Caputo paga $800 mil millones con bonos y traslada el ajuste a la Ciudad
El Gobierno nacional acordó cancelar una deuda por $800 mil millones con la Ciudad de Buenos Aires mediante bonos. La falta de transferencias en efectivo ya impacta en el gasto: recortes de horas extra policiales y presión sobre las cuentas porteñas.
por Melina Schweizer
El acuerdo entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires para cancelar una deuda por coparticipación mediante bonos marca un punto de inflexión en la relación fiscal entre ambas jurisdicciones. No se trata solo de un mecanismo de pago, sino de una señal sobre la situación financiera del Estado nacional y su estrategia para sostener el equilibrio fiscal.
La deuda acumulada —estimada en $800 mil millones entre junio de 2025 y abril de 2026— será saldada con títulos públicos que la Ciudad exige tengan liquidez en el mercado. Esto implica que, en lugar de hacer transferencias directas de fondos, la Nación opta por diferir el pago a través de instrumentos financieros.
Deuda en bonos: financiamiento encubierto
Desde el punto de vista económico, el uso de bonos para cancelar deuda equivale a una forma de financiamiento.
En lugar de pagar en efectivo, el Estado emite más deuda y traslada el pago al futuro, evitando el impacto inmediato, es decir, que el pago se convierta en déficit. Este mecanismo permite sostener el superávit fiscal en el corto plazo, pero a costa de incrementar los compromisos financieros.
Obviamente, la estrategia fiscal de este mecanismo no es otra que postergar los pagos para sostener el superávit fiscal. En este sentido, el acuerdo se inscribe en una política más amplia del Ministerio de Economía, que consiste en diferir las transferencias y retener partidas presupuestarias, con el fin de priorizar el equilibrio fiscal.
Este esquema ya se refleja en otros frentes, como por ejemplo los atrasos en pagos a organismos públicos, la reducción de subsidios y los recortes en programas sociales. En términos económicos, se trata de una estrategia de ajuste basada en la administración de la liquidez del Estado.
Impacto en la Ciudad: ajuste inmediato
La falta de transferencias en efectivo tiene efectos concretos en las cuentas de la Ciudad. Entre las primeras medidas adoptadas para soportar la escasez de recursos figuran el recorte de las horas extras policiales, la reducción de adicionales y el ajuste de los gastos operativos.
Esto revela una característica clave del sistema fiscal: cuando Nación no transfiere recursos, las provincias y municipios ajustan.
Bonos líquidos: la condición clave
El gobierno porteño estableció como condición central aceptar solo bonos con liquidez en el mercado; esto responde a la necesidad financiera de liquidar lo más rápido posible esos títulos, para convertirlos en dinero en efectivo que le permita sostener el gasto corriente. Si los bonos no tienen mercado, el problema se traslada y la deuda se cobra, pero no se puede usar.
Transferencia del problema financiero
El uso de bonos permite que la Nación reduzca la presión financiera inmediata, trasladando a la Ciudad el riesgo del mercado. Esto incluye una serie de consecuencias que ponen en riesgo las finanzas porteñas, como lo son la posible variación en el precio de los bonos, la dificultad de liquidarlos y la pérdida del valor real de los mismos. En términos económicos, el problema fiscal no desaparece, solo cambia de manos.
Contexto macro: restricciones crecientes
Este acuerdo se sella en un contexto de fuertes restricciones, como la imposibilidad de emitir dinero, la necesidad del Gobierno nacional de sostener el superávit fiscal y el acceso limitado al crédito. Ante esto, el Ministerio de Economía recurre a mecanismos alternativos como son la postergación de los pagos y el ajuste en los gastos que, en definitiva, le habilitan a cancelar los intereses de la deuda contraída con organismos internacionales, como, por ejemplo, el FMI.
Esta dinámica tiene efectos en cadena que impactan más allá del territorio porteño. Y se traducen en el deterioro de servicios públicos, en una menor capacidad de inversión y en tensiones intergubernamentales. Además, generan incertidumbre sobre la previsibilidad fiscal, clave para la planificación de las administraciones locales.
El pago de las deudas que el Gobierno nacional mantiene con las provincias, a través de bonos, no es una solución, sino una reconfiguración del problema. Permite al Gobierno nacional sostener el superávit en el corto plazo, pero traslada la presión financiera hacia otras jurisdicciones.
El resultado es un esquema en el que el ajuste se descentraliza, la liquidez se restringe y el costo se distribuye en distintos niveles del Estado. En ese contexto, la relación fiscal entre la Nación y las provincias deja de ser un mecanismo de distribución. Se convierte en un canal de ajuste.