Amparo contra la concesión de los medios públicos porteños
La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) interpusieron una acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA). La presentación judicial, patrocinada por el abogado Jonatan Baldiviezo y la Dra. Cecilia Pazos, busca frenar el proceso de licitación que habilita la concesión del gerenciamiento operativo y de programación de tres medios públicos estatales: la AM 1110 Radio de la Ciudad, la FM 92.7 La 2×4 y el Canal de la Ciudad.
El amparo solicita que se declare la nulidad absoluta e inconstitucional de la Resolución N° 7/MJGGC/26 y de los pliegos licitatorios que convocan a la privatización por cinco años de la gestión de los medios públicos de la Ciudad. Además, reclama una medida cautelar y una precautelar para suspender de inmediato el proceso, cuya apertura de sobres está prevista para el 12 de mayo de 2026.
Las organizaciones sostienen que el GCBA incurre en una violación directa del marco legal vigente, especialmente del artículo 47 de la Constitución porteña, que exige la creación de un ente autárquico para la administración de los medios públicos. A treinta años de la sanción de la Constitución local, ese organismo nunca fue creado.
La demanda plantea cuatro ejes centrales: en primer término, la continua e inconstitucional omisión del Poder Ejecutivo y de la Legislatura porteña de la obligación de crear el ente autárquico, tal como lo prevé la Constitución de la Ciudad. En segundo término, se subraya que la gestión estatal de los medios es indelegable, por lo que la concesión a privados del manejo editorial y del personal implicará el vaciamiento de funciones estatales. En tercer lugar, se apunta al incumplimiento del artículo 63 de la Constitución local, que exige una audiencia previa para cambios en el uso de bienes públicos estratégicos, como el espectro radioeléctrico. Y, por último, se señala la ausencia de estudios del impacto cultural que tendría esta medida.
En este sentido, la acción de amparo sostiene que el patrimonio cultural forma parte del “ambiente” protegido por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, por lo que cualquier modificación en su gestión requiere instancias participativas y evaluaciones previas. En tanto que alertan que una gestión privada, orientada a la rentabilidad, puede poner en riesgo este acervo cultural.
El escrito, dedica un extenso apartado al valor histórico y cultural de los medios involucrados. Señala, por ejemplo, que la FM 92.7 (La 2×4) es la única radio pública del mundo dedicada íntegramente al tango, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO; en este sentido, las organizaciones demandantes advierten que el pliego no garantiza la preservación de su identidad musical. En tanto, la AM 1110 Radio de la Ciudad, fundada en 1927, conserva un archivo sonoro considerado que representa la memoria viva de las y los porteños. Mientras que el Canal de la Ciudad, creado en 2003, tiene la obligación legal de transmitir en vivo las sesiones de la Legislatura porteña, sin cortes comerciales.
El amparo también señala que la concesión prevista —de 60 meses y con un canon mensual de $10.753.750 para el Canal de la Ciudad y $1.229.000 para las radios— podría bloquear el avance de dos proyectos de ley actualmente en debate en la Legislatura (1083-P-2026 y 1060-D-2026), que buscan crear el ente autárquico exigido por la Constitución. La adjudicación, afirman, generaría hechos consumados y expondría al Estado a eventuales demandas millonarias si decidiera rescindir el contrato.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad y las organizaciones acompañantes solicitan que la Justicia ordene el cese definitivo del proceso de privatización y obligue al Poder Ejecutivo y a la Legislatura a crear, de manera urgente, el ente autárquico previsto en la Constitución. Según la presentación, este paso es indispensable para garantizar la pluralidad política, la transparencia y la participación ciudadana en los medios públicos de la Ciudad.