Desigualdad y emergencia como modelo del ajuste
por Proyectar Ciudad
La Ciudad de Buenos Aires tiene un PBI que sólo se compara con el de los países más desarrollados y prósperos del mundo. Supera ampliamente al resto de los distritos de la Argentina y dispone de un presupuesto de aproximadamente $110 mil pesos por ciudadano porteño.
Venimos sosteniendo que no se trata de la cantidad, sino del destino que se le da a esos recursos. En lo que va del año, Horacio Rodríguez Larreta le recortó 2400 millones al presupuesto para las villas. La subejecución está a la orden del día y pareciera que la pandemia sirve de excusa para desviar el foco de las políticas públicas que el Jefe de Gobierno se niega a realizar.
Mientras tanto, las residencias de adultos mayores, donde se concentra la población más vulnerable y con mayor índice de letalidad respecto al Covid-19, concentran contagios, desalojos y desidia.
La educación no se queda atrás, las brechas de acceso a la tecnología son determinantes en la continuidad pedagógica en tiempos remotos. Urge revertir el abandono e instrumentar medidas y políticas que generen más equidad y propendan a la educación de calidad para los niños y niñas de la Ciudad.
La emergencia como excusa del ajuste
Desde hace varias semanas venimos señalando que la pandemia vino a poner en evidencia las desigualdades que se viven en el distrito más rico del país. Muchos barrios viven en emergencia alimentaria, sin acceso al agua potable y con serias dificultades de vivienda.
Mientras Horacio Rodríguez Larreta extiende la emergencia hasta el 31 de agosto, aprovecha la vigencia de sus súper poderes para continuar quitándole recursos a quienes más lo necesitan. Pues, en el plazo transcurrido del 2020, ya se le han quitado 2400 millones de pesos de presupuesto a la política social para las y los vecinos que vive en las villas de la Ciudad.
Sólo en el primer trimestre de este año, se ejecutó un 10% del presupuesto (ya ajustado). Es decir, los miles de millones que deberían usarse para urbanizar los barrios más carenciados, fueron sub-ejecutados y redirigidos, por ejemplo, para contratar servicios de consultoría, tan afines a la gestión macrista.
Los fondos destinados a bienes y servicios indispensables cobran mayor trascendencia si tenemos en cuenta que de los 16 mil casos de coronavirus confirmados en la Ciudad, más de 6 mil se concentran en las villas y el propio gobierno local ha dejado sin agua a gran cantidad de gente en los momentos más críticos, cuando más se necesitaba para higiene y prevención.
Desidia, desprotección y medidas tardía para adultos mayores
Los pacientes graves de coronavirus crecieron un 40% en la Ciudad en las últimas dos semanas y si nos referimos a vulnerabilidad, debemos hablar de adultos mayores. Mientras la tasa de letalidad en los menores de 60 años, es del 0.48%, en los mayores de 60 alcanza el 12.28%.
En la actualidad, existen 483 residencias para mayores en la Ciudad de Buenos Aires. Junto con las villas y los paradores para las personas en situación de calle, los geriátricos concentran uno de los principales focos de contagio.
Se trata, nada menos, de una población que de por sí está en riesgo y la vida en estos establecimientos hoy en día agrava el panorama, en lugar de contener y reducir el riesgo. Los contagios de Covid allí, ya contabilizan 77 muertes.
Pese a que la OMS advirtió a finales de abril que más de la mitad de las muertes por coronavirus en Europa eran personas que vivían en residencias para mayores, el Gobierno de la Ciudad dispuso recién el 12 de junio, es decir, casi tres meses luego del comienzo del confinamiento, el testeo a la totalidad de los trabajadores en geriátricos.
El retraso de esta medida muestra sus consecuencias en los hechos de los últimos días: un geriátrico en Flores tuvo 49 de sus 52 residentes contagiados de Covid-19, junto con nueve trabajadores. También en Villa Urquiza debieron aislar a 27 residentes de un geriátrico por el contagio de una trabajadora.
Por la gravedad de la situación, la oposición impulsó un pedido de informes que obliga al Ejecutivo a brindar detalles de los casos positivos de coronavirus en geriátricos de la Ciudad. Esperemos que los 30 días con los que cuenta el Ejecutivo de la Ciudad sirvan para dar respuesta a legisladores y a los adultos mayores que viven en los geriátricos que merecen medidas preventivas para reducir el riesgo que tienen.
El derecho a la conectividad
Barrios vulnerables, adultos mayores y jóvenes completan un panorama alarmante. Las políticas educativas continúan siendo deficitarias, particularmente en un contexto de crisis en la que miles de familias no tienen ingresos y no tienen la oportunidad de trabajar para adquirir alimentos. La gestión de Juntos por el Cambio, se ha centrado en recortar los presupuestos de las escuelas públicas y los comedores escolares.
La pandemia trajo nuevas problemáticas, mientras el gobierno analiza un protocolo para volver a clases a través del modelo israelí, sigue sin estar garantizado el acceso a la conectividad y los dispositivos tecnológicos para docentes, alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la cuarentena, sin estas herramientas, no fue posible tener una continuidad pedagógica, por ello legisladoras y legisladores del Frente de Todos presentaron un proyecto para que se amplíe la cobertura del servicio técnico para los dispositivos tecnológicos entregados en el marco del “Plan Sarmiento”.
Es deber del Estado garantizar la equidad educativa, sobre todo frente a una emergencia social, económica y sanitaria, porque el acceso desigual a la tecnología potencia otras desigualdades. A nivel nacional se dispusieron partidas especiales destinadas al Fondo del Servicio Universal para incrementar la conectividad de los barrios populares afectados. Es fundamental que el Gobierno de la Ciudad instrumente medidas similares para llegar a más chicos y chicas con los contenidos educativos.
Es la policía del ajuste
No se trata sólo de desproteger a quienes más lo necesitan, también hay una lógica de ajuste, desidia y abandono en el modelo de Juntos por el Cambio. Desde el 2007 rige un esquema de negocios, en nombre de los recortes a las partidas de educación, alimentación y salud, entre otras.
Quizás, la lógica liberal diría que Rodríguez Larreta reproduce un modelo de ahorro fiscal. Pero sabemos que no se trata de déficit o excesivo cuidado de las cuentas públicas. Los recursos están, las herramientas también. Las alertas saltaron cuando las villas se quedaron sin agua en plena pandemia, las organizaciones sociales avisaron que representaba una bomba de tiempo.
Las advertencias se repitieron cuando aparecieron casos en los geriátricos. El festival de cautelares en la justicia también avisa. El ajuste en salud, en educación, en comedores, en paradores, es parte de esta política que lleva como bandera el crecimiento de la desigualdad.
Seguiremos insistiendo, si hay un lugar que cuenta con recursos para generar más derechos y más igualdad, es la Ciudad de Buenos Aires.