Macri pretende armar con picanas eléctricas a la Policia Metropolitana

Amnistía Internacional da la alarma y exige al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda el uso y la transferencia de armas con dispositivos de energía conducida.

Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad porteño, avaló hoy la decisión de comprar pistolas eléctricas de inmovilización para la nueva Policía Metropolitana. Estas armas son consideradas por Organización de las Naciones Unidas y por Amnistía Internacional aptas “como método de tortura”.En tanto, el Gobierno Nacional, por medio del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, censuró ese tipo de equipamiento policial y su probable utilización “en protestas sociales”. Montenegro sostuvo que la Ciudad adquirió sólo cinco pistolas (modelo Taser X26) con descarga eléctrica de bajo amperaje, para prueba. Dijo que no pueden provocar lesión y que las fuerzas policiales de Miami, París, Chicago o Nueva York, entre otras, cuentan con ese armamento. El argumento parece entre pacato y oligofrénico. Quiere decir subliminalmente que de alguna manera nos acercamos al Primer Mundo usando la picana y, que si el Primer Mundo tortura, entonces la tortura esta bendecida, nosotros no podemos ser menos, debemos seguir el ejemplo. Porque, aunque el aparatito no sea letal, está claro que hace daño.

Respecto a las críticas del bloque Proyecto Sur de la Legislatura porteña, que advirtió que las Taser X26 son consideradas desde 2007 como una forma de tortura por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Montenegro apuntó que tanto la Organización de las Naciones Unidas como Amnistía Internacional “lo que recomiendan a los gobiernos es verificar la forma de utilización de este tipo de armamento, ya que hasta una cuchara puede ser un elemento de tortura”. La experiencia personal sugerida por el ministro mete miedo, ¿verdad? Sin embargo, pese a los dichos de Montenegro, Amnistía internacional difundió hace instantes un comunicado, en el que exige al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspenda el uso y la transferencia de armas con dispositivos de energía conducida hasta que no se realice una investigación independiente, seria y rigurosa sobre los efectos que provoca su utilización.