Noticias de una futura represión en CABA

¿Así vivíamos entonces? Pero llevábamos una vida normal. Como casi todo el
mundo, la mayor parte del tiempo. Todo lo que ocurre es normal. Incluso lo de ahora
es normal.
Vivíamos, como era normal, haciendo caso omiso de todo.
Nada cambia instantáneamente: en una bañera en la que el agua se calienta poco a
poco, uno podría morir hervido antes de darse cuenta. Por supuesto, en los periódicos
aparecían noticias: cadáveres en las zanjas o en el bosque, mujeres asesinadas a palos
o mutiladas, mancilladas, solían decir; pero eran noticias sobre otras mujeres, y los
hombres que hacían semejantes cosas eran otros hombres. Ninguno de ellos era
conocido de nosotras. Las noticias de los periódicos nos parecían sueños, pesadillas
soñadas por otros. Qué horrible, decíamos, y lo era, pero era horrible sin ser
verosímil. Eran demasiado melodramáticas, tenían una dimensión que no era la
dimensión de nuestras vidas.
Éramos las personas que no salían en los periódicos. Vivíamos en los espacios en
blanco, en los márgenes de cada número. Esto nos daba más libertad.
Vivíamos entre las líneas de las noticias.

 Margaret Atwood
El Cuento de la Criada

En medio de los fuegos de artificio del los Juegos Olímpicos de la Juventud, el jueves 4 de octubre, treinta y cuatro legisladores del bloque oficialista -PRO y Coalición Cívica-, sancionaron al unísono, con una fuerte detonación, las modificaciones propuestas por el Ejecutivo porteño al Código Procesal Penal en la ciudad de Buenos Aires.
A partir de ahora, compartiremos nuestra cotidianidad con legitimados pichones de Astiz. Porque la reforma introducida formaliza el accionar de informantes o “buches”, agentes encubiertos o “infiltrados” y agentes reveladores, es decir: “provocadores en las manifestaciones”.

Amparados en la mayoría parlamentaria que ostenta el oficialismo, y con el propósito de “afrontar eficazmente la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia local”, los ediles que comanda Horacio Rodríguez Larreta junto a Lilita Carrió, añadieron un capítulo oscuro a la historia de la Ciudad. Un capítulo que pone en riesgo las libertades individuales y el derecho a la privacidad de todo el conjunto social.

La ley que reforma el Código Procesal Penal consta de 68 artículos normativos y uno de forma en el cual deben basarse los jueces, fiscales y abogados para el desarrollo y la tramitación de las causas. Su votación fue respaldada únicamente por la coalición Vamos Juntos -PRO y Coalición Cívica-. En tanto que la oposición de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista y Partido Socialista y los demás bloques opositores propusieron la vuelta a comisión para continuar la discusión del proyecto en ese ámbito. Durante el debate parlamentario no hubo un solo informe ni del Ministerio Público, ni de la policía, que justificara la reforma.

“Esta ley que compromete seriamente principios, derechos y garantías consagrados a nivel constitucional y convencional, somete a los porteños y porteñas a la vulneración de la intimidad, al abuso del uso de estas herramientas con fines políticos, y a una mayor deslegitimación de la Justicia”, señaló el legislador Carlos Tomada de Unidad Ciudadana.

El nuevo Código Procesal Penal amplía las facultades de jueces y fiscales para ordenar la intervención de comunicaciones telefónicas, que pasarán de los actuales 30 días (prorrogables por otros 15), a 45 días prorrogables por el mismo término. Esta ampliación no está fundamentada. La intervención telefónica debe tener una razonabilidad en función de la necesidad de las investigaciones penales.

Gabriel Solano, legislador por el Frente de Izquierda, denunció que “bajo el pretexto de afrontar el traspaso de delitos nacionales al ámbito de la Ciudad, el oficialismo está estableciendo un Estado policial”. Paralelamente a la reforma del Código Procesal Penal se discute una modificación represiva del Código Contravencional, que permite a la policía la coacción directa para hacer cesar una contravención”, caso de los vendedores ambulantes y los artistas callejeros.

El nuevo Código Procesal Penal habilita a la policía a detener personas de manera arbitraria hasta por 3 días, amplía los motivos para dictar prisión preventiva y restringe el marco de decisión de la fiscalía ante una detención por flagrancia, ésta únicamente podrá hacer cesar la detención “si en principio el hecho fuera atípico”, es decir en los casos en que no pueda ser encuadrado en un delito.

“Estamos convencidos de que este proyecto atenta contra el principio de inocencia, contra el derecho a la defensa y las libertades individuales”, advirtió el diputado Mariano Recalde de Unidad Ciudadana, y aseguró que lo que se busca con estas modificaciones es “profundizar todavía más el sistema de libertad condicional en el que vivimos los ciudadanos y las ciudadanas de la Ciudad”.

El nuevo Código Procesal Penal restringirá el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurecerá la prisión preventiva y duplicará los plazos del tribunal para fijar audiencia y resolver sobre la prisión preventiva, que se extiende de 24 a 48 horas.
Una persona detenida estará sin ver al juez al menos 3 días. Y, ya no gozará del derecho a la defensa, sino que tendrá el derecho a “proponer ser asistida” por un defensor o una defensora. Esta nueva terminología, que altera en un todo el debido ejercicio del derecho a la defensa, no pudo ser explicada por los ediles que dieron curso a la reforma. La Defensoría General de la Ciudad sostiene que “se trata de una maniobra restrictiva para alejar a la defensa pública de las comisarías y evitar el control sobre las condiciones de detención”. Las consecuencias se verán plasmadas en un incremento de la arbitrariedad policial, la denegación del acceso a la información y a la justicia, y en una mayor violencia institucional.

El capítulo referido las medidas especiales de investigación fue el que mayor controversia causó. Al respecto, el legislador Gabriel Solano, señaló “Si bien en la última versión del proyecto se eliminaron las medidas de espionaje como la ‘vigilancia remota’ de celulares y computadoras. Alertamos a la población de que éste es el plan original del oficialismo, que sólo retiró por el escándalo que suscitó, pero que seguirá insistiendo en aplicarlo”.

Las medidas especiales de investigación que facilitan el acceso remoto a dispositivos electrónicos configuran una violación a la privacidad de las personas. El accionar de los organismos defensores de derechos humanos y el repudio de los ediles de la oposición, hizo que estas formas de espionaje fueran descartadas. No obstante, se ampliaron las facultades policiales a partir de la introducción de agentes encubiertos, agentes reveladores, e informantes remunerados, todos sin limitar sus funciones sólo a delitos específicos. “Respecto a las figuras de agente encubierto y revelador, se corre el riesgo de que el personal policial que actúe en estas condiciones se transforme en agente provocador, instigando la comisión de delitos. Este tipo de prácticas fueron expresamente rechazadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señala un documento emitido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La infiltración de agentes encubiertos, reveladores o informantes no estará circunscripta a un tipo determinado de delito, sino que la formulación admite que se utilice para los delitos menores de la ley de estupefacientes, como el denominado “narcomenudeo”, y para delitos cuyas penas fueran superiores a tres años de prisión en abstracto, que podrán justificarse en la complejidad de la investigación.
También se dilatarán los plazos de investigación de los delitos, poniendo en riesgo la garantía de la persona a ser juzgada en un plazo de tiempo razonable. La experiencia señala que cuando se amplían los plazos de la investigación los procesos se hacen indefinidos, dado que los incentivos no están puestos en cumplirlos.

“¿Para qué quiere Larreta este paquete represivo?”, se pregunta el legislador Solano y responde: “Pretenden hacer escuchas e infiltrar agentes en las organizaciones obreras. Pretenden detener arbitrariamente a quienes se movilizan contra el ajuste y la violencia estatal, como en la lucha contra el robo a los jubilados y en las marchas pidiendo la aparición de Santiago Maldonado. Pretenden reprimir las protestas sociales y gremiales, recientemente labraron un acta contra una docente que lucha por el aumento salariar. Pretenden criminalizar a los que luchan contra el ajuste económico del Gobierno nacional y el FMI. Se trata entonces de organizar un Estado policial al servicio del ajuste”.

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