Tras meses de espera, la Ciudad adhirió a la Ley Micaela

La iniciativa había sido presentada a principio de 2019 por el bloque de Unidad Ciudadana. Hubo trabas y demoras de parte del oficialismo para que no llegara al recinto. A pocos días de las elecciones y como consecuencia de la presión social y de los colectivos feministas, la Legislatura de la Ciudad adhirió por unanimidad a la Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que Integran los tres poderes del Estado.

En diciembre de 2018, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.499, Ley Micaela, que establece  la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías -en forma permanente o transitoria- en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La normativa invita a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias a adherir.

La Ciudad de Buenos Aires,  vanguardia respecto a la sanción a medidas y leyes progresistas,  tardó nueve meses en tratar la adhesión a la ley que lleva el nombre de Micaela García, la joven de 21 años, víctima de femicidio en la provincia de Entre Ríos en 2017.

El femicidio es la cara de la violencia más extrema hacia las mujeres y un problema que día a día padecemos como sociedad, desde el 1º de enero hasta el 31 de agosto de este año se registraron 184 femicidios en nuestro país, es decir, 1 femicidio cada 31 horas.

Con el propósito de garantizar la igualdad de género y terminar con la violencia machista, la Ley Micaela establece que los y las agentes de toda jerarquía de los tres Poderes del Estado, deben recibir capacitaciones en materia de género en concordancia con lo que establecen leyes nacionales y tratados internacionales. Esta capacitación será un requisito obligatorio y necesario para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión. El incumplimiento de esta obligación será considerado una falta grave, cuyas consecuencias serán sanciones disciplinarias a las personas responsables. 

Las masivas movilizaciones de mujeres y la denuncia hacia la violencia machista han puesto en la agenda pública las problemáticas y desigualdades que atraviesan las mujeres y las disidencias por cuestiones de género, cuyas formas son múltiples, así como los ámbitos en los cuales la misma tiene lugar. El Estado no sólo debe generar políticas públicas para la prevención y erradicación de esta problemática, tiene la obligación de capacitar y formar a quienes llevan adelante esas políticas.

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