¿CABE el presupuesto de Educación en CABA?
Generalmente, los anuncios políticos vienen cargados de parafernalia. De ese modo, resulta más difícil descifrar el mensaje implícito destructivo. Y sin excepción a la regla, los medios de comunicación afines al Gobierno acompañan ese mensaje con títulos que aplauden desde los anuncios. Así ocurre que las palabras innovación, jerarquización, millones de pesos invertidos en infraestructura para la nueva universidad que se quiere crear desde el Gobierno Porteño, forman parte de un anuncio auspicioso mientras que el mensaje dice que la medida traerá como consecuencia el cierre de 29 Institutos de Formación Docente (IFD) de la Ciudad de Buenos Aires.
Ante esto, la comunidad educativa (con un sorpresivo apoyo de la Iglesia Católica) realizó una vigilia el mismo día del anuncio donde manifestó su repudio, y el 29 de diciembre se movilizó frente al Palacio Pizzurno en favor de mantener los 29 Institutos. Y continúa en estado de alerta.
por Rocío Bao
Llamar a las cosas por su nombre
A principios del mes pasado, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció la creación de una Universidad de Formación Docente, al tiempo que enviaba a la Legislatura Porteña el proyecto para ser convertido en ley y entrar en vigor a partir del 2019. «Los jóvenes no quieren ser maestros aunque la docencia es la profesión del futuro», dijo entonces Rodríguez Larreta.
Rápidamente, el diario La Nación defendió el proyecto: “Busca incentivar el estudio de la carrera ante la falta de maestros en las escuelas; además, promueve que los conocimientos se adecúen a las nuevas necesidades del aula”. Pero la comunidad educativa, principal afectada por la medida, no lo interpreta así, por el contrario, denuncia que se trata de una reducción de presupuesto y muestra el mensaje implícito.
El proyecto UniCABA, impulsado por el Ministerio de Educación porteño en común acuerdo con Rodríguez Larreta, conllevaría como consecuencia el cierre de 29 Institutos de Formación Docente (IFD), que imparten educación pública inicial y primaria, educación media, idiomas, educación física, especial y artística. Entre esos institutos se encuentran los más prestigiosos, como el Joaquín V. González, el Mariano Acosta y el Alicia Moreau de Justo.
Jerarquización versus Ajuste
“Lo que se esconde detrás de este proyecto es la reducción del presupuesto educativo, el ajuste disfrazado de una supuesta jerarquización e innovación, un ajuste que viene realizando desde hace más de diez años este Gobierno PRO”, dice Juan Manuel Sánchez, profesor de portugués en nivel medio, primario y normal, graduado en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas.
El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López explica: “Los IFD tienen más de 100 años y nunca faltaron docentes. La menor cantidad de profesores no tiene que ver con razones académicas o de vocación, sino con el recorte que se hizo en Educación durante los últimos 10 años en esta Ciudad, mientras gobernó el PRO. Redujeron el presupuesto del 28,2 por ciento en 2007 a un 18,4 por ciento para este año”. Esto significa una reducción de 21.276 millones de pesos en Educación para el año 2018.[1] Las cifras son elocuentes: se ha hecho un ajuste con el pretexto de jerarquizar la Educación.
La ministra de Educación porteña Soledad Acuña advirtió sobre la supuesta falta de docentes para defender la creación de esta nueva universidad. Pero desde la UTE le respondieron: “Si el problema que se quiere combatir es la escasa cantidad de aspirantes a la docencia, la principal hipótesis para trabajar no debería ser la de prestigiar el título convirtiéndolo en universitario, sino buscar que el sueldo docente de la jurisdicción sea “competitivo” con las otras alternativas laborales de los aspirantes. Al mismo tiempo, el Gobierno debería dejar de estigmatizar y atacar a los docentes si su preocupación es jerarquizar el trabajo docente”.
A este comunicado, Juan Manuel Sánchez agrega: “Acá no hay una crisis de vocación, no es que los jóvenes no quieren estudiar. Si bien faltan docentes (para lo cual, tanto UTE como Ademys declararon la emergencia educativa y propusieron varios puntos para poder sortearla), lo que está claro es que desde el Gobierno hay un plan de desfinanciación del sistema educativo estatal. Los sueldos son bajos, las condiciones son cada vez peores, entonces la gente que sale de los profesorados elige el sector privado antes que el público. Esa es la verdadera crisis: la desfinanciación del sistema educativo de gestión estatal”.
Un apoyo inesperado
La movilización del 29 de diciembre, donde gremios, profesores y estudiantes manifestaron su repudio a este plan, hasta ahora no tuvo ninguna respuesta por parte del Ministerio de Educación, ni de Nación ni de Ciudad. Pero horas antes, el Arzobispo de Buenos Aires Mario Poli, emitió un comunicado en el que pidió claramente a Rodríguez Larreta que retire el proyecto y lo instó a crear espacios de diálogo genuino para garantizar una mejor capacitación de los profesorados.
“No hay una firma de ningún referente de la comunidad académica que avale este proyecto. Nadie quiere poner la firma, nadie quiere quedar pegado. Saben que este proyecto es un disparate, que es totalmente autoritario e inconsulto, que responde a un plan de ajuste brutal y también a un plan educativo que va a inmiscuirse en la currícula y en la libertad de cátedra, tal es así que hasta inclusive uno de los puntos habilita al Poder Ejecutivo a intervenir a través de la fuerza en cualquier episodio de cualquier naturaleza que altere el orden de las clases; con lo cual están habilitando un plan totalmente siniestro, que es entrar a las escuelas a reprimir si llega a haber algún episodio de toma o de reclamo”, explica el profesor Sánchez.
En estado de alerta
Ante la probable sanción del proyecto, la comunidad educativa planifica continuar con el plan de visibilización del conflicto. “La comunidad educativa está en estado de alerta. Es un verano movido donde estamos comunicados entre casi todas las instituciones, aun los que están de vacaciones. Vamos a ver qué es lo que se resuelve los primeros días de febrero, que es cuando se vuelve a las clases. Estamos alertas. Y no se descarta ninguna medida extrema para impedir este avasallamiento sobre la educación terciaria de gestión estatal en la Ciudad”, concluye Sánchez.
[1] El cálculo es sencillo. Dados los 222.383 millones de pesos del presupuesto actual de la Ciudad, si se le aplica el porcentual para Educación de 2007; (28,2 %) el resultado es 62.267 millones. Si se le aplica el porcentual actual para Educación (18,4 %) el resultado es 40.991 millones. La diferencia, que es la reducción o el ajuste, da 21.276 millones de pesos.