Mujeres indígenas contra el DNU
El decreto de desregulación propuesto por el presidente Javier Milei genera preocupación en las comunidades indígenas de Argentina. El Tejido de Profesionales Indígenas de Argentina denuncia que la medida vulnera su forma de vida y atenta contra su derecho a la tierra.
El artículo 154 de la Ley 26737, que regula la protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, establece que las tierras indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Esto significa que no pueden ser vendidas, heredadas ni embargadas. La reforma propuesta por Milei elimina esta protección, lo que permitirá que estos territorios sean vendidos a corporaciones extranjeras, vulnerando los tratados nacionales e internacionales que obligan al Estado a garantizar el derecho a la propiedad, posesión y tenencia de las tierras rurales por parte de los pueblos indígenas, respetando sus costumbres y tradiciones, promoviendo la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en las zonas rurales.
“Argentina es un país con una gran diversidad biológica y lingüística. Pese a que existe un discurso homogeneizador, hoy hay más de 39 pueblos y naciones indígenas con 20 lenguas originarias que aún existimos, señalan las mujeres indígenas en un comunicado donde analizan la implicancia que el DNU 70/2023 tendrá en la vida de estas comunidades.
Las políticas de saqueo han sido una constante en la historia de nuestro país, desde la llegada de los colonizadores hasta nuestros días. Intensificadas en las últimas décadas con la expansión de los agronegocios y la megaminería metalífera. Lo que derivó en problemas ambientales y sociales, tales como la deforestación, la contaminación del agua y el desplazamiento de comunidades indígenas.
Desde el colectivo de mujeres indígenas sostienen que la actual crisis global, que algunas personas caracterizan como ‘crisis climática’ y los pueblos indígenas califican de ‘crisis civilizatoria sistémica’, atraviesa todos los órdenes de la vida a nivel planetario.
«El sistema capitalista extractivista especista eurocéntrico y heteropatriarcal saquea los cuerpos y territorios, sacrifica la vida, humana y de todas las especies, en favor de las ganancias de la minoría privilegiada del sistema/mundo. En ese contexto los pueblos y naciones indígenas somos la última frontera que resiste al saqueo que siempre viene disfrazado de promesas de ‘progreso económico’», expresan las mujeres indígenas y denuncian que el DNU promovido por Milei convierte el suelo y el subsuelo en un bien de uso y por tanto de cambio para negocios extranjeros.
Las tierras llamadas fiscales o rurales de dominio provincial y de uso comunitario podrán venderse a empresas extranjeras extractivistas la autorización de los gobiernos provinciales. Lo que implica una violación a la consulta, libre, previa e informada de los pueblos indígenas, tal como lo establece la Convención 169 de la OIT.
Los derechos colectivos al territorio indígena y la reproducción de la vida, garantizados en el artículo 18 Código Civil y Comercial, referidos al Régimen Especial de Propiedad Comunitaria Indígena, se vulneran en su totalidad.
La extranjerización de la tierra implica, también, la pérdida del acceso al agua, insumo imprescindible para el sostén de la vida, ya que las corporaciones extranjeras requieren de grandes cantidades de este recurso para la extracción de uranio, litio o hidrogeno verde.
En síntesis, el DNU habilita la eliminación del Registro Nacional de Tierras y Cuerpos de Agua. La negación del valor documental/estatal de los Informes Técnicos y Jurídicos del Programa de Relevamiento Territorial de comunidades Indígenas y la desaparición de la agrobiodiversidad adaptada por comunidades campesinas e indígenas.
“El Presidente Milei pretende entregar el litio a Elon Musk, el agua a Mekorot, el fuego a los agronegocios y al extractivismo inmobiliario, el aire a los Chemtrails y a Starlink y las semillas a Bioceres / Syngenta / Bayer / Monsanto sin ningún tipo de control estatal”, denuncia el comunicado que califica al DNU como un “Decretazo” que pretende adaptar el marco legal, jurídico y normativo de nuestro país a los requerimientos del poder financiero global.
“En este 2023 sufrimos los embates de la ‘democra-dura’ en Jujuy con la Reforma Constitucional y en Rio Negro con la reforma de la ley de tierras 279 y la reforma del Código Minero”, apuntan las mujeres indígenas y sostienen: “Nuestra ética del modo de vida nos invita a la organización política de las comunidades y a los consensos sociales con la ciudadanía argentina. Cómo argentinas queremos plantear la discusión del buen vivir y no del mal morir por los intereses extranjeros”.