Absuelto
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy las absoluciones del ex presidente Fernando de la Rúa y de los otros siete ex funcionarios y senadores que fueron acusados por pagar y cobrar coimas para la aprobación de la Ley de Flexibilidad Laboral en el año 2000.
La Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Norberto Frontini, ratificó el fallo absolutorio que dictó en diciembre del 2013 el Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) de esta capital que beneficIó a todos los imputados.
Ademas del ex presidente, el tribunal penal de mayor jerarquía del país confirmó la absolución del ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes; del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y de los ex senadores peronistas Augusto Alasino, Remo Constanzo, Ricardo Branda y Alberto Tell, acusados los primeros de pagar y los segundo se cobrar 5 millones de pesos/dólares para aprobar la norma.
La Cámara también absolvió al arrepentido Mario Pontaquarto, por considerar que el testimonio de ex funcionario radical de la Cámara alta que se autoincriminó al asegurar que había sido él quien repartió el dinero retirado de la SIDE, no pudo probarse.
Los camaristas Figueroa y Frontini consideraron que a los acusados les cabía “el beneficio de la duda” porque no hubo pruebas que acreditaran su participación y los roles que les adjudicó Pontaquarto.
Por ello consideraron que existió “un estado de duda incompatible para llevar un juicio de incimirniación penal para lo cual hubiera sido necesario demostrar la responsabilidad” de los imputados en los hechos juzgados.
En el juicio, realizado trece años después de los hechos, el TOF 3 integrado por los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramirez consideró que los hechos denunciados “sin lugar a duda” no existieron.
En ese momento, el tribunal consideró que la reunión en Casa de Gobierno relatada por Pontaquarto para dar curso al soborno, no existió y que toda la causa se había armado en base a una “disparatada versión, construida sobre la base de un anónimo difamatorio”.
De La Rúa dijo entonces que esa denuncia que la denuncia fue sólo “punto de partida de un complot político” cuya autoría no identificó.