Vivir con discapacidad en Argentina
por Cristina Peña
Existen cifras que pueden traducirse como la historia de la desigualdad. Según datos del Ministerio de Salud, en Argentina 1.684.727 personas cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Ese número, que parece técnico, es en realidad un mapa de vidas que atraviesan barreras cotidianas: económicas, sociales, arquitectónicas. Y, sobre todo, habitacionales. Pero detrás de cada número hay una historia. Y la mayoría de las veces, detrás de cada historia hay una vivienda precaria o, aún peor, inexistente.
Un informe de la Fundación Tejido Urbano advierte que el 27% de las personas con discapacidad que habitan en viviendas particulares atraviesan hacinamiento, y que el 7,8% lo hace en situaciones de hacinamiento crítico. Además, el 6,9% reside en hogares sin acceso a infraestructura básica ni a servicios esenciales. En la Ciudad de Buenos Aires, 30.163 personas con discapacidad viven en viviendas que carecen de las adecuaciones necesarias.
En los barrios populares, la casa suele ser un refugio contra el mundo. Para las personas con discapacidad, muchas veces es lo contrario: un territorio lleno de obstáculos. Una puerta demasiado angosta, un baño imposible, una escalera que se convierte en montaña. Y entonces la casa deja de ser casa. Se convierte en frontera. En límite. En recordatorio de que la desigualdad no solo se mide en ingresos, sino en metros, en rampas, en accesos, en la posibilidad de moverse sin pedir permiso. Matías Araujo, de Tejido Urbano, lo dice sin rodeos: “Menos autonomía económica significa también menos capacidad para acceder a una vivienda adecuada, mejor localizada o adaptada”.
La larga historia de la desigualdad
Pero esta realidad no nació de un día para otro. Tiene historia. Y esa historia explica por qué, en pleno 2026, la vivienda sigue siendo una frontera para quienes viven con discapacidad.
La relación entre discapacidad y vivienda en Argentina se inscribe en un proceso más amplio: la falta de políticas habitacionales universales y sostenidas. En los años 70 y 80, los programas de vivienda social construyeron miles de unidades sin pensar en accesibilidad. En los 90, la crisis económica dejó a la discapacidad fuera de la agenda pública.
Entre 2003 y 2015 hubo avances —urbanización, ProCreAr, obras públicas accesibles—, pero la vivienda privada quedó casi intacta, como si la accesibilidad fuera un lujo y no un derecho. En 2008, Argentina incorporó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige accesibilidad y vida independiente. Pero la letra internacional no siempre se vuelve ladrillo y mucho menos vivienda adaptada.
Entre 2016 y 2023, la crisis económica y la caída del presupuesto en vivienda redujeron la capacidad del Estado para sostener programas de adecuación de viviendas: organizaciones como REDI y ANDIS denunciaron que la accesibilidad habitacional no figuraba como prioridad en la agenda nacional.
En 2025, la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) parecía un punto de inflexión. Reconocía que la vulneración era estructural. Pero en 2026, cuando tocaba prorrogarla, el Congreso decidió no dar quórum. La casa volvió a crujir.
La historia muestra un patrón: la discapacidad nunca fue un eje central de las políticas habitacionales. Siempre quedó en el margen, como si la vivienda fuera un derecho uniforme y no un derecho que debe adaptarse a las personas.
¿Cómo se ubica Argentina frente a otros países de la región?
La situación a nivel regional no es única, pero sí más grave en algunos aspectos. En Chile, el Estado financia adecuaciones habitacionales a través del Programa de Accesibilidad Universal del Ministerio de Vivienda, normativa que desde 2010 exige la adecuada accesibilidad a edificios públicos como privados. Sin embargo, organizaciones como Fundación Ronda señalan que el déficit habitacional para personas con discapacidad sigue siendo alto.
En Uruguay, el Plan Nacional de Discapacidad incluye subsidios para adecuaciones habitacionales. En tanto que la Ley 18.651 establece la accesibilidad como obligación estatal. Aun así, el acceso a vivienda adaptada es limitado fuera de Montevideo.
En Brasil, la Lei Brasileira de Inclusão (2015) obliga a que nuevos edificios residenciales incluyan unidades accesibles. Mientras que programas como Minha Casa Minha Vida incorporaron cupos para personas con discapacidad. El desafío sigue siendo la fiscalización y la calidad de las adaptaciones.
Argentina, en cambio, tiene normas dispersas, programas parciales y una ausencia notable: no existe un programa nacional de adecuación habitacional. La accesibilidad depende del azar geográfico: vivir en una provincia con políticas activas o en un municipio que decide intervenir. La Ley de Emergencia en Discapacidad podría haber sido un marco para avanzar, pero su prórroga quedó bloqueada.
Lo que existe:
- Ley 24.314 (1994): Establece la accesibilidad en espacios públicos y privados de uso público. No regula la vivienda privada.
- Ley 26.378 (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad): obliga al Estado a garantizar accesibilidad y vida independiente. Su cumplimiento es parcial.
- Programas provinciales y municipales: Algunos gobiernos locales financian adecuaciones menores (rampas, baños adaptados), pero no existe un sistema nacional.
- Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793): reconoce la vulneración estructural de derechos, pero su continuidad está en riesgo por falta de quórum legislativo.
Lo que falta:
- Un programa nacional de adecuación habitacional, con financiamiento sostenido.
- Integrar la accesibilidad en ProCreAr y otros programas de vivienda.
- Crear un registro nacional de viviendas accesibles.
- Incorporar criterios de accesibilidad en urbanizaciones de barrios populares.
- Garantizar la participación de organizaciones de discapacidad en el diseño de políticas habitacionales.
La vivienda como territorio de autonomía
Matías Araujo, lo resume con una claridad que atraviesa estadísticas: “Cuando en una familia hay una persona que requiere cuidados, una parte importante del tiempo de otros integrantes del hogar se destina a esas tareas. Eso dificulta sostener trayectorias laborales o acceder a empleos con mejores ingresos”.
La vivienda no es solo un espacio físico. Es un territorio donde se juega la autonomía, la posibilidad de elegir, la dignidad. Para una persona con discapacidad, una casa sin accesibilidad puede ser una cárcel silenciosa. Una casa adaptada, en cambio, puede ser el punto de partida para estudiar, trabajar, amar, vivir.
En Argentina, más de un millón y medio de personas esperan que ese territorio deje de ser una frontera y se convierta, finalmente, en un derecho. El derecho a elegir dónde vivir. Porque una vivienda digna no es solo un techo. Es la posibilidad de elegir dónde, cómo y con quién vivir. Es la libertad de abrir una puerta sin ayuda. Es la autonomía de moverse sin miedo. Es la tranquilidad de saber que el hogar no es un obstáculo, sino un punto de partida.
Hablar de discapacidad es hablar de vivienda. Hablar de vivienda es hablar de derechos. Y hablar de derechos es hablar de futuro. Un futuro donde la accesibilidad no sea excepción, sino norma. Donde la política no mire para otro lado cuando la puerta de un hogar se vuelve demasiado pesada. Un futuro donde vivir no sea un desafío, sino una posibilidad.