Privilegios para los evasores
De la inocencia fiscal al Super RIGI
por Juan Pablo Costa
Cuando Javier Milei hablaba de la «casta» en cada acto de campaña, prometía un Estado que dejara de proteger privilegios. Tres años después, su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti se anotaron en un régimen tributario diseñado por el propio Gobierno que, entre otras cosas, dificulta que el organismo recaudador indague el origen de un patrimonio que no se condice con los ingresos declarados. Los acompañaron en la fila el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, el exdiputado José Luis Espert y hasta el documentalista presidencial Santiago Oría, una lista que conforma un certificado de impunidad para la élite gubernamental. El Gobierno que vino a terminar con los privilegios de la política descubrió, una vez en el poder, que esos privilegios también podían legislarse a medida propia.
Evasión a la carta
La Ley de Inocencia Fiscal —Ley 27.799, sancionada a fines de 2025— no se agota en elevar los pisos a partir de los cuales evadir impuestos se convierte en delito. Su cambio más profundo es otro: invierte la carga de la prueba. Hasta ahora, el contribuyente bajo sospecha debía justificar el origen de su patrimonio ante el organismo recaudador; de ahora en más se lo presume inocente, y es el Estado quien debe demostrar, caso por caso, que hubo una maniobra dolosa para evadir. A eso se suma la suba de los pisos penales: la evasión simple pasó de 1,5 millones de pesos a 100 millones, y la evasión agravada de 15 millones a mil millones de pesos, valores que antes alcanzaban a buena parte de las pymes y los profesionales y que hoy sólo rozan a los contribuyentes de mayor escala. La consecuencia ya se palpa en los tribunales: en febrero, un juzgado penal económico sobreseyó a una empresa investigada por evasión de IVA porque el monto en cuestión, antes delictivo, quedó por debajo del nuevo umbral; y la propia ARCA instruyó aplicar el criterio de forma «universal e irrestricta» a todas las causas en trámite. No es que se haya probado la inocencia de nadie: simplemente el legislador corrió la vara, y lo que ayer era delito hoy directamente no lo es. A esto se agrega que quien sea imputado puede extinguir la acción penal pagando la deuda, los intereses y un 50% adicional dentro de los treinta días, por única vez, mientras los plazos de prescripción de las facultades del organismo recaudador se redujeron de cinco a tres años.
Vale la comparación internacional, porque el propio Gobierno suele mirar a Estados Unidos como la meca del libertarismo que dice imitar. Allí, evadir impuestos es delito federal desde el primer dólar: no existe un piso por debajo del cual la maniobra deje de ser punible, sino que alcanza con probar la intención dolosa de evadir, sea por cien dólares o por cien millones. Y el organismo que persigue ese delito, el IRS, tiene fama bien ganada de ser implacable. La Argentina libertaria, en cambio, eligió el camino inverso: cuanto más grande la evasión, más cerca de quedar impune.
Mientras tanto, para el contribuyente de a pie las multas por incumplimientos formales menores —como no presentar una declaración jurada a tiempo— se actualizaron de 200 a 220.000 pesos para personas humanas, y de 400 a 440.000 pesos para personas jurídicas. El contraste queda planteado con números: indulgencia creciente para arriba, cifras más duras para abajo.
Los primeros en la fila
Pero el capítulo más incómodo de esta ley no es técnico, es político. Que funcionarios de primera línea se hayan apresurado a adherirse al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias no es un detalle administrativo: es, ni más ni menos, una forma de blindar sus patrimonios frente a cualquier fiscalización futura justo cuando el propio jefe de Gabinete enfrenta preguntas sobre un patrimonio que crece mucho más rápido que su sueldo.
El antecedente no es nuevo. Durante el macrismo, el blanqueo de 2016 fue completado por un decreto que extendió beneficios a familiares de funcionarios públicos, lo que terminó habilitando a integrantes del propio entorno presidencial a sumarse al esquema. El diputado Paulón presentó un proyecto para excluir a funcionarios, exfuncionarios y familiares del régimen, argumentando que la inocencia fiscal no puede convertirse en la vía para lavar fondos obtenidos mediante delitos contra la administración pública. El Gobierno había anunciado que esperaba sumar a un millón de contribuyentes; hasta ahora se anotaron menos de veinte mil, y entre ellos sobresalen, justamente, los nombres propios del oficialismo. El Gobierno escribe las reglas y, después, se sienta primero en la mesa que armó.
Alfombra roja, ahora extra grande
Pero conviene no quedarse en la anécdota, por más jugosa que sea. La Inocencia Fiscal no es un exabrupto aislado sino la última pieza de un mecanismo que el oficialismo viene perfeccionando desde 2024, siempre con la misma lógica de fondo: aliviar la carga sobre el capital y la riqueza acumulada, mientras el financiamiento del Estado se sostiene con el ajuste de siempre.
El primer eslabón fue el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que ofreció beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios por treinta años a cambio de inversiones de al menos 200 millones de dólares. A dos años de su sanción, el Estado aprobó 12 proyectos sobre 19 presentados, por una inversión comprometida de 27.000 millones de dólares, concentrada en un 96% en hidrocarburos y minería; YPF participa, directa o indirectamente, en proyectos que explican más de las dos terceras partes de ese monto. El costo fiscal, que el Gobierno ni siquiera incorpora al Presupuesto bajo el supuesto de que esas inversiones no existirían sin el régimen, se estima entre mil y 1.400 millones de dólares anuales una vez que el esquema esté en pleno funcionamiento, a partir de 2030.
Ahora el Gobierno avanza con el Super RIGI, pensado para inversiones de al menos mil millones de dólares en sectores que, según la letra del proyecto, ni siquiera existen hoy en el país. La tasa de Ganancias baja al 15% —contra el 25% del RIGI original y el 35% del régimen general—, se permite amortización acelerada del 60% en el primer año, se exime de derechos de exportación desde el inicio en lugar de esperar al tercer año, se reducen las contribuciones patronales al 10% para los nuevos empleos, y se exige a las provincias que adhieran bajando Ingresos Brutos y renunciando a regalías presentes y futuras sobre sus propios recursos naturales. La alfombra roja sigue desplegándose, ahora más grande, para una fiesta a la que, en dos años, llegaron menos invitados nuevos de los que el relato oficial necesita para sostenerse.
El otro alivio fiscal
El segundo eslabón es más silencioso, pero igual de regresivo: la reforma de Bienes Personales, el impuesto que grava el patrimonio de los argentinos más ricos. El paquete fiscal de 2024 elevó el mínimo no imponible de 27 a 100 millones de pesos y bajó progresivamente las alícuotas hasta dejarlas en una tasa plana del 0,25% a partir de 2027, cuando antes llegaban al 1,5% para los patrimonios más altos. A esto se sumó el blanqueo de activos no declarados, que permitió regularizar fortunas pagando una alícuota de apenas 0,45%. Ya lo decíamos en una nota anterior: el costo fiscal de esta rebaja a los más ricos equivale, casi centavo a centavo, a lo que hubiera costado la ley de movilidad jubilatoria que el Presidente vetó por motivos de «equilibrio fiscal». El Gobierno tuvo plata para uno de los dos. Eligió.
Gravar arriba para garantizar abajo
Ese es el hilo que conecta a Adorni con el Super RIGI y con Bienes Personales: cada vez que el Estado regala recaudación arriba, alguien la repone abajo. Cuando se licúan jubilaciones, cuando se congela la obra pública, cuando se recortan universidades o se ajustan tarifas, no es una casualidad presupuestaria: es la otra cara, exacta y necesaria, de cada gasto tributario que el oficialismo decide regalar al capital concentrado. La sociedad no advierte la conexión porque ocurre en planos distintos —un decreto reglamentario por un lado, un tarifazo por otro—, pero la cuenta es una sola, y la paga siempre el mismo lado de la mesa.
Frente a este esquema, la alternativa no es una crítica moral, sino una arquitectura tributaria distinta: gravar de manera progresiva la renta financiera, el patrimonio ocioso y las ganancias extraordinarias de los sectores que más se beneficiaron del ajuste; condicionar cualquier beneficio fiscal a contrapartidas verificables en empleo e inversión productiva; y excluir explícitamente a funcionarios y allegados al poder de cualquier régimen de regularización, presente o futuro.
No hace falta inventar nada: ya existe el antecedente. El Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas, una ley de 2020, un tributo por única vez que alcanzó para urbanizar numerosos barrios populares y financiar una porción decisiva de un gasoducto que cruza la provincia de Buenos Aires. Imaginemos, entonces, lo que podría lograr una versión permanente de ese mismo principio: gravar a quien más tiene para garantizar derechos a quien menos tiene. No se trata de perseguir al pequeño contribuyente ni de resucitar una sospecha permanente sobre quien cumple, sino de terminar con la verdadera anomalía: que la inocencia, en la Argentina de Milei y Caputo, dependa cada vez más de la billetera y cada vez menos de la conducta. Mientras eso no cambie, los privilegios seguirán teniendo nombre y apellido, y el ajuste seguirá siendo, como siempre, anónimo y colectivo.
Imagen de portada: Fragmento de obra «Autorretrato de las vocaciones frustradas», de Antonio Seguí