Trabajar en la línea de fuego

por Rocío Bao*

Las balas, los camiones hidrantes y los gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas de seguridad subieron la apuesta durante el 2017 y tuvieron entre sus blancos predilectos a periodistas y fotógrafos, sobre todo, aquellos que poseen una cámara en sus manos, es decir, a quienes puedan tener un registro incuestionable del accionar represivo.

Diciembre tuvo su máxima expresión, con fotógrafos y periodistas baleados, golpeados y detenidos.

 “No disparen contra la prensa” fue la premisa pos-represión de los días 14 y 18 de diciembre. Un pedido público frente al Congreso donde, con cámaras en alto, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunciaron, el 27 de ese mes, la violencia ejercida -y direccionada- contra reporteros gráficos y periodistas durante ambas manifestaciones  donde cientos de miles de personas marcharon contra la Reforma Previsional.

Según SiPreBA, el saldo que dejaron ambas movilizaciones fueron 36 trabajadores de prensa heridos y cuatro detenidos mientras realizaban las coberturas.

   

“Juan Pablo Barrientos, fotógrafo de la revista Cítrica, recibió más de veinte balazos de goma. Agustín Gulman, periodista del portal Big Bang News, recibió cinco balazos a quemarropa. Cuatro reporteros gráficos de Página/12 terminaron heridos (…) A Silvina Rouvier, camarógrafa del portal La García, la policía le voló un diente de un perdigonazo. También fueron heridos por balas de goma de policías y gendarmes la fotógrafa Bárbara Leiva, del portal Notas; Ignacio Petunchi y Mariano Fuchila, fotógrafo del diario Ambito Financiero; Matías Castelli, cronista de Telefé; Mariano Rinaldi, de Radio Latina; Julio Rodríguez, de Radio 10, y Nacho Levy, de La Garganta Poderosa. Lucas Molinari, intgrante de Radio Gráfica, recibió un balazo de goma sobre un ojo. Sebastián Hacher, editor de Cosecha Roja, fue herido en la cabeza. También resultaron heridas Ayelen Rodríguez, fotoperiodista colaboradora de Marcha Noticias y Stephanie Malen Zambrano, fotoperiodista del colectivo de fotógrafxs Fuenteovejuna recibió 6 balazos de goma”.

La lista continúa, hay más nombres, hay más personas que, en el ejercicio de la profesión de comunicar, resultaron heridas.

1° de septiembre: el punto de inflexión

Los ataques a la prensa no son novedad en Argentina. Durante 2016 y 2017, se hicieron efectivos varios golpes a medios de comunicación alternativos -y opositores- que la tienen más difícil en cuestiones económicas. Estos golpes sucedieron -y suceden- en medio de una situación política que avala la profundización de la violencia y da lugar a patotas, robos y desvalijamientos, tal como sucedió con Resumen Latinoamericano, Antena Negra, Tiempo Argentino, Cosecha Roja y Anfibia, entre otros.

Pero hubo un recrudecimiento, puntualmente, en las formas de reprimir por parte de la Policía contra la prensa, que comenzó 1° de septiembre, cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado y 250 mil personas marcharon para exigir su aparición con vida, al tiempo que pedían la renuncia de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Finalizada la marcha, la Policía de la Ciudad comenzó con la cacería, la represión, las balas por la espalda y las detenciones. Entre los detenidos de esa movilización, al menos 4 eran trabajadores de prensa (uno de ellos advirtió que cuando le devolvieron sus efectos personales, no le entregaron la tarjeta de memoria en la que había registrado la represión).

En aquella ocasión, el periodista Tomás Eliaschev, de SiPreBA reflexionó: “En los últimos tiempos los trabajadores de prensa, además de pelear contra los despidos, estamos atravesando un momento en que las fuerzas de seguridad se sienten envalentonadas para detenernos y amenazarnos. Ayer no fue la primera vez que la policía ataca específicamente a la prensa. Los compañeros de canal 7 fueron gaseados con gas pimienta. Una moviera de TN también. Los compañeros denunciaron que permanentemente los filmaba de forma intimidatoria”.

“Interferir con el procedimiento”

Aproximadamente un año atrás, la ministra Bullrich, anunciaba un fracasado protocolo antipiquetes, donde banalizaba el ejercicio de la libertad de expresión disfrazándolo de protección para la prensa: “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física y no interfieran con el procedimiento”. Enseguida, el protocolo fue catalogado -y repudiado- por comunicadores como “el corralito de prensa”.

Claro que ese intento de que los comunicadores “no interfirieran con el procedimiento” (una forma elocuente de limitar el trabajo periodístico al antojo político), no fue casualidad.

El rol del registro fotográfico y fílmico, ha funcionado como prueba fundamental para casos como el del asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en junio de 2002, cuyas fotografías tomadas por Pepe Mateo, trabajador del diario Clarín, y el fotógrafo independiente Sergio Kovalevsky, además de la filmación de una cámara del noticiero de Canal 7, sirvieron como prueba para corroborar los disparos de dos agentes de la Bonaerense que asesinaron a los dos jóvenes (aunque el diario Clarín, utilizando una de esas fotos,  titulaba al día siguiente: “La crisis causó dos nuevas muertes”, obviando  hacer mención a las balas de plomo disparadas por las fuerzas de seguridad).

Menos voces. Más balas.

Los balazos y las detenciones, entonces, vinieron a acentuar la desprotección y la precariedad de los trabajadores de prensa. En noviembre de 2017, la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma informaba: “FoPeA reportó casi 1500 despidos de trabajadores de prensa en 2016. Según SiPreBA, fueron más de 2000. En lo que ya coinciden ambas organizaciones es en que, hoy, la cifra se acerca a los tres mil. Son 3000 voces menos”.

Menos voces y más balas son, en consecuencia, el premio que toca en la repartija de la actual democracia, en la que fotógrafos y periodistas coinciden en que hubo un incremento de violencia puntualmente orientada a silenciar y amedrentar el ejercicio de esta profesión.

Alejandro Rotter, el fotógrafo que registró la brutalidad policial contra Alejandro “Pipi” Rosado, un cartonero de 19 años, pisado y atacado por las motos de la Policía Federal, comentó para El Destape Web: “Hay dos cosas para destacar: primero siento que en éstas últimas marchas la Policía está agresiva con el fotógrafo y el periodista porque lo ve como un enemigo, como una persona que está delatando al accionar de ellos. Y segundo, noto que van preparados para que la prensa no se acerque y no tenga proximidad con los hechos así uno no pueda desarrollar su trabajo con normalidad”.

Ante esta serie de acontecimientos, la pregunta resulta inevitable: ¿Tener una cámara de fotos en la mano o un carnet de prensa garantiza algún tipo de protección? ¿Puede un periodista o fotógrafo ir a cumplir con su trabajo y tener la garantía constitucional de que no será herido o no quedará detenido?

La respuesta es no. Y lo cierto es que tener una cámara en mano o cualquier elemento que acredite el trabajo periodístico durante una manifestación, resulta paradójicamente, un arma de doble filo.

Hace dos meses, María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI, explicaba a Periódico VAS: “Es cada vez más frecuente que los trabajadores/as de prensa, y en particular los gráficos, sean atacados con balazos (caso de la Sala Alberdi), irritantes químicos (caso de Rolo Andrade) y/o sean detenidos (como en el 1° de septiembre). El tema es evitar que haya registros fílmicos o fotográficos del accionar policial. Fracasado el plan de la ministra Bullrich de encerrar a la prensa en un ‘corralito’, ésta es la forma que encontraron: cargar contra los que tengan cámaras y puedan difundir los hechos”.

DesPROtejamos

En aquellos días de septiembre, en la Legislatura Porteña, la oposición impulsaba un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Porteña, a fin de brindar garantías a los trabajadores de prensa en las coberturas de manifestaciones y represiones por parte de la policía. El PRO votó en contra.

Más adelante, unos pocos días después de aprobada la Reforma Previsional, el fiscal Germán Moldes pidió durante su apelación al sobreseimiento de cuatro detenidos en la marcha de Maldonado, que las detenciones efectuadas en manifestaciones no sean excarcelables.

Casualmente, su apelación atentaba contra los reporteros gráficos Ezequiel Medone, Juan Mourenza, Paula Barriga Monterio y Carlos Guerra, es decir, comunicadores que fueron detenidos ilegalmente y que, en su defensa, explicaron al fiscal cuál era su profesión.

No obstante, Moldes se burló de ellos: “Les tocó asistir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada resultó de muy baja calidad. Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro”

De acuerdo al criterio de Moldes, es necesario “diseñar nuevas leyes”, en las que “deberán preverse como causales de impedimento de la excarcelación o la soltura anticipada el participar de estos actos disimulando la identidad -mintiendo sobre ella, encubriéndola o usando algún artilugio de similar consecuencia-; concurrir munidos de palos, armas caseras, armas tumberas u otros objetos similares; participar en una agresión orquestada y premeditada generando daños a las personas y a los bienes públicos o privados”.

Eso no es todo. Al día siguiente de la última represión de diciembre y horas después de aprobada la Reforma Previsional, el portal de compras del Estado Nacional (COMPR.AR) anunciaba una licitación privada para la compra de 15 millones de balas de goma, que serán entregadas entre febrero y abril. ¿Será un chiste de mal gusto? ¿Saldrán a negarlo por las repercusiones negativas que esta noticia pueda generar?

Al parecer, los funcionarios de turno no tienen previsto disminuir el uso de la fuerza, sino profundizarla y legitimarla. Entonces, la pregunta para el gobierno del diálogo y la alegría es ¿contra quienes descargarán esas balas?

*Periodista y Cronista Gráfica

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