ODH: Las políticas de seguridad tienen que respetar la Constitución

El lunes próximo en la Legislatura porteña se tratará el convenio de traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, en ese sentido,  el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH), emitió un comunicado de prensa en el que llama a los Legisladores porteños a que controlen y obliguen a los demás poderes del Estado a respetar la Constitución local.
En el artículo 34 se establecen los principios a los que debe ajustarse la Policía local, entre los que menciona que “el comportamiento del personal policial debe responder a las reglas éticas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, establecidas por la ONU”. A su vez, indica que el Gobierno debe desarrollar “estrategias y políticas multidisciplinarias de prevención del delito y la violencia, diseñando y facilitando los canales de participación comunitaria”.
El ODH solicita a los legisladores que, antes a aprobar el convenio de transferencia, cumplan con su deber de diseñar la política de Seguridad de la CABA facilitando los canales de participación comunitaria.
“Se debe respetar el contenido que la Constitución de la Ciudad ha dispuesto para las fuerzas de seguridad. Y generar los mecanismos y procedimientos necesarios para que la Policía Federal traspasada y la Policía Metropolitana, juren y actúen con plena lealtad a ellos.
Esto está siendo directamente vulnerado por el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del 23 de diciembre del año pasado,   en el que se habilita a los policías de la Ciudad a demorar o detener discrecionalmente a las personas para su identificación sin intervención de un juez competente. Este fallo, que concede a los agentes policiales facultades ilegales que no poseen y que fueron expresamente limitadas por la CIDH, en el caso “Bulacio vs. Argentina”. De esta manera, el STJ está comprometiendo la responsabilidad de la Nación en el cumplimiento de ese fallo”, expresa en el comunicado citado, y advierte: “Esta decisión del STJ no puede separarse de la decisión de traspasar la Policía Federal al ámbito de la CABA en lo que compete a las cuestiones habilitadas por ley. El mensaje de bienvenida dado por el STJ es un mensaje de alarma para aquellos que buscamos el respeto de la Constitución.
“La implementación de la Policía Metropolitana ha representado un fracaso en términos políticos, institucionales y constitucionales. Al analizar sus primeras reglamentaciones se observaron varias decisiones que frustraron los objetivos de las leyes dictadas y pusieron en riesgo la protección de los derechos de los ciudadanos en el accionar de la fuerza de seguridad local, contradiciendo las promesas de una policía formada, instruida, capaz y de elite”, señala este organismo, en tanto que vuelve a advertir: “Aún más grave y revelador, en tanto expuso una ideología y un concepto anacrónico y retrogrado en materia de derechos humanos, fue la decisión -mediante decreto N° 210/09- de admitir el ingreso a la Policía Metropolitana de Personal de las Fuerzas Armadas, acogimiento prohibido expresamente por la Ley N° 2894. Así mismo, los protocolos de formación y acción no respetan los códigos de conducta y ética que la Constitución manda a respetar a los funcionarios policiales. No se generó ningún programa que asegure la participación de la comunidad en las políticas de seguridad y nada se supo de algún plan para prevenir el delito ni mucho menos de cómo combatir el crimen organizado. A la par, la revisión de los legajos de la Policía Metropolitana, efectuada por la Comisión creada por Ley N° 3255, concluyó que los cargos de jerarquía de la fuerza, están ocupados por personas con antecedentes, formación y actuación que en nada se vinculan con el perfil adoptado en la Ley de Seguridad local y en el acuerdo democrático que se formó al votar dicha Ley”.
Finalmente, ODH sentecia: “La seguridad y los derechos humanos son complementarios y no contradictorios. En miras a una eficacia en sus objetivos, la política de seguridad debe integrarse a una política de derechos humanos”.

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