Bullrich y el Protocolo de la represión

En una audiencia pública convocada por legisladores de izquierda, los organismos defensores de los derechos humanos, sindicatos, asambleas vecinales, profesionales de la salud y el gremio de prensa, se pronunciaron en contra del Protocolo de orden público y repudiaron el accionar represivo de las fuerzas de seguridad durante el tratamiento de la fallida Ley de Bases o Ley Ómnibus.

por Mariane Pécora

Este encuentro se desarrolló el jueves 15 de febrero en una de las salas del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación con la participación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); de Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la Comisión Provincial por la Memoria; el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ); la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); la organización HIJOS, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh); Liberpueblo; la Liga Argentina por los Derechos Humanos; la Comisión de Prevención contra la Tortura y otros organismos que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
El eje central de la convocatoria fue la presentación de informes y denuncias sobre la represión desatada por el gobierno de Javier Milei y el de su par porteño Jorge Macri, contra las personas que se manifestaban frente al Congreso de la Nación durante el tratamiento del proyecto de la Ley de Bases. En el encuentro, brindaron testimonios reporteros gráficos, periodistas, jubilados, trabajadores de la cultura y profesionales de la salud, que fueron víctimas del accionar represivo.
Visibilizar estos hechos y exigir justicia es crucial para garantizar el respeto por los derechos humanos. En este sentido, la participación de distintos actores sociales en la denuncia y el repudio a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad sobre la población civil en el marco del Protocolo de seguridad promovido por la ministra Patricia Bullrich, habilita que se investigue la legitimidad del Protocolo.

La bala en el ojo
Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), lleva lentes negros. El jueves 1° de febrero mientras observaba el operativo de seguridad desplegado frente al Congreso de la Nación, recibió un impacto de bala de goma en el ojo izquierdo. Tuvo que esquivar proyectiles, soportar gases e incluso permanecer cuerpo a tierra durante largos minutos, hasta ser asistido. Al día siguiente le intervinieron quirúrgicamente. Para recuperar la visión deberá someterse a dolorosas operaciones y costosos tratamientos. Durante el relato de los hechos, Aufieri comparó el operativo represivo con un montaje de caza: “El protocolo de orden público de la ministra Patricia Bullrich impone a las fuerzas de seguridad a actuar bajo la figura de flagrancia. Esto quiere decir que cualquier manifestación a priori es un delito o hipótesis de delito, donde las fuerzas de seguridad pueden actuar sin que medie una orden judicial”, señaló y denunció que la justicia no actúa con rapidez tras estos hechos, como tampoco ha intervenido para suspender la medida, teniendo en cuenta el número de víctimas.

Posta sanitaria
“En tres días de represión atendimos a más de 285 personas, con heridas de todo tipo: traumatismos de cráneo con y sin pérdida de conocimiento, heridas de bala de goma en distintas partes del cuerpo: piernas, cara, ojos, abdomen”, sintetizó el médico Franco Capone, residente del hospital Penna e impulsor, junto a estudiantes y trabajadores del Hospital, de las postas de salud y cuidado dispuestas en Plaza Congreso durante el tratamiento de la Ley de Bases o Ley Ómnibus.
“Los trabajadores y las trabajadoras de prensa fueron quienes comprendieron de primera mano el sentido de las postas de salud”, indicó Capone, sugiriendo que ellos mismos fueron uno de los principales blancos de la represión.

Matar al mensajero
Además de ser gaseado, Nicolás Ramos, cronista gráfico de la agencia de noticias Anred, recibió tres impactos de bala de goma en las piernas. Una de esas heridas se infectó y debió afrontar los gastos de la medicación. “Quiero que la ministra Bullrich me diga donde presentar los tickets de la curación de mis heridas”, dijo. Tras lo cual mostró el nuevo distintivo que los trabajadores de prensa deben usar en las movilizaciones: el dibujo de una mira telescópica por sobre la palabra prensa. “Somos el objetivo”, explicó.
Ramos aseguró que el Protocolo de orden público habilitó la doctrina Chocobar (también impulsada por Bullrich): “Recibí tres balazos por la espalda el día el jueves 1° de febrero, mientras cubría la manifestación”, puntualizó y explicó que en ese momento la gente estaba sobre la Plaza Congreso y que las arterias se mantenían despejadas. En este sentido, puso a disposición su registro fotográfico para documentar lo sucedido e identificar a los miembros de las fuerzas de seguridad que reprimieron a las personas que se manifestaban en forma pacífica.
También se expresaron los reporteros gráficos de la agencia de noticias Télam, Maximiliano Luna y Víctor Carreira. Ambos, fueron atendidos en la posta sanitaria luego de ser gaseados en el rostro y recibir impactos de bala de goma en las piernas. Al igual que Aufieri, sostienen que el desmedido despliegue de fuerzas de seguridad fue orquestado para amedrentar a la población y evitar que saliera a la calle. “En 17 años de fotoperiodismo esta es la primera vez que veo a las fuerzas de seguridad disparar a mansalva y perseguir a los manifestantes en moto por arriba de la plaza”, dijo Carreira.

Una caja nada pasiva
Élida Carsi de Jubilados Agrupados fue gaseada en la cara el jueves 1° de febrero, cuando junto a otros miembros de ese colectivo se manifestaba sobre la vereda de avenida Callao y Rivadavia. “Pensamos que Bullrich no quería que saliéramos en los medios, porque en ese momento estábamos en vivo en distintos canales de TV en el horario del noticiero, denunciando que la Ley de Bases habilitaba el vaciamiento del fondo de sustentabilidad”, señaló.
“Estamos hablando de 37mil quinientos millones de dólares que pertenecen a los jubilados y que deberían usarse para pagar los juicios; o mejor, para otorgar un aumento de emergencia al 70 por ciento que cobra la mínima”, añadió Carsi. Y alertó que el gas empleado por las fuerzas de seguridad ciega y produce quemaduras en la piel. En este sentido, sostuvo que el Protocolo de orden público no apunta a resolver un problema de tránsito sino evitar que la población salga a la calle a manifestarse.

Sostener la cultura
“El viernes 2 de febrero, el tercer día de la represión, mientras las fuerzas de seguridad nos gaseaban en Plaza Congreso, resistimos entre periodistas, trabajadores de prensa, artistas y manifestantes para sostener el festival que habíamos organizado en defensa de la Cultura”, relató Mirta Israel de Unidos x la Cultura. La activista apeló a la unidad y masividad de la movilización para poner freno al protocolo de Bullrich.

Anatomía de la represión
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elaboró un informe de casos de lesiones y detenciones ilegales producidas por las fuerzas federales durante el tratamiento de la Ley Ómnibus. En el mismo figuran 285 víctimas y un total de 23 personas detenidas.
“Estamos ante una circunstancia trágica y nos vamos aproximando cada día más a una profundización de esta escatología, que debíamos esperar si triunfaban las fuerzas de extrema derecha tal como ha ocurrido”, sentenció Dora Barrancos, la representante este organismo.
Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), destacó, entre las particularidades del Protocolo de orden público, una nueva forma de intervención de las fuerzas de seguridad a partir del concepto de dispersión de los manifestantes, que consiste en dañar a las personas que se movilizan, detenerlas y elaborar causas contra ellas. “Si para una detención o un desalojo hay numerosas reglas, para una dispersión no hay ninguna”, señaló, y denunció las tareas de inteligencia sobre los manifestantes, como también la pretensión ilegal por parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de cobrar el costo de los operativos a las organizaciones sociales que se movilizan.
“Los relatores de Naciones Unidas en materia de libertad de expresión, de libertad de asociación y de libertad de reunión, expresaron que el Protocolo de orden público incumple varias de las normas previstas en los tratados internacionales de derechos humanos”, señaló Morales, y alertó que “sin embargo sigue vigente”.
Barrancos y Morales advirtieron que el Protocolo de orden público implica lisa y llanamente la prohibición del derecho a la protesta: otorga a las fuerzas de seguridad la potestad para dispersar, realizar tareas de inteligencia, detener y encausar a quienes se manifiestan, y además obliga a las organizaciones a pagar los costos del despliegue represivo.
“Asistimos al intento por parte del Gobierno de Bullrich y Milei de prohibir directamente la protesta social y el derecho a manifestarse. Creemos que es una represión preventiva la que están aplicando porque saben que el ajuste brutal que están pasando contra el pueblo va a generar resistencia y protesta en las calles”, alertó la diputada por el Frente de Izquierda, Miriam Bregman, quien al igual que Dora Barrancos, convocó a movilizarse los días 1, 8 y 24 de marzo.

Amañes judiciales
El 18 de diciembre del año pasado, la legisladora porteña Celeste Fierro presentó ante la justicia una acción de inconstitucionalidad del Protocolo de orden público. Tras deambular durante 50 días por ocho juzgados, una cámara y distintos fueros, el 5 de febrero, en el marco de la represión desatada durante el tratamiento de la Ley de Bases, el juez Sebastián Casanello dio trámite a la demanda y exhortó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a adecuar la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federal a los límites constitucionales, pactos internacionales en materia de derechos humanos y observaciones efectuadas por los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 23 de enero. En el escrito, el magistrado señala que se debe garantizar el derecho a la protesta y que, ante una inminente comisión de delito, las fuerzas de seguridad están obligadas a consultar a la justicia. También citó, a la funcionaria y la demandante, a una audiencia de partes que se celebró el miércoles 14 de febrero, donde Patricia Bullrich tenía que dar cuenta de los antecedentes del protocolo, presentando dictámenes jurídicos, consultas realizadas y adecuación de éste a las normas internacionales de derechos humanos. También se le pedía que explique las denuncias en curso sobre su aplicación y las respuestas brindadas a los relatores especiales de la ONU.
“La audiencia tuvo que pasar a cuarto intermedio para la semana siguiente, por una razón muy simple: Bullrich y su equipo no pudieron responder los cuestionamientos, tanto del juez, como los que la fiscalía y los que nosotros como demandantes les planteamos”, explicó ese día Celeste Fierro.
“El nudo del debate tiene que ver con un elemento muy claro: el Protocolo otorga facultades discrecionales a las fuerzas de seguridad para reprimir casi toda protesta social por encima del control de la Justicia o de cualquier otra instancia. Bullrich se arroga la facultad de considerar ‘delito evidente’ (flagrante) toda manifestación pública de reclamo, modificando de hecho el Código Penal, y esto no es atribución de una funcionaria de gobierno. Prácticamente estipula un verdadero estado de excepción que vulnera los derechos humanos vigentes, consagrados por la Constitución Nacional y los pactos internacionales que desde 1994 también tienen rango constitucional en nuestro país”, consideró Fierro.
En el intermedio, el jueves 15 de febrero, a instancias de uno de los ocho recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de Seguridad, la Cámara Federal porteña revocó el exhorto donde Casanello instaba a las fuerzas de seguridad a cumplir los lineamientos de la Constitución Nacional. Medida de por sí preocupante, que se agravó el martes 21 de febrero, cuando a horas de la reanudación de la audiencia, uno de los miembros de esa Cámara, el Juez Federal Eduardo Farah, hizo lugar al pedido de recusación de Casanello tramitado por la cartera de Seguridad y trasladó la causa a la justicia ordinaria.
La legisladora porteña Celeste Fierro denunció que no fue notificada en tiempo y forma sobre esta actuación judicial y calificó a la misma como “una decisión política viciada de ilegalidad y promovida por Bullrich para bloquear la continuidad de una causa que evidenciaba la inconstitucionalidad e ilegalidad del protocolo”.
“Desenmascaramos lo que era insostenible: el protocolo viola la Constitución, pactos internacionales, y el Ministerio se arroga la facultad de legislar, modifica el código penal. Un mamarracho de autoritarismo. De hecho, ninguna medida judicial, en ninguna instancia hasta ahora, expresó que el protocolo fuera legal”, afirmó Fierro que apeló la resolución.
Esta mañana, bajo el argumento que el procedimiento de habeas corpus «no contempla la posibilidad de recurso alguno contra una cuestión como la que se intenta someter a conocimiento de la Cámara de Casación», el juez Eduardo Farah de la sala II de la Cámara Federal rechazó enviar el expediente a la Cámara de Casación Penal y dispuso que vuelva al juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, que tras rechazar la acción judicial había remitido la causa a Comodoro Py.

Foto de portada: Télam

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