Denuncian “avanzada represiva” en los barrios populares del CABA
En una asamblea de vecinos y vecinas de distintos barrios populares, junto con docentes, referentes territoriales y organizaciones sociales, se reunieron para analizar lo que describen como una “escalada represiva” impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires.
La preocupación atravesó todas las intervenciones. El recuerdo del megaoperativo del jueves 14 de mayo, en el que 1.500 efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpieron en 17 barrios populares con drones, helicópteros, móviles especiales y cobertura mediática en vivo, estuvo presente durante toda la jornada. El Gobierno porteño presentó el despliegue como parte de un “plan integral contra el narcotráfico”, según el Ministerio de Seguridad porteño, sin embargo, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos cuestionaron la medida.
Según un informe preliminar del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), estos operativos “repiten patrones de saturación policial que históricamente no han demostrado eficacia en la reducción del delito, pero sí han generado hostigamiento y vulneración de derechos en los sectores más pobres” (CELS, Informe sobre Políticas de Seguridad Urbana, 2023). Vecinos denunciaron que el operativo se realizó “sin órdenes judiciales individualizadas y con procedimientos masivos que incluyeron requisas sin justificación”.
Un operativo con antecedentes: saturación policial y estigmatización
El procedimiento del 14 de mayo no fue un hecho aislado. Desde principios de 2024, el Gobierno porteño viene implementando operativos de saturación en villas y asentamientos, una estrategia que ya había sido cuestionada durante gestiones anteriores. Según datos del Ministerio Público de la Defensa de CABA, este tipo de despliegues “suele derivar en detenciones arbitrarias, controles discriminatorios y decomisos injustificados de herramientas de trabajo”, especialmente contra jóvenes y migrantes (MPD, Informe Anual 2022–2023).
Diversos especialistas en seguridad urbana, como el sociólogo Gabriel Kessler, han señalado que estos operativos “tienen más impacto simbólico que real en términos de reducción del delito, pero sí producen un efecto disciplinador sobre poblaciones vulnerables” (Revista Anfibia, 2021).
En este caso, vecinos denunciaron requisas ilegales, decomiso de carros de cartoneros, topadoras levantando puestos ambulantes y la destrucción de espacios comunitarios. Para los participantes de la asamblea, el objetivo no fue combatir el narcotráfico, sino “disciplinar a los pobres”.
Amplia participación y críticas al relato oficial
En la reunión participaron organizaciones como La Garganta Poderosa, Patria Grande, La Cámpora, la Corriente Villera, la Agrupación Diego Maradona, el CeProDH, docentes de la 9 de Abril – PTS, estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, jubilados autoconvocados y referentes de la Coordinadora contra los Desalojos de CABA.
Los asistentes vincularon el operativo con el clima político en la Legislatura porteña, donde —según señalaron— el PRO y La Libertad Avanza avanzaron con leyes favorables a grandes desarrolladores inmobiliarios, mientras “la represión cae sobre los de abajo”. Esta lectura coincide con análisis publicados por Tiempo Argentino, que advierten sobre “una estrategia de control territorial en zonas donde avanzan proyectos de urbanización privada o revalorización inmobiliaria” (17/05/2024).
Las frase más repetida en la asamblea fue “Los narcos están en los countries”.
Docentes: “Nuestros guardapolvos están de este lado”
Los docentes presentes denunciaron recortes en educación, incluyendo la reducción de orquestas infantiles, viandas escolares y programas socioeducativos. Propusieron elaborar materiales para difundir en las escuelas y articular con los sindicatos docentes UTE y Ademys.
Nacho, docente de la Villa 21-24, sintetizó el rol que buscan asumir: “Nuestros guardapolvos están de este lado. Están para defender a las alumnas y alumnos, a los jóvenes y a sus familias”.
Entre las iniciativas surgidas, se destacó la necesidad de convocar movilizaciones conjuntas para visibilizar el rechazo a estas políticas. También se propuso fortalecer las asambleas barriales, articular con estudiantes universitarios, centros de estudiantes y jubilados, y exigir una postura más activa de las centrales sindicales.
David, referente de la Coordinadora contra los Desalojos, planteó: “Necesitamos una gran respuesta unitaria. Y para eso hay que exigir a la CGT y la CTA, que se solidarizan de palabra, que se pongan a la cabeza de estos reclamos”.