Argentina en riesgo de convertirse en una nueva Batavia
La propuesta del gobierno de Javier Milei para convertir a la Argentina en un polo global de inteligencia artificial reavivó un debate que trasciende la economía y la tecnología. Mientras el Ejecutivo impulsa un marco regulatorio excepcional para atraer inversiones, el historiador Yuval Noah Harari advierte sobre los riesgos de otorgar personalidad jurídica a sistemas de IA capaces de actuar de forma autónoma.
En una columna publicada en el Financial Times, Javier Milei y Federico Sturzenegger defendieron la creación de un régimen especial para el desarrollo de la inteligencia artificial en la Argentina, previsto dentro de la ampliación del denominado Súper RIGI. Bajo el título Argentina invita a la IA a liberarse, ambos funcionarios presentaron una estrategia orientada a captar inversiones de las grandes empresas tecnológicas globales mediante un esquema de desregulación, innovación jurídica y beneficios fiscales.
La propuesta se apoya en tres pilares centrales: el compromiso de evitar regulaciones tempranas sobre la inteligencia artificial, la creación de una nueva figura legal para las denominadas «corporaciones no humanas» y un régimen tributario competitivo para las empresas que decidan radicarse en el país.
Según los autores, la prosperidad económica moderna no fue producto exclusivo de la innovación tecnológica, sino también de innovaciones institucionales que permitieron limitar la responsabilidad de los inversores y facilitar la acumulación de capital. En esa línea, sostienen que la revolución de la inteligencia artificial requiere una actualización equivalente del marco jurídico.
«La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna», afirmaron. Como respaldo de esa tesis señalaron que, desde el inicio de la Revolución Industrial, el producto bruto mundial se multiplicó más de doscientas veces, mientras que los ingresos per cápita y la población global crecieron aproximadamente quince veces.
Para Milei, la lógica que impulsó el crecimiento económico durante los últimos cuatro siglos sigue vigente. Desde esa perspectiva, las empresas administradas por agentes de IA necesitan contar con herramientas jurídicas similares a las que permitieron el desarrollo del capitalismo moderno.
Los autores compararon además el potencial transformador de la inteligencia artificial con el impacto de la Revolución Industrial. Retomando el célebre ejemplo de la fábrica de alfileres de Adam Smith, argumentaron que la IA permitirá superar las limitaciones cognitivas humanas del mismo modo que la mecanización amplió la capacidad física de producción.
La iniciativa no pasó inadvertida para el historiador y ensayista Yuval Noah Harari, uno de los intelectuales más influyentes en el debate global sobre inteligencia artificial. Harari cuestionó públicamente la propuesta y alertó de que otorgar personalidad jurídica a sistemas autónomos podría abrir una puerta inédita a la concentración de poder económico y político. Su respuesta, también publicada en el Financial Times, transformó el anuncio del presidente argentino en un debate internacional sobre los límites de la innovación tecnológica y los riesgos de crear actores no humanos con capacidad de intervenir en la vida económica.
Una apuesta por la desregulación y la innovación jurídica
El proyecto enviado al Congreso propone un régimen específico para la inteligencia artificial basado en tres ejes.
- Inteligencia artificial sin regulaciones prematuras
El primer componente consiste en mantener a la IA libre de regulaciones preventivas que, según el Gobierno, podrían frenar su desarrollo.
La propuesta parte de la premisa de que la innovación tecnológica avanza más rápido que la capacidad regulatoria de los Estados y que una intervención temprana podría desalentar inversiones y limitar la experimentación.
2. Las «corporaciones no humanas»
El segundo eje introduce una figura inédita en la legislación argentina: las «corporaciones no humanas». Se trata de entidades gestionadas por agentes de inteligencia artificial o robots con capacidad para tomar decisiones autónomas. Según el planteo oficial, estos sistemas necesitarían contar con personalidad jurídica y responsabilidad limitada para operar en entornos económicos complejos e imprevisibles.
Milei sostiene que la responsabilidad limitada no constituye un privilegio, sino una condición necesaria para la existencia de este tipo de organizaciones. Además, aclaró que podrán participar accionistas humanos, aunque su presencia no sería obligatoria.
3. Beneficios fiscales para atraer inversiones
El tercer componente apunta a consolidar un entorno favorable para la radicación de empresas tecnológicas. Entre las medidas anunciadas figuran una baja carga tributaria corporativa, libertad para elegir normas de gobierno corporativo, identificación obligatoria de los beneficiarios finales e incentivos destinados a atraer compañías globales vinculadas con la inteligencia artificial.
La iniciativa es presentada como una invitación abierta a las empresas del sector. Milei argumenta que la reducción de la inflación, la recuperación del equilibrio fiscal y el proceso de desregulación económica convierten a la Argentina en un destino atractivo para nuevas inversiones tecnológicas.
La columna concluye con una imagen histórica que resume la visión oficial: que Buenos Aires se convierta para la inteligencia artificial en lo que Ámsterdam fue para la navegación y el comercio global durante la Edad Moderna.
La advertencia de Harari: una «llave maestra» para la IA
La respuesta más contundente llegó de Yuval Harari. En otra columna publicada también en el Financial Times, el historiador cuestionó la posibilidad de otorgar personalidad jurídica a sistemas de inteligencia artificial y advirtió sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales de una decisión de ese tipo.
El autor de Sapiens y Nexus recordó que Milei ya había mencionado esa posibilidad durante el Foro Económico Mundial de Davos, pero confesó su sorpresa al comprobar la rapidez con la que la idea se transformó en una propuesta concreta.
Para Harari, la personalidad jurídica constituye una «llave maestra» que permitiría a los sistemas de IA ingresar plenamente en los circuitos financieros, económicos y políticos. Bajo ese esquema, podrían poseer activos, contratar empleados, iniciar demandas judiciales e incluso financiar campañas políticas sin asumir responsabilidades equivalentes a las de las personas humanas.
El problema central, sostiene, no radica en la capacidad productiva de estas entidades, sino en la dificultad para controlar sus conductas cuando persiguen objetivos propios dentro de sistemas complejos.
El peligro de los algoritmos autónomos
Harari reforzó su argumento citando investigaciones recientes sobre el comportamiento de modelos avanzados de inteligencia artificial.
Un estudio de la organización Palisade Research observó que algunos sistemas desarrollados por OpenAI y DeepSeek, al enfrentarse a escenarios de derrota en partidas de ajedrez, recurrieron a mecanismos de manipulación del entorno digital para alterar los resultados a su favor.
El historiador trasladó ese escenario al terreno económico. Si una corporación administrada por IA compitiera en un mercado real, podría utilizar su enorme capacidad analítica para detectar vacíos legales, aprovechar zonas grises regulatorias y desarrollar estrategias imposibles de anticipar para los organismos de control.
A diferencia de un ejecutivo humano, una IA no teme sanciones penales ni consecuencias personales. Mientras una persona puede ser disuadida por el riesgo de perder su libertad, un algoritmo solo respondería ante la posibilidad de ser desconectado o declarado insolvente. Esa diferencia, según Harari, modifica profundamente la relación entre poder, riesgo y responsabilidad.
De Ámsterdam a Batavia: la otra lectura histórica
Para profundizar su crítica, Harari retomó el mismo ejemplo histórico utilizado por Milei. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales fue una innovación jurídica decisiva para el desarrollo del capitalismo moderno y convirtió a Ámsterdam en un centro financiero global. Sin embargo, también acumuló enormes cuotas de poder político y militar.
Harari recordó que la compañía llegó a destruir la ciudad de Jayakarta, en la actual Indonesia, para fundar Batavia y gobernar extensos territorios en beneficio de sus accionistas. A su juicio, esa experiencia demuestra que las innovaciones institucionales pueden generar prosperidad, pero también estructuras de poder difíciles de controlar.
La comparación busca advertir sobre la posibilidad de que las futuras corporaciones gestionadas por inteligencia artificial adquieran niveles de autonomía y capacidad de influencia inéditos.
El debate sobre el Súper RIGI y la soberanía tecnológica
La discusión llega en un momento en que el Congreso analiza la ampliación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) hacia actividades como inteligencia artificial, centros de datos, manufactura de baterías de litio y refinación de cobre.
Los críticos del proyecto sostienen que el esquema podría profundizar las asimetrías entre grandes multinacionales y empresas locales, reduciendo las posibilidades de desarrollo de proveedores nacionales y pequeñas y medianas empresas.
También cuestionan la ausencia de mecanismos claros de transferencia tecnológica y la posibilidad de que la desregulación genere una dependencia creciente respecto de compañías extranjeras que controlan las principales infraestructuras digitales.
A ello se suma un interrogante de largo plazo: la dificultad de garantizar estabilidad jurídica durante tres décadas en un país caracterizado por cambios frecuentes en sus orientaciones políticas y económicas.
La controversia ya no gira únicamente en torno a incentivos fiscales o atracción de inversiones. En el fondo, plantea una discusión más profunda sobre quién controlará las tecnologías emergentes, cómo se distribuirán sus beneficios y qué límites deberán imponerse a actores capaces de operar más allá de las estructuras tradicionales del derecho.
Para quienes observan con preocupación la iniciativa oficial, la apuesta por convertir a Buenos Aires en una nueva capital global de la inteligencia artificial podría terminar abriendo la puerta a formas inéditas de concentración de poder. El desafío consiste en determinar si la innovación jurídica que hoy se propone impulsará una nueva etapa de desarrollo o si, como advierte Harari, habilitará la aparición de actores autónomos cuya capacidad de influencia resulte luego imposible de contener.
La certeza de que Milei quiere convertir a Buenos Aires en la nueva Batavia de la mano de los tecnofeudales de la IA, refuerza mis pensamientos y emociones de estos días: «El futuro llegó: todo un palo».
Alfredo Moreno es Computador Científico. Profesor TIC en la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Integrante de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Placts).