometer abusos contra manifestantes y periodistas”, denuncia el escrito.
A pesar de que en nuestro país la libertad de prensa está garantizada constitucionalmente, desde el restablecimiento de la democracia, mediante la exclusión de los delitos de desacato, calumnias e injurias del Código Penal, restringiendo estas cuestiones al ámbito civil a través de compensaciones económicas. Y, si bien el respeto a las fuentes y al secreto profesional están protegidos, todavía existen intentos sutiles de silenciamiento, expresados a través de presiones económicas y con el abuso de demandas civiles, sostiene el informe que en este sentido destaca que los avances legislativos para limitar este tipo de censura han sido escasos o nulos.
El incremento de los discursos de odio y la violencia a través de los medios de comunicación, en especial de aquellos que conforman los conglomerados mediáticos, son otro tema de preocupación para el organismo internacional de periodistas, al tiempo que advierte que “Aquellos temas delicados de índole social, económica y política se relegan del debate público. Y que la agenda mediática se concentra prioritariamente en las grandes urbes, especialmente en Buenos Aires”.
El panorama para la Argentina en materia de libertad de expresión es sombrío, especialmente considerando que en la próxima clasificación se evaluará un año completo de la gestión de Javier Milei. Todo indica que nuestro país descenderá aún más en el ranking.