Desalojos en la Ciudad de Buenos Aires
Una política en exclusión sin contención social
El escenario es crítico: en dos años y medio fueron desalojadas más de 4.400 personas en la Ciudad de Buenos Aires, señala el informe “Desocupaciones y desalojos en CABA”, elaborado por la Defensoría del Pueblo porteña, en el que advierte que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se registraron 621 desalojos, que afectaron a 1.135 familias y a 4.482 personas. El documento advierte, además, que 1.409 de esas personas son niños, niñas y adolescentes, lo que evidencia el impacto directo de esta política en la población con mayor grado de vulnerabilidad social.
El análisis conjunto de la Defensoría y el Ministerio Público de la Defensa revela que entre 2024 y 2025 los desalojos aumentaron un 26%, y que, si se mantiene la tendencia de los primeros meses de 2026, este año será el de mayor cantidad de desalojos del período.
Un cambio de paradigma: crecen los desalojos administrativos
El informe destaca un giro cualitativo en la política de desocupación del Gobierno porteño. Por ejemplo, mientras que en 2024 el 98% de los desalojos se realizaron por orden judicial, durante los primeros dos meses de 2026, el 58% de los desalojos tuvieron un carácter administrativo; es decir, fueron ejecutados directamente por orden del Gobierno de la Ciudad, superando a los ordenados por la justicia.
En tanto que los desalojos por clausura ante el riesgo de derrumbe llegaron al 52% del total. Esta última medida está avalada por el artículo 12 del Decreto 1510/97, que permite la desocupación administrativa únicamente ante un riesgo estructural inminente e inaplazable. Sin embargo, el informe elaborado por la Defensoría advierte que en 2026 la Jefatura de Gabinete del GCBA instó a inspeccionar el 33% de los desalojos por riesgo de derrumbe, que “por definición debería responder a una situación de emergencia técnica objetiva”. En este sentido, el documento sugiere que muchas clausuras carecen de informes técnicos fehacientes o no justifican por qué no se aplicaron medidas menos gravosas, como apuntalamientos o clausuras parciales.
La falta de una política habitacional adecuada
La Defensoría y el Ministerio Público de la Defensa remarcan que el Gobierno porteño no cuenta con políticas específicas para las personas desalojadas. Las únicas alternativas ofrecidas son los Centros de Inclusión Social (CIS), también llamados «paradores», que permiten a estas personas únicamente pernoctar en condiciones de extrema precariedad, o bien el Programa de Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional, que les otorga un subsidio para pagar un alojamiento. Ambas opciones son consideradas insuficientes. Aunque el 80% de las familias accedió al menos a una cuota del subsidio, la falta de adecuación del programa pone en riesgo su continuidad. El informe también denuncia la ausencia de un protocolo único e integral para los desalojos y de una instancia que coordine a las áreas estatales involucradas.
La emergencia habitacional: 12.000 personas en la calle y 30 muertes desde 2023
En paralelo, la Coordinadora contra los desalojos y por la vivienda, que nuclea a personas en situación de calle, familias desalojadas, habitantes de villas, hoteles, pensiones e inquilinatos, denuncia que en la Ciudad hay 12.000 personas en situación de calle, entre ellas más de 1.300 niños en edad escolar y cientos de adultos mayores. También sostiene que desde la asunción de Jorge Macri en la Jefatura de Gabinete, alrededor de 30 personas en situación de calle fallecieron.
Por otra parte, indica que los costos de vivienda y servicios aumentaron un 400% desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional; este incremento afecta directamente a trabajadores formales e informales, jubilados, migrantes, disidencias, despedidos y personas atravesadas por violencia de género. En este sentido, la organización sostiene que tanto el Gobierno nacional como el porteño aceleran los procesos de desalojo. Jorge Macri, mediante la Guardia de Auxilio, con clausuras por supuestos riesgos de derrumbe. Y Javier Milei, impulsando la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que la Coordinadora interpreta como una “violación del derecho a la vivienda”.
Marcha de las escobas. Una movilización que recupera la memoria histórica
¿Por qué las escobas? La Coordinadora convoca a una movilización el viernes 19 de junio a las 17 h, desde Callao y Corrientes hasta el Edificio del Plata, retomando el símbolo de “La huelga de las escobas” de 1907. Aquel movimiento, protagonizado principalmente por mujeres, frenó un aumento del 30% en los alquileres de conventillos y obligó a mejorar las condiciones habitacionales.
La referencia subraya que los derechos se conquistan mediante la organización y la lucha colectiva. La movilización culminará en el Edificio del Plata, señalado por la Coordinadora como un emblema de la entrega de bienes públicos al capital financiero. El edificio fue adquirido por Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y principal accionista del Banco Hipotecario, beneficiado además por el Plan de Revitalización del Microcentro.
Según la Coordinadora, este proceso habilita que las viviendas públicas terminen destinadas al alquiler temporario, turístico o de lujo, profundizando la crisis habitacional.
Reclamos y propuestas
La Defensoría del Pueblo y el MPD solicitan al Gobierno porteño la creación de un espacio de articulación interinstitucional para monitorear los procesos de desalojo y la elaboración de un protocolo único, integral y normativamente aprobado que garantice derechos y establezca parámetros uniformes.
La Coordinadora, por su parte, convoca a sumarse a la lucha bajo las consignas: “Basta de desalojos / Fuera Guardia de Auxilio y Policía de nuestros barrios / Ni unx muertx más por falta de vivienda / Inmueble del Estado, inmueble del pueblo / Por vivienda, tierra y hábitat para todxs”.