Dar la pelea II
El despliegue de seguridad de la ministra Patricia Bullrich en la movilización convocada por la CGT, las dos CTA, la Izquierda y distintas organizaciones sociales y gremiales al Palacio de Tribunales, en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación la economía, resultó con un policía atropellado, seis detenidos, periodistas agredidos e interrupción del tránsito en las avenidas Corrientes y 9 de julio. Una vez más quedó demostrado que el protocolo de Orden Público dispuesto por el Gobierno nacional es inoperable.
27 de diciembre de 2023. 7:00 horas. Los accesos a la ciudad amanecen sitiados. La policía federal controla el tránsito, requisa colectivos, pide documentación y escudriña mochilas y pertenencias. A las nueve de la mañana, siete combis, un camión y un carro hidrante, estacionan sobre calle Uruguay, frente a la Corte Suprema de Justicia. Cuarenta minutos después, en la cuadra de la Procuración de la Ciudad estacionan otras siete combis, un camión, un carro hidrante y dos ambulancias de la gendarmería nacional. Acaba de ponerse en marcha el protocolo de Orden Público. Esta vez ante la movilización al Palacio de Tribunales convocada por la CGT, las dos CTA y otras organizaciones gremiales en repudio al DNU de desregulación de la economía promovido por el Gobierno nacional.
En las cabeceras de las estaciones ferroviarias, una voz masculina repite en forma ininterrumpida: «Cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por la ley», y luego advierte “El que corta no cobra”. Con impactante tipografía blanca, esta sentencia se reproduce sobre el fondo azul de la cartelería, junto al dato de la línea telefónica 134, que invita a los beneficiarios de planes sociales denunciar si son obligados a marchar.
La cita es a las 12:00 en Plaza Lavalle. Sin embargo, la tensión comienza dos horas antes, cuando el cuadrilátero de la plaza desborda de manifestantes y, pese al empeño de las fuerzas de seguridad por impedirlo, la multitud puebla las calles aledañas al Palacio de Justicia. Hacia el mediodía el sol de diciembre lacera y un vaho caliente y pegajoso abraza los cuerpos. La CGT, que cuenta con autorización de la ministra de Seguridad, corta media calzada de avenida Corrientes para llegar a la Plaza. Por calle Talcahuano avanza una nutrida columna de trabajadores y trabajadoras del Estado. En calle Tucumán hacen lo propio las cooperativas de recicladores urbanos. Desde avenida Córdoba llega el gremio del neumático. Las CTA han ingresado por calle Libertad. Sobre calle Cerrito hay estacionados una veintena de colectivos de la Policía de la Ciudad. El primer tramo de Diagonal Norte está vallado.
“El presidente de la Nación prometió hacer un ajuste que lo pagaría lo que él denomina ‘casta política’, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte. Pero su primer acto de gobierno es un decreto de necesidad y urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas a un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales”, sentencia el comunicado de la CGT, leído frente a Tribunales.
“Vinimos hoy a pedirle a la Justicia que cumpla con la función del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU”, continúa el escrito y destaca la importancia de que la Justicia Nacional del Trabajo cumpla con su función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad de la medida en beneficio de los trabajadores afectados.
Entre los y las asistentes sobresalen las pancartas que exigen a la CGT la convocatoria a un Paro General, este pedido se replica en un coro de voces y se hace consigna en la medida que avanza la lectura del documento.
“El orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado. No hay necesidad ni urgencia que demande subvertir el orden constitucional, arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral”, sentencia el documento de la CGT y asegura: “Cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario”.
Pese a la presión interpuesta por las fuerzas de seguridad el acto de desarrolla en calma.
12:50 Desconcentración. En la intersección de calle Talcahuano y avenida Corrientes un cordón de oficiales de la Policía de la Ciudad se empeña en controlar que la multitud respete los semáforos para garantizar el transito vehicular. Misión imposible. El cuerpo social acalorado desborda, las fuerzas de seguridad, sin duda también acaloradas bajo la pesada fajina de su artillería, se empeñan en cumplir con el protocolo de Orden Público. Los bocinazos se incrementan, la calle se hace alarido. Para impedir el corte de la arteria, una primera línea agentes se acordona sobre el asfalto de avenida Corrientes, angostando el carril vehicular al punto que un colectivo de la Línea 26 atropella a uno de ellos. Ante el incidente entra en acción la Gendarmería, que se despliega desde la esquina de calle Uruguay ocupando, junto a la policía metropolitana, el cantero central y las veredas par e impar de la avenida Corrientes. El operativo provoca un mayor entorpecimiento tránsito vehicular, mientras que sobre la acera la multitud bulle y los comerciantes se sienten atemorizados. El cordón policial se engrosa hasta cubrir casi toda la calzada e igualar en número a los manifestantes. El tránsito se desvía desde calle Paraná hacia el norte, desde calle Montevideo hacia el sur. Comienzan las refriegas, las detenciones, las agresiones a la prensa. Como paradoja, son las fuerzas de seguridad las que interrumpen el tránsito durante horas.
14:30. La policía motorizada avanza por Corrientes, desde Paraná hacia el Obelisco, ronda Plaza Lavalle a la caza de insurrectos. Detiene a seis personas, entre ellas al periodista Martín Brunas, secretario de prensa de Unidad Popular (UP), por filmar el operativo policial, agrede a trabajadores de prensa.
14.50. La policía mantiene el tránsito cortado en Corrientes. Lavalle también permanece cortada y una docena de oficiales motorizados aguarda en la intersección con Uruguay.
15:00. El operativo policial no ha terminado, las refriegas se extienden hasta la avenida 9 deJulio. Ekl tránsito está interrumpido en avenida Corrientes.
El despliegue de fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento del protocolo para el Orden Público se inició a las 7:00 de la mañana y culminó a las 15:30 horas. Pese a los cortes de tránsito, las órdenes y contraórdenes, la ministra Patricia Bullrich asegura que el operativo fue exitoso. Algo inteligible.
Lo cierto es que vivimos en un tiempo inteligible.
Represión y detenciones ilegales
Tras las declaraciones de la Ministra, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) denunciauna serie de irregularidades en el operativo de seguridad. El comisionado del CNPT, Gustavo Palmieri, destaca que las detenciones fueron ilegales, ya que se realizaron sin orden judicial y las personas detenidas fueron trasladadas a comisarías sin que se les informara de los motivos de su detención. Denuncia que algunos de los detenidos fueron golpeados por la policía. Estas irregularidades constituyen una violación de los derechos humanos.
La Comisión Provincial por la Memoria considera que hubo represión y detenidos en la desconcentración. «Frente a la pacífica marcha de gremios y organizaciones sociales se desarrolló un despliegue excesivo y violento de las fuerzas de seguridad, un operativo sin razonabilidad para amedrentar a quienes marchaban», afirma.
Ley ómnibus para reprimirte mejor
La respuesta del Gobierno Nacional a la Marcha convocada por la CGT se materializa en el envío al Congreso de la Nación del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos el mismo 27 de diciembre. Una demostración de poder que pone de manifiesto la vocación confrontativa del Ejecutivo nacional con las grandes mayorías de la sociedad, en particular con los sectores medios y bajos.
La denominada Ley ómnibus establece un marco de emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de prórrogarse por dos años más. Medida que implica la suspensión de garantías y derechos constitucionales que permitirán una profunda reforma impositiva y laboral, la suspensión de la actualización de haberes y la habilitación de sanciones penales a la protesta social.
El proyecto propone reformas al Código Penal que “legitiman el gatillo fácil y quitan el derecho consagrado en la legislación nacional y la historia de la defensa de los derechos democráticos y la Convención de los Derechos Humanos”, asegura María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
Verdú advierte que laLey ómnibus incrementará los casos de violencia policial y que las fuerzas de seguridad se convertirán en el brazo armado de la ley, como sucedió durante la vigencia de la denominada «doctrina Chocobar», promovida por Patricia Bullrich durante la gestión macrista, cuando se incrementó de manera exponencial la intervención de las fuerzas federales en los casos de gatillo fácil.
La referente de la Correpi cuestiona el criterio de actuación para las fuerzas de seguridad que imperaba en la primera gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, que habilitaba el disparo por la espalda ante alguna sospecha e impedía a la familia querellar e investigar lo sucedido. Y destaca que durante la gestión de Sabina Frederic se derogaron estos protocolos y se produjo una baja de los casos de gatillo fácil, pero que en la ciudad de Buenos Aires se incrementó la política de mayor represión.
En este sentido, Verdú considera que el proyecto de ley ómnibus y la reforma al Código Penal son un retroceso en materia de derechos humanos y que aumentarán los casos de violencia policial.
Verdú considera que el proyecto de ley ómnibus y la reforma al Código Penal son un retroceso en materia de derechos humanos y que aumentarán los casos de violencia policial.